Movimientos Urbanos En Venzuela

Análisis.

Deterioro y privatización de los servicios públicos.

El deterioro de los servicios públicos en Venezuela es un hecho notorio.

Desde hace mucho tiempo se anunciaba la crisis del sector eléctrico y hemos visto como la infraestructura eléctrica se ha deteriorado en Venezuela y tanto negocios como familias se han perjudicado con esta situación, al tener un servicio eléctrico deficiente.

De forma más reciente vemos como el servicio del agua ha desmejorado al punto de estar contaminada en ciertas zonas del pais y las autoridades en vez de asumir una postura responsable, lo que hacen es mentir de forma sistemática a la población y acusar a los medios de los problemas que tienen los servicios públicos.

Sé que son odiosas las comparaciones pero es importante entender que no podemos aceptar servicios públicos deficientes como algo normal.

Recientemente, hubo un problema en la localidad en la que trabajo acá en Florida con una empresa de construcción que accidentalmente rompió una tubería de agua y el servicio se vio afectado por unas horas.

Durante ese tiempo la ciudad comunico la falla a través de los medios de comunicación y se apresuraron en los trabajos para restablecer el servicio.

Eso ocurrió un jueves en la tarde y hubo una recomendación de hervir el agua y no consumirla hasta el domingo. Los negocios de comida en la zona actuaron de forma responsable y solo ofrecieron bebidas que venían ya envasadas. De hecho, algunos negocios como Yard Mouse, (Restaurante/Bar) cerraron sus puertas el día viernes asumiendo el costo financiero de dicha decisión para salvaguardar a sus clientes.

Esta es la manera correcta de actuar; tanto las autoridades como los negocios deben de ser responsables y eso es justamente lo que debemos buscar en Venezuela. Las autoridades deben de responder por sus actos y quienes no hagan su trabajo deben ser reemplazados por otros que sean más capaces.

Muchos dirán que en este caso que comento tanto la ciudad como los negocios actúan de esa forma para evitar demandas legales; es cierto, pero eso demuestra que el sistema te obliga a ser responsable y si no lo eres pagaras las consecuencias de tus actos.

Mientras tanto en Venezuela tenemos a un ministro-payaso del régimen que dice que él toma agua de chorro en su casa. Es hora de cambio. No es normal tener servicios públicos deficientes ni vivir en toque de queda permanente por la inseguridad.

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Los servicios públicos de alumbrado, recolección de basura y conservación de parques y jardines han sido prestados hasta ahora, de manera gratuita de parte de los ayuntamientos locales. Sin embargo, debido a los problemas financieros que enfrenta actualmente el presupuesto municipal existe la intención de establecer un cobro a la ciudadanía por dichos servicios. Ello provoca opiniones a favor por parte de quienes entienden que cada vez son más las necesidades que hay que atender y menos los recursos con los que se cuenta. Pero también provoca opiniones en contra de parte de quienes consideran que no es posible seguir repercutiendo sobre la población el peso de la crisis.

Todo esto hace reflexionar acerca de las causas que nos ha traído hasta esta situación.

Aparentemente la recesión económica que vivimos es el origen del problema. El hecho de que la dinámica del crecimiento de la economía sea menor a la dinámica del crecimiento de las necesidades sociales... ha conducido a la búsqueda de nuevas formas para financiar la satisfacción de dichas necesidades.

Más allá de esta explicación simplista existen razones de mucho más peso que permiten entender la complejidad del problema.

El retiro gradual y sostenido del Estado de las actividades económicas. Las restricciones presupuestales que el mismo se ha impuesto para cumplir con fines estrictamente financieros, manifiestan la búsqueda de un sentido de racionalidad económica. Carente, por completo, de un sentido de racionalidad social.

Y ello no es sino producto de la nueva concepción de lo que debe ser y cómo debe conducirse el desarrollo económico del país. se abre paso y se instala la Teoría de la Modernidad en un país premoderno. Donde todo debe tener su justo precio. Donde el estado de Bienestar es acusado de Estado paternalista y agobiado por ineficiencia se desplaza antes que intentar eficientarlo. Porque en esta nueva concepción el cálculo económico no influye los costos sociales. La sociedad tiene que pagar ahora, lo que antes recibía con un justo derecho por sus contribuciones tributarias.

