REGLAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE JURISDICCON VOLUNTARIA

Reglas particulares que refiere el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para el procedimiento de jurisdicción voluntaria, cuando se trate de autorización para vender y gravar bienes, y transigir derechos de menores, incapacitados y ausentes.

A través de este procedimiento, quienes ejercen la patria potestad o la tutela pueden obtener la autorización judicial necesaria para vender o gravar determinados bienes pertenecientes a los menores o a los incapacitados, o transigir sobre sus derechos. En la petición, los solicitantes deben expresar el motivo de la enajenación o el gravamen, así como el objeto al cual debe aplicarse la suma que se obtenga; en el procedimiento deberán acreditar "la absoluta necesidad o la evidente utilidad" de la enajenación o el gravamen. El procedimiento se reduce a la solicitud y a un incidente en el cual se da participación al Ministerio Público y a un tutor especial nombrado para tal objeto por el juez (si la solicitud proviene de quienes ejercen la patria potestad) o al curador (si es del tutor). La resolución definitiva que el juez dicte es apelable en ambos erectos (suspensivo)

Quienes ejercen la patria potestad necesitan la mencionada autorización judicial para: a) vender o gravar bienes inmuebles de los hijos o consentir la extinción de sus derechos reales, y b) vender los muebles preciosos de estos (art. 920). Los tutores requieren autorización judicial: para realizar los actos anteriores y. además, para: a) vender inmuebles y derechos reales sobre ellos; b) vender alhajas; c) vender acciones de sociedades mercantiles cuyo valor exceda de cinco mil pesos; d) transigir sobre tos derechos de los incapacitados; e) celebrar contratos de arrendamiento por más de cinco años sobre bienes de los incapacitados, y f) recibir dinero prestado en nombre del menor o del incapacitado (arts. 915 y 922). La solicitud del tutor para vender bienes inmuebles debe contener, además, "las bases del remate en cuanto a la cantidad que deba darse de contado, el plazo interés y garantías del remanente" (art. 916).

La autorización para vender bienes inmuebles permite su enajenación sólo a través del procedimiento de remate previsto en el CPCDF con la variante de que en é\ no podrá admitirse postura menor de las dos terceras partes del avalúo, y sólo si en la primera almoneda no se presentan postores, el solicitante, el curador o el consejo de tutelas podrán pedir la realización de una junta para decidir si deben modificarse o no las bases del remate (art. 917).

El juez puede autorizar la venta de las alhajas y de tos muebles preciosos por medio de corredor o casa de comercio, en los términos previstos para las enajenaciones de muebles en la vía de apremio o por conducto del Monte de Piedad (art 917). Por último, la venta de acciones deberá hacerse a un precio no inferior al de su cotización en la plaza el día de la venta y por medio de corredor titulado o, en su defecto, de "comercio establecido y acreditado" (art 918).

El mismo procedimiento de autorización judicial deberán seguir los interesados para la enajenación y el gravamen de bienes, la transacción de derechos y el arrendamiento, por más de cinco años, de bienes de los ausentes

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