Narcotrafico En America Latina

Con 25 millones de consumidores entre EE UU y Europa, la lucha contra el narcotráfico reclama una responsabilidad compartida con Latinoamérica. Los cárteles mexicanos han establecido bases en Centroamérica, los países andinos, EE UU, Europa y África Occidental. En la XX Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en junio de 1998, la comunidad internacional expresó su preocupación por el "problema global de las drogas". Las drogas ilícitas se calificaron como "una grave amenaza para la salud y el bienestar de la humanidad, la independencia de los Estados, la democracia, la estabilidad de las naciones, la estructura de todas las sociedades y la dignidad y esperanza de millones de personas y sus familias". Con el fin de contrarrestar esta amenaza, la Asamblea General se propuso erradicar, o al menos disminuir de manera sustancial, tanto la producción y el consumo de sustancias psicotrópicas como su tráfico ilícito durante la siguiente década. Se acordó llevar a cabo en 2003 un primer análisis del progreso alcanzado, que se complementaría en 2008 con una evaluación exhaustiva. Ante la situación actual, esta evaluación no debe llevar sólo a algunos ajustes en las existentes estrategias antidroga, se requiere un verdadero cambio de política y una modificación sustancial del régimen internacional de control de drogas. Las metas de 1998 no se han alcanzado y el frágil consenso político, articulado entonces bajo el liderazgo de Estados Unidos, se ha debilitado aún más o incluso se ha esfumado como consecuencia de la evidente falta de resultados. En general, las medidas adoptadas en la década pasada no sólo no han contribuido a atenuar las amenazas identificadas, sino que han contribuido a fomentarlas. En vez de reducirse, durante los últimos años ha aumentado tanto el volumen de cocaína producida en Colombia, Perú y Bolivia como su consumo en Europa y en varios países de Latinoamérica. Además, en EE UU la demanda continúa alta y las políticas de erradicación forzada de cultivos de coca en la región andina no han logrado resultados convincentes. Al contrario, están causando daños sociales y políticos considerables, obstruyendo la creación de un nuevo consenso internacional sobre políticas antinarcóticos más eficaces y menos nocivas. Los esfuerzos de desmantelamiento de los grupos y carteles transnacionales del narcotráfico -cada vez más sofisticados y resistentes a las medidas de interdicción y aplicación coercitiva de la ley- también se muestran insuficientes. La declaración política de 1998 resalta que los productores y consumidores tienen una "responsabilidad común y compartida" para hacer frente al problema global de las drogas y, por tanto, es necesario un "enfoque integral y equilibrado". A pesar de que durante los últimos 10 años los responsables políticos y los líderes de opinión en todo el mundo han invocado una y otra vez el concepto de "responsabilidad compartida", a día de hoy es una formula vacía, poco operacional y carente de contenido político. En efecto, la ausencia de resultados de las políticas antidroga se debe en buena parte a que las intervenciones en los países productores y consumidores

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