Cada vez queremos parecernos más, como país, a algo que no somos. La modernización equivoca el esquema. Vamos en pos de un modelo de desarrollo ajeno a nuestra realidad. La racionalidad económica exige cobrar el precio justo de los satisfactores básicos a una población empobrecida que no puede pagarlo. Costos de primera para salarios de tercer mundo. Racionalidad unilateral, modernización a medias. La ley del embudo.

Parece que se olvida que los ciudadanos pagan con sus impuestos los servicios que el Estado debe proporcionar. Parece que se olvida que la creación de empresas públicas es un instrumento fundamental para completar los ingresos públicos, que permiten atender las necesidades sociales.

Vivimos en una sociedad de subconsumo, donde el salario es apenas suficiente para satisfacer las necesidades más apremiantes. Donde, por ende, la obligación del Estado debe ser, complementar al consumo con servicios gratuitos, (a través del gasto público) esa parte que el ingreso de la población no alcanza a realizar.

Si el estado debe volverse eficiente no debe ser a costa de evadir su responsabilidad de cumplir con, los objetivos de elevar el nivel de bienestar de la población.

Si el estado de bienestar se convierte en Estado derrochador no ha sido porque haya satisfecho en exceso las necesidades sociales. Antes bien, el derroche mismo provocó rezagos sociales que no deberían de existir.

Un balance adecuado de las finanzas públicas no puede convertirse en razón de Estado, para dejar a la población inerme ante el frío e injusto accionar de las fuerzas del mercado.

Quizá si fuéramos un país desarrollado, con un alto poder adquisitivo y la mayor parte de las necesidades básicas satisfechas se justificaría el retiro del Estado de la esfera de sus responsabilidades. Pero incluso en Suecia, un país de los más desarrollados en el mundo, el Esta juega un papel fundamental en la prestación de servicios públicos gratuitos para la población.

¿Cómo pretender en un país donde la mitad de la población vive en condiciones de pobreza, cancelar los subsidios, obligar a la población a pagar un alto costo de la vida sólo porque así lo exige la modernidad? ¿Cómo hacerlo cuando ni siquiera se brindan las condiciones necesarias para que esa población salga de la pobreza?

Es necesario adecuar el concepto de modernidad y desarrollo a la realidad del país que vivimos. Es necesario también, plantear el papel del Estado en función a las necesidades de la sociedad. No es posible imponer una racionalidad económica ajena a una racionalidad social. Tampoco es posible imponer una estructura económica desfasada y sin correspondencia absoluta con la estructura social.

Si se espera que la sociedad contribuya a financiar el desarrollo debe dársele la seguridad de que dispondrá de los medios necesarios para participar. Para no depender del Estado, necesitamos mejorar el salario, elevar el nivel de bienestar. Si hemos de pagar un precio elevado por los bienes que consumimos, si hemos de pagar por los servicios públicos que hasta hoy recibimos gratuitamente, debemos necesariamente tener la seguridad de un empleo bien remunerado, acorde con el costo de la vida. En un país de pobres no podemos pagar como si fuéramos ricos. El Estado debe asumir sus responsabilidades.

Invasiones y anarquía urbana deterioran servicios públicos

La anarquía urbanística y las invasiones de terrenos públicos y privados utilizados para construir edificaciones rudimentarias que tardan en muchos casos hasta varias décadas en consolidarse, contribuyen con el deterioro de los servicios públicos adecuados.

La aseveración la hizo el presidente de la Comisión de Servicios Públicos de la Asamblea Nacional, Andel Landaeta, durante un foro organizado por la Defensoría del Pueblo, que se celebró en la sede de ese organismo.

Señaló que 'tenemos una crisis de los servicios públicos domiciliarios desde hace 300 años, la cual se ha ido incrementando en la medida que crece la población de manera aritmética, tales como agua, electricidad, transporte, entre otros.

La población aumenta y las personas gastan tres veces más en agua, electricidad o gas que un ciudadano de hace veinte años, independientemente de que haya nuevas tecnologías electrónicas que inducen ese exceso, manifestó..

A modo de ejemplo, mencionó que en los años 90, el 60% de la población vivía en ranchos o viviendas inadecuadas donde no existían los servicios públicos básicos. Sin embargo, esa cantidad se ha incrementado hoy en día hasta un 70% de personas que viven con deficiencia en los servicios públicos.

Landaeta considera que esta responsabilidad es compartida entre los gobiernos regionales y municipales que permiten las invasiones y las construcciones sin factibilidad.

Admitió que, desde el punto de vista legal, hay organismos o instituciones que siguen construyendo sin estudio de factibilidad de los servicios públicos y por esa razón las invasiones

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