Transformaciones Constitucionales

La Propuesta de Cambio Constitucional en Venezuela

4. La aplicación de la Constitución de 1999

En el acápite anterior decíamos que la Constitución de 1999 se mantiene, en general, dentro del marco de un régimen democrático. Pero es indispensable, para los fines de este artículo examinar cómo ha sido su aplicación en términos de esta arista. Hugo Chávez tiene ya más de ocho años gobernando y su ejecución de gobierno comparada con la letra de la Constitución, nos da claves para deducir cómo será el futuro y especialmente en una Constitución que se alejaría estructuralmente de la actual. Examinemos entonces, las características principales que ha tenido el gobierno. Usaremos un concepto desarrollado por Fareed Zakaria, editor internacional de la revista Newsweek, en su libro “The Future of Democracy”, “illiberal democracy (democracia iliberal): El Jefe de Estado, aunque haya sido electo toma rasgos autoritarios y se aleja de los principios básicos de la democracia y del respeto de los derechos humanos. Zacaria reserva el apelativo de “liberalismo constitucional” cuando elección y gobierno bajo los cánones democráticos coinciden.

Es imposible hacer ese análisis sin considerar la personalidad política del Presidente, porque ella influye decisivamente en el tipo de régimen que hemos tenido y que seguiríamos teniendo. Para nadie es un secreto que el Presidente tiene una personalidad autoritaria; para él no hay intermedios entre amigos y enemigos; enemigos son los que disienten de él, aunque sea parcialmente y amigos son los que le obedecen y muestran acuerdo con sus opiniones, sin ningún tipo de disidencia. Los que difieren, o se van o son echados inmisericordemente de su círculo político. Entre numerosos ejemplos de este comportamiento, uno de los más importantes y significativos es su decisión sobre el partido único que lo debe apoyar: el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV). Los que lo respaldan deben incorporarse a ese partido; no se acepta en su redil otros partidos que, aunque coincidiendo con su doctrina, quieran mantener su identidad.

Veamos ahora los rasgos políticos más importantes de la Constitución actual.

Aunque esta Constitución amplió mucho más las atribuciones del Presidente, como el de decidir sobre los ascensos militares sin participación del Congreso, como estaba consagrado en la Constitución de 1961, se mantiene dentro del marco de una democracia representativa con algunos rasgos de mayor participación ciudadana, como en el caso de los referendos, como ya fue indicado en el acápite anterior.

La Constitución de 1999 mantiene la separación de los Poderes, que además de los tradicionales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluye ahora el Poder Ciudadano, constituido por el Fiscal General, el Contralor y el Defensor del Pueblo, y el Poder Electoral. Se establece la alternabilidad de los cargos de elección popular, pudiendo el Presidente ser reelecto inmediatamente sólo por un período de seis años. Se consagra el ejercicio ciudadano de los derechos humanos en toda su integridad, cónsono con los tratados internacionales firmados por la República.

Y cuál ha sido la experiencia de la observancia de la Constitución en este período?

Cuando se recorre el camino histórico de estos ocho años se verifica que la Constitución vigente, propuesta por el propio Chávez, y otras leyes han sido objeto de numerosas violaciones por parte del régimen y personalmente por el Presidente. Comenzó incluso con la violación de la Constitución de 1961 que estaba vigente en 1999, al convocarse y realizarse un referéndum sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente, lo cual quedó aprobado, pero con una abstención de 62,4 por ciento de la población: los referendos no estaban contemplados en la Constitución vigente para ese momento.

Ha habido violaciones de los derechos humanos, por ejemplo, en términos de persecuciones políticas a periodistas, que varias han culminado en cárcel, violando no solamente la Constitución sino Tratados internacionales sobre la materia firmados por la República; en el período del régimen se han abierto sesenta y cuatro expedientes judiciales contra periodistas.

En una manifestación de la oposición en la Avenida Libertador, el grupo opositor y la fuerzas policiales se encontraban a una distancia prudencial y la manifestación no podía pasar de cierto punto. Una manifestante se adelantó, sola, desarmada a dialogar con un grupo policial. Una mujer-policía inició una golpiza salvaje que fue seguida por sus compañeros y lo cual requirió tratamiento por cierto tiempo. Todo ello fue televisado. Ni el fiscal general ni el defensor del pueblo tomaron acción alguna sobre el caso (la noticia crimini se olvidó). El Presidente respaldó esa violación televisada de los derechos humanos, cuando invitó a la susodicha policía a Miraflores, le dio trato de heroína y la condecoró. En contraste, hace poco leía que la “Ombudswoman” (la defensora del pueblo) de la República de Chipre en su informe del 2006 denunciaba 3500 casos de violación de los derechos humanos. Y yo pensaba: si el Defensor del Pueblo venezolano cumpliera con su deber, esa cifra en sus informes estaría multiplicada por lo menos por cinco. La República de Chipre es una democracia avanzada y pacífica, con un bajo índice de criminalidad y pocas de las denuncias realizadas revisten carácter grave. El Presidente ordenó que cada uno de sus Ministros revisara personalmente las denuncias relacionadas con su Ministerio.

No todas las violaciones de los derechos humanos han sido realizadas directamente por el Gobierno, sino por grupos chavistas, que impunemente han golpeado, disparado, destruido bienes de la oposición, y no han faltado los muertos. Tal vez la primera manifestación de ello fue, al inicio de este Gobierno, cuando grupos adeptos al gobierno vejaron y humillaron a Rhona Ottolina, inválida, que se había encadenado como protesta a las puertas del Consejo Electoral. Recordemos también, entre muchos ejemplos, cuando turbas chavistas quemaron en Petare el edificio del partido COPEI y se pudo ver claramente, por un video de un aficionado, cómo motorizados de la DISIP llegaban a la esquina cercana, conversaban con los incendiarios, se iban y después volvían recurrentemente. Una violación muy reciente fue cuando, nada menos que el Tribunal Supremo de Justicia, garante máximo de las leyes, ordenara al Ejecutivo incautar los equipos de RCTV, sin establecer límite de tiempo para esa incautación, en contra de lo establecido expresamente en la ley respectiva.

En la práctica no existe la separación de los Poderes, todos son subalternos del Presidente. El Fiscal General

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