Reflexiones, análisis y propuestas para el municipio de Mérida

Participación Ciudadana, Transparencia y Democracia

Reflexiones, análisis y propuestas para el municipio de Mérida.

“Aumentar la participación

implica redistribuir el poder”

-Sherry Arnstein.

No es extraño observar en la narrativa política contemporánea que las instituciones, representantes e incluso medios de comunicación reducen la participación ciudadana, y la democracia misma, a las jornadas electorales que se celebran cada tres y seis años. Sin embargo, en un sentido más amplio la democracia consiste en un método de formación de decisiones colectivas basadas en el conjunto de reglas atribuidas a la mayoría de los miembros de la sociedad. En otras palabras, la democracia es el poder de la ciudadanía –ejercido directamente o a través de representantes– de asumir decisiones.^[1]

        Así las cosas, la participación ciudadana constituye el núcleo de la democracia pues implica la facultad de la ciudadanía de incidir en la implementación de políticas públicas o de (re)definir el contrato social, es decir, de decidir el qué, cómo y cuándo de los asuntos públicos. Partiendo de esta base es posible concluir que la falta de participación ciudadana debilita la vitalidad de la democracia a la vez que fragmenta el contrato social.

        Lo anterior es así debido a que la falta de participación ciudadana aparta a la ciudadanía de la toma de decisiones, impidiéndole formar parte de los asuntos que le afectan, en tanto miembro de la sociedad. En este orden de ideas, el reto frente a nosotros consiste en la reconstrucción del Estado de Derecho, lo que puede ser logrado identificando las causas de su deterioro y diseñando mecanismos que permitan revitalizar la legitimidad del contrato social.

        Sin lugar a dudas, una de las causas de la escasa participación ciudadana y que redunda en la descomposición del contrato social, es la apatía política como muestra del descontento social ante la corrupción y la falta de resultados, debido a que ante la percepción de que los impuestos son malversados o derrochados para satisfacer intereses personales, dejando a un lado los servicios públicos y las necesidades colectivas, los defraudados contribuyentes optan por la informalidad o la evasión fiscal, formando un círculo vicioso que deteriora el Estado de Derecho.

         A su vez, una de las causas que favorecen la corrupción es el desconocimiento de la ciudadanía de la forma en la que los gobernantes ejercen el gasto público, este fenómeno político y social es conocido como “asimetría de la información”.^[2] Sin conocimiento de la forma en la que los funcionarios desempeñan su encargo no es posible reprocharles política y socialmente, es aquí donde el derecho humano de acceso a la información o “derecho a saber”^[3] se erige como baluarte de la democracia y como una condición necesaria para la rendición de cuentas.

        El derecho de acceso a la información está íntimamente ligado con la libertad de expresión, tal y como lo ha entendido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta libertad se analiza en dos dimensiones, la individual que asegura cualquier medio idóneo para difundir el pensamiento y llevarlo a los demás, y la dimensión social, que implica el derecho de los receptores potenciales a recibir el mensaje, cada una de estas dimensiones adquiere sentido en función de la otra.^[4] 

         A mayor abundamiento, la Corte Interamericana sostiene que “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.”^[5]

Cabe señalar que en este aspecto el rol de los medios de comunicación^[6] juega un papel fundamental en la consolidación democrática, ya que su función conlleva proveer a la ciudadanía con información suficiente para que ésta se encuentre en aptitud de formular sus propias opiniones y decidir en consecuencia sobre los asuntos que les conciernen.^[7]

        Consecuentemente, el derecho de acceso a la información puede ser entendido como un catalizador de la participación ciudadana en tanto que permite contar con recursos para formular propuestas y mantener un control social que permita modificar las condiciones en las que se ejerce el poder.

