Principios del Procedimiento administrativo

Principios del Procedimiento administrativo

a) Principio de legalidad: Este principio determina que la actuación de la administración

deba realizarse de acuerdo al bloque de legalidad, esto es, conforme al ordenamiento

jurídico argentino compuesto por la constitución, los tratados, las leyes, los reglamentos y

los principios generales del derecho, entre otros.

Establece que el estado solo podrá hacer aquello que le manda la ley y los ciudadanos no

estarán obligados a hacer aquello que la ley no manda, ni privados de lo que ella no

prohíbe.

Está contemplado en el artículo 18 de la Constitución Nacional.

En razón de este principio, la actividad de la Administración debe ceñirse a un

ordenamiento jurídico rigurosamente jerarquizado.

Esto como consecuencia de lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Nacional, en

donde se hace referencia a la pirámide normativa, por la cual, una norma de menor

jerarquía no puede derogar a otra de mayor jerarquía.

b) Principio de oficialidad o de impulsión e instrucción de oficio: si bien el

procedimiento administrativo puede ser iniciado de oficio o a petición de parte interesada,

quien debe dirigirlo es la propia administración, ordenando el cumplimiento de todas las

diligencias necesarias a fin de resolver la cuestión que se somete a su decisión, con el

propósito de encontrar la verdad y una justa resolución del asunto.

No obstante, lo antes señalado no es óbice para que los administrados participen

activamente en el procedimiento coadyuvando a la administración en la búsqueda de la

verdad objetiva.

c) Debido proceso adjetivo. Este principio se relaciona con la garantía de defensa en

juicio y contiene una serie de formas procesales cuyo fin es proteger el bien común sin

violar intereses de los particulares:

d) Principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites: a fin de que los

mismos se efectúen en el menor tiempo posible, con ahorro de tiempo, dinero y trabajo.

El Dr. Julio Rodolfo Comadira, indica que, si todas las directivas relacionadas con este

principio pudieran resumirse en una, ella sería la de la “racionalidad” en el empleo del

tiempo, de los medios y en la configuración de las formas, mientras el profesor Agustín

Gordillo, al referirse al principio en estudio, dice que: “Ello significa que deben evitarse

complicados, costosos o lentos trámites administrativos burocráticos que dificulten el

desenvolvimiento del expediente”.

Concomitantemente con ello, la ley de procedimientos administrativos, faculta al Poder

Ejecutivo para regular el régimen disciplinario que asegure el decoro y el orden procesal,

que comprende la potestad de aplicar multas mediante resoluciones que, al quedar

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