Reforma Educativa

La reforma educativa es un “retroceso”, afecta a maestros: especialistas en MVS

Luis Hernández Navarro, especialista en temas educativos, y Hugo Aboites, académico de la UAM Xochimilco, rechazaron que a los profesores se les “amenace” con el despido, en lugar de estimularlos para llevar a cabo un proceso de evaluación.

En Noticias MVS, primera emisión, defendieron esta mañana su postura contra la reforma educativa impulsada por el gobierno federal y coincidieron con las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la capital del país.

“Quieren establecer que la autoridad defina de forma vertical cómo va a ser la evaluación”, indicó Hernández.

El primer problema de la reforma educativa, señaló, es que lanza lineamientos, y plantea al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa como autoridad educativa cuando no lo es, pues sólo será autoridad para emitir lineamientos.

Sobre ello, indicó que no hay una definición sobre la coordinación del INEE con los estados, lo cual es “gravísimo”.

Navarro mencionó que se trata de un revés a la descentralización de la educación, además de que la reforma tiene definiciones ininteligibles como “calidad de la educación” que refiere un “máximo logro”, el cual no se especifica.

“La pregunta es ¿vamos a profesionalizar a los profesores amenazándolos?, o les vamos a dar certidumbre, capacitándolos… ellos están apuntando a la precarización del empleo”, dijo.

“Están creando con esta legislación el campo para la simulación, no para que los alumnos aprendan, sino para que los alumnos memoricen, quieren que los alumnos sean seres sumisos… Lo que la CNTE dice es la evaluación tiene que ser un proceso dialógico”, agregó.

Y concluyó: “La ley del servicio profesional docente lleva el reloj 100 años atrás, en lugar de mejorar la educación, la va a empobrecer”.

En tanto, Hugo Aboites comentó que las evaluaciones son “un cerrojo”, “se plantea una evaluación centralizada, única nacional”.

El académico de la UAM consideró que la reforma es un “proyecto persecutorio, hay una cruzada moral en contra de los profesores… a nivel de cruzadas morales lo que se genera es una verdadera lucha de clases”.

Mencionó que en la Ley federal del trabajo ya está establecido la obligación laboral de los maestros; “no somos irresponsables, está firmado que se puede correr a los trabajadores si faltan… que se respete la bilateralidad”.

Ambos expertos comentaron que la reforma no define a qué puestos serán transferidos los docentes si reprueban 3 veces la evaluación, pues sólo indica que se dedicarían “a otras tareas”.

Hugo Aboites refirió que “algunos maestros que han implementado proyectos de educación se sienten amenazados por este modelo propuesto por la OCDE y organismos empresariales”.

Acusó que el PRI llegó al debate con la intención de ser una oficialía de partes pero cuando surgieron argumentos sólidos por parte de la CNTE se inició un buen diálogo donde la clave fue que la selección de los mejores maestros no se debe hacer de manera automática.

Aboites afirmó que una de las propuestas del magisterio es que la evaluación sea multidimensional, ya que no son las mismas condiciones las que se viven en Oaxaca, Guerrero o Michoacán.

En su oportunidad, el periodista Luis Hernández Navarro aseguró que la iniciativa presentada por el Ejecutivo retrocede 100 años en la historia, ya que en los hechos se está aboliendo el artículo 123 constitucional.

“Desde el Pacto por México se ha metido en un país en un problema… lo que se propone es la desaparición de la educación porque busca convertir a los docentes en trabajadores administrativos”, dijo.

¿Qué proponen las leyes reglamentarias de la reforma educativa?

El gobierno federal propone en las leyes secundarias reglamentarias de la reforma educativa dar sólo tres oportunidades a los maestros para ser evaluados y, en caso de no aprobar los niveles de eficiencia, dar por terminado su nombramiento.

En la ley del Servicio Profesional Docente, enviada el martes al Congreso junto con la Ley General de Educación y la Ley para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se advierte que el personal que ya tenga nombramiento definitivo a la entrada en vigor de la reforma deberá ser evaluado y si en tres intentos no alcanza niveles de calidad, no será despedido; será readscrito a otra área o bien podrá inscribirse a los programas de retiro.

El Ejecutivo plantea además una nueva forma para realizar los concursos de oposición entre aspirantes a una plaza, pues quienes resulten elegidos se incorporarán al servicio sujetos a un periodo de inducción con duración de dos años ininterrumpidos; serán evaluados cada año y al final, para determinar si cumplen o no con estándares requeridos. En caso contrario, “se darán por terminados los efectos de su nombramiento”.

Carrera Magisterial desaparece

La reforma plantea sustituir la Carrera Magisterial para que las promociones estén relacionadas con un desempeño destacado y en continuo avance; busca terminar con la asignación discrecional de plazas, pues plantea que corresponderá a las autoridades educativas administrar la asignación de éstas con estricto apego al orden de prelación de quienes resultaron idóneos en los concursos, diseñar programas de reconocimiento y cursos para la formación continua del personal.

Las nuevas formas de ingreso se aplicarían a partir de julio próximo.

La reforma aclara que los resultados de las evaluaciones a maestros no deberán dar lugar a procedimientos de sanción ni tener consecuencias administrativas o laborales.

Las iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, mientras integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloqueban los accesos al Senado.

La Ley General de Educación establece el Sistema de Información y Gestión Educativa que manejará un padrón nacional de alumnos, docentes, instituciones, centros escolares, y llevará el control de documentos académicos. El censo estará a cargo del INEGI.

Además, la ley incluye disposiciones como prohibir cobro de cuotas en educación básica o media superior.

También faculta al Estado a la inspección de los servicios educativos impartidos por escuelas particulares y fortalece

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