        No obstante lo anterior, la transparencia y el acceso a la información no son por sí solos mecanismos bastantes para garantizar una participación ciudadana robusta y auténtica que permita incidir efectivamente en la toma de decisiones, sino que es necesario contar con mecanismos institucionales complementarios que materialicen la participación ciudadana. Por esta razón el objetivo del presente ensayo consiste en identificar mecanismos de participación ciudadana efectivos, acudiendo a la experiencia comparada y, posteriormente, analizar los mecanismos existentes en el municipio de Mérida, para generar una propuesta que permita consolidar la participación ciudadana en el municipio de Mérida.

La Participación Ciudadana a nivel municipal importa

El municipio es el primer orden de gobierno, y como tal es el nivel de gobierno más próximo a la ciudadanía, de tal suerte que las interacciones entre el ciudadano y el municipio están presentes día a día, desde la recolección de basura, la pavimentación de calles, el equipamiento de parques y espacios públicos hasta la organización de eventos culturales. Por ende, al verse impactada por la administración municipal de manera tan directa, la ciudadanía tiene importantes alicientes para involucrarse en los asuntos públicos municipales.

        De acuerdo con Ochoa Campos, el Municipio es un efecto de la sociabilidad, como tendencia a institucionalizar las relaciones sociales, se produce como mediata agrupación natural y como inmediata unidad sociopolítica, aglutinada en forma de asociación de vecindad, siendo ésta la forma de agrupación local por excelencia.^[8]

        Considerando estos aspectos, es más fácil para un grupo de vecinos incidir en la esfera política municipal, de lo que sería incidir en la esfera estatal o federal, lo que abre un abanico interesante de posibilidades para fomentar la participación ciudadana a nivel municipal.

Adicionalmente, el municipio en México enfrenta una serie de vicisitudes, como la baja recaudación municipal. De acuerdo con los datos del INEGI para el período 2004 a 2007, solo el 18% de los ingresos tributarios que obtiene el Municipio son generados por éste. Además, los ingresos obtenidos por endeudamientos superaban a los ingresos recaudados por servicios por los ayuntamientos, mientras que los ingresos tributarios municipales alcanzaban a cubrir solo el 53% de la nómina de los trabajadores municipales.^[9]

En la opinión del Ministro Sergio Valls Hernández de lo anterior se aprecia que los municipios no generan sus propios recursos, resultando necesario implementar mecanismos que fortalezcan la hacienda municipal. A decir de este autor, un problema común en las democracias indirectas es que los gobernados no se sienten representados por los gobernantes, al percibir que las decisiones de estos se apartan del sentir de la población. Como resultado de lo anterior, los ciudadanos deciden no contribuir con sus obligaciones fiscales, pues sienten que sus decisiones no son incorporadas en la agenda pública. ^[10]

Es en esta coyuntura en donde cobra especial relevancia la participación ciudadana ya que, como señala el autor en cita, un mecanismo que se ha incorporado a nivel internacional para remediar el problema anterior, es la implementación de presupuestos participativos, en el que los habitantes deciden el destino de un porcentaje del gasto público que corresponde ejercer a una entidad política.^[11]

La experiencia comparada: Presupuestos participativos

Para De Sousa Santos el presupuesto participativo es una estructura y proceso de participación comunitaria basado en tres grandes principios: a) todos los ciudadanos tienen derecho a participar; b) la participación es dirigida por un conjunto de reglas de democracia directa y democracia participativa, y; c) los recursos son distribuidos con un método que combina criterios generales, establecidos por instituciones participativas para definir prioridades y criterios técnicos de viabilidad técnica o económica definida por la autoridad.^[12]

Además, para este tratadista el presupuesto participativo es un proceso de toma de decisiones basado en criterios de justicia redistributiva, discutidos y aprobados por órganos institucionales regulares de participación, en los cuales las clases populares tienen representación mayoritaria, en el que la selección de prioridades se hace mediante un proceso complejo de negociación en reuniones intermedias y asambleas regionales. La objetividad y transparencia de este proceso se reflejan en la puntuación obtenida mediante un sistema de atribución de puntos para jerarquizar prioridades, de manera que esta puntuación se traduzca en una distribución detallada de recursos incluidos en el plan de inversión.^[13] 

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