PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN EN TIEMPO DE COVID-19

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN EN TIEMPO DE COVID-19

Colombia ha sido uno de los primeros países en responder ante la crisis sanitaria mundial con la que se ha enfrentado en este primer trimestre del año en curso, gracias a estrategias como el aislamiento obligatorio provocando así el cese de actividades económicas de un gran porcentaje de la población del país y afectando a corto o mediano plazo la calidad de vida de sus habitantes; por ello en este texto conoceremos el Presupuesto General de la Nación, quien lo expide, quien lo aprueba y se tocara de manera general como este fue afectado por la pandemia que sufre el país por estos días. Como cualquier país, Colombia requiere de recursos para ejecutar las actividades que al comprender gasto o inversión pública requieren de financiación del gobierno nacional para llevar acabo sus actividades; por lo cual cada año se realiza una planeación nacional de Presupuesto, donde cada ministerio por medio de cada ente territorial recoge y agrupa los datos que permitan establecer un presupuesto básico que muestre y alcance a cubrir las necesidades de cada ministerio.

Esta información la recauda, informa y plasma la Dirección de Presupuesto Público Nacional, ente que hace parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; a su vez el Presupuesto Nacional al estar terminado se expone ante el Congreso y el Senado quienes son los encargados de aprobar o no el Presupuesto Nacional.

Para el año 2020, el Presupuesto General de la Nación aprobado fue de $271,7 billones de pesos representado así un aumento del 9% con respecto al establecido para el año 2019; este se distribuyo de la siguiente manera: para educación se establecieron 44,2 billones; para pensiones el monto fue de 42,7 billones, la defensa y policía un total de 35,3 billones; salud y protección social un valor de31,8 billones; el trabajo un monto de 31,5 billones; Hacienda por el valor de  15,7 billones; para inclusión social el valor de 12,7 billones; transporte la suma de 9,1 billones; y finalmente para la rama judicial, el valor de 4,9 billones.

Además, es importante tener en cuenta que para la ejecución de este presupuesto el gobierno requiere de financiación de sus propios recursos, créditos internos y externos; por ejemplo, en el mercado de valores se ofertan los TES, los cuales son bonos del tesoro que el estado emite para obtener recursos y financiar sus actividades dando una retribución a quien realiza la compra de este.

Para el manejo de este dinero requiere de que otro ente realice la respectiva vigilancia de la asignación adecuada para cubrir los gastos, por ende, se lleva a cabo un control fiscal ejercido por la Controlaría General de la Nación, la cual se encarga de vigilar la gestión y administración de los recursos de la nación ejecutados por particulares.

El Presupuesto Nacional puede recurrir a modificaciones generales como lo establece el capítulo 2, Articulo 14, de la ley 1940 de 2018; donde se establece: “Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.

Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos, se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios, gravámenes a los movimientos financieros y gastos de nacionalización”

En términos generales, bajo las condiciones estipuladas en el articulo anterior se realizan las modificaciones correspondientes en el presupuesto, normalmente se realizan adiciones, traslados o reducciones según las necesidades a cubrir y a su vez afectan la disponibilidad de recursos de otras cuentas; por ejemplo, como se mencionó al inicio, Colombia en la actualidad esta enfrentando una emergencia sanitaria que requiere de inversión en educación desde la virtualidad, apoyo económico para las familias que tienen un empleo informal, cuya cifra representa en el país un gran porcentaje y finalmente en el sector salud, donde se requieren instrumentos y ampliación de la capacidad de atención a la población vulnerable al virus.

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