Título primero reglas generales para el procedimiento penal

Cateo:

Código federal de procedimientos penales

Título primero reglas generales para el procedimiento penal

Capítulo vii cateos

artículo 61.- cuando en la averiguación previa el ministerio publico estime necesaria la práctica de un cateo, acudirá a la autoridad judicial competente, o si no la hubiere a la del orden común, a solicitar por cualquier medio la diligencia, dejando constancia de dicha solicitud, expresando su objeto y necesidad, así como la ubicación del lugar a inspeccionar y persona o personas que han de localizarse o de aprehenderse, y los objetos que se buscan o han de asegurarse a lo que únicamente debe limitarse la diligencia.

Al inicio de la diligencia el ministerio público designara a los servidores públicos que le auxiliaran en la práctica de la misma.

Al concluir el cateo se levantara acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia; los servidores públicos designados por el ministerio público para auxiliarle en la práctica de la diligencia no podrán fungir como testigos de la misma.

Cuando no se cumplan estos requisitos, la diligencia carecerá de todo valor probatorio, sin que sirva de excusa el consentimiento de los ocupantes del lugar.

La petición de orden de cateo deberá ser resuelta por la autoridad judicial de manera inmediata, en un plazo que no exceda de las veinticuatro horas siguientes a que la haya recibido. Si dentro del plazo señalado el juez no resuelve sobre el pedimento de cateo, el ministerio publico podrá recurrir al superior jerárquico para que este resuelva en un plazo igual

Arraigo:

La definición del arraigo –para su constitucionalidad y convencionalidad debe excluir en forma absoluta la idea consistente en que su objeto es “primero detener a la persona para después investigarla”. El arraigo debe entenderse como una medida cautelar dirigida a restringir la libertad de una persona cuando, entre otros requisitos, existe una investigación que reporta indicios razonables sobre su participación en la comisión de un delito grave o de delincuencia organizada; cuando es necesaria la restricción contemplada, pero por circunstancias excepcionales resulta imposible aplicar una de las figuras ordinarias contempladas en la Carta Magna, para realizar una detención. En ese orden de ideas, del propio concepto de arraigo se desprenden ya tres condiciones esenciales del arraigo en materia penal: la existencia del delito grave o de delincuencia organizada; una investigación e indicios razonables sobre la participación del sujeto en la comisión del ilícito. Sin esas tres condiciones esenciales el arraigo se ubicaría como una figura propia de los sistemas autoritarios y antidemocráticos, puesto que en un Estado de Derecho resulta inconcebible la posibilidad de privar de la libertad a personas en cuya contra, a esas alturas, no existen elementos que hagan probable su participación en algún ilícito.

Por otro lado, es preciso recordar que nuestra Carta Magna ya contempla una serie de figuras ordinarias que permiten la detención de una persona (los casos de delito flagrante, caso urgente y por orden judicial de aprehensión). El arraigo en tanto medida precautoria excepcional no puede sustituir dichas figuras ordinarias, sino que se debe interpretar de manera complementaria como medida aplicable cuando se encuentren cumplidos los requisitos constitucionales e internacionales para privar de la libertad a una persona, pero por circunstancias excepcionales las figuras ordinarias de flagrancia, urgencia u orden judicial no puedan aplicarse, situación que por definición será de una temporalidad estrictamente limitada. Tomando en cuenta los amplios alcances de las figuras ordinarias, podemos concluir que en la gran mayoría, si no la totalidad de los casos, serán suficientes éstas para posibilitar la detención.

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