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IMPACTO DEL PROYECTO NACIONAL GUZMAN, GOMEZ, PEREZ JIMENEZ, PACTO PUNTO FIJO EN LA SOCIEDAD VENEZOLANA

LA SOCIEDAD CIVIL VENEZOLANA (1961-2004):

INSTITUCIONALIZACION DE NUEVAS CIUDADANIAS Y

LUCHAS POR LA DEMOCRACIA*

(Borrador)

María Pilar García Guadilla+

I. INTRODUCCION Y OBJETIVOS

Este trabajo parte de la premisa que la denominada sociedad civil venezolana puede ser estudiada desde sus prácticas. Por tanto, el sujeto sociedad civil se definirá empíricamente a lo largo del periodo transcurrido entre la Constitución de 1961 y la de 1999, como el espacio de interacción o articulación con el Estado del conjunto de actores, organizaciones y movimientos sociales que no formaron parte del Pacto constitutivo de la democracia, es decir del Pacto de Punto Fijo (López Maya y col., 1989). La Constitución de 1999 se refiere muy escasamente a la sociedad “civil”; utiliza preferentemente los términos sociedad, sociedad organizada, comunidades, organizaciones sociales y sobre todo “Soberano” quien representa al Sujeto por excelencia de la democracia participativa y protagónica como referente del colectivo social . No obstante, este sujeto social, cualquiera sea su denominación, no es homogéneo ya que ha sufrido cambios en su definición, composición, estrategias e incluso nivel de inclusión en las políticas públicas como consecuencia de las agudas crisis políticas y económicas y las profundas desigualdades sociales.

Uno de los cambios más significativos de la sociedad civil venezolana durante el periodo pre-constituyente que va desde la Constitución de 1961 hasta el Proceso Constituyente de 1999, fue la emergencia de organizaciones sociales ciudadanas que enriquecieron el escenario socio-político con nuevas identidades, concepciones de ciudadanía y proyectos de sociedad. En la década de los ochenta, estas organizaciones y movimientos sociales que denominaremos “sociedad civil organizada” ganaron legitimidad en la esfera pública proponiendo nuevos modos de interrelación con el Estado y convirtiéndose en actores e interlocutores del proceso de descentralización política el cual tenía, entre otros objetivos, la democratización de la democracia. A fines de los noventa, la sociedad civil organizada logró incorporar sus demandas estratégicas y proyectos de sociedad en la Constitución Bolivariana mediante una participación activa en el Proceso Nacional Constituyente (PNC) que institucionalizó la denominada “democracia participativa” incorporando mecanismos de participación que trascienden la democracia representativa y que están mas anclados en las organizaciones sociales que en los partidos políticos tradicionales. De esta forma, la sociedad civil se transformó de actor social en actor sociopolítico y en interlocutora legítima y directa del Estado sin pasar por la mediación de los partidos políticos.

La aprobación de la Constitución Bolivariana en diciembre de 1999 marcó el inicio del periodo post-constituyente. La lucha por la democracia participativa del 2000 al 2004, la cual tiene como marco de referencia la citada constitución y la inclusión de los valores y demandas de la sociedad civil, no solo dividió a la sociedad civil en dos sectores sino que ha enfrentado al Estado con un sector de la sociedad civil organizada (García-Guadilla, 2003, 2003a).

Los supuestos teóricos que derivan principalmente de la tradición teórica neoconservadora y liberal han contrapuesto a la sociedad civil con el Estado tendiendo a considerar a ambos como entes autónomos y a la sociedad civil como el sujeto por excelencia de la participación ciudadana (Restrepo, 1998) y como portadora de valores éticos que están por encima del Estado (Cohen y Arato, 1994). Se considera a la participación ciudadana como un espacio político autónomo que sirve para el fortalecimiento de la propia sociedad y para la transformación del Estado a través de la democratización de la sociedad política. De acuerdo con este enfoque, la sociedad civil se caracteriza por ser pluralista en valores, poli-clasista en términos de las clases sociales que la conforman y portadora de intereses sociales, difusos y colectivos, comunes a toda la sociedad civil sin distingo de clase social u otra categoría (Habermas, 1981; Offe, 1985; Melucci 1985,1988).

Si se aplican las premisas teóricas a los objetivos y estrategias de la sociedad civil latinoamericana, ésta se caracterizaría por estimular los procesos democratizadores y por no desafiar la lógica del sistema democrático, por su participación en conflictos que son la expresión de categorías sociales excluidas que reclaman el acceso a nuevas formas de representación social y de ciudadanía, porque sus reivindicaciones o demandas no tienen un fundamento económica o de clase como lo tenían en el pasado y por el hecho que si bien pueden emplear tácticas de resistencia y perturbación de las instituciones en algún momento, no emplean la violencia plegándose a lo sumo a la desobediencia civil.

En contraste con la caracterización anterior, el pluralismo, la autonomía, el uso de la no violencia y el potencial democratizador que definen normativamente a una sociedad civil “ética” (Habermas, 1999; Cohen y Arato 1994), se han quedado cortos a la hora de explicar empíricamente el complejo fenómeno de la constitución, organización y praxis de este sujeto en sociedades con elevados niveles de pobreza y de desigualdad social como lo es América Latina (Calderón, 1986; Escobar y Alvárez, 1992). Tampoco han sido capaces de interpretar críticamente la cooptación y pérdida de autonomía, la promoción de valores específicos y de clase, y el desarrollo de imaginarios y estrategias de exclusión del “otro”, prácticas frecuentes de la sociedad civil latinoamericana que han acentuado la conflictividad con el Estado (García-Guadilla y col., 2004) .

En Venezuela, la calificación de la sociedad civil ética puede aplicarse para caracterizar a la sociedad civil pre-constituyente y constituyente; sin embargo, no puede aplicarse para describir a la sociedad civil post-constituyente la cual se encuentra altamente “politizada” (Schmitt, 1996) y donde la intolerancia, los antagonismos de clase y la incapacidad para aceptar el otro impiden la construcción de los intereses comunes y de las ciudadanías plurales.

Dentro de este contexto, un primer objetivo del presente trabajo es analizar el proceso de institucionalización de la sociedad civil organizada mediante el estudio de su conformación, consolidación y cambios a lo largo de los siguientes tres periodos que tienen como eje el Proceso Constituyente de 1999, en el cual se institucionalizaron las demandas estratégicas, valores y derechos de la mayor parte de las organizaciones y movimientos sociales que conforman la sociedad civil organizada en Venezuela: 1) el periodo pre-constituyente (1961-1998); 2) el constituyente (1999); y c) el post-constituyente (2000- 2004).

El segundo objetivo es contrastar a lo largo de los periodos anteriores, si las características definitorias de la sociedad civil “ética” tales como la tolerancia, el pluralismo, el poli-clasismo, el reconocimiento del otro, la lógica democrática y la capacidad para construir intereses colectivos comunes, pueden aplicarse a la experiencia venezolana, o si por el contrario, nos encontramos frente a una sociedad civil “politizada” e intolerante que, además de usurpar el papel que les corresponde a los partidos políticos, es incapaz de construir los intereses comunes y colectivos con las consecuencias que ello conlleva en las relaciones con el Estado.

II. CONFORMACION, DESARROLLO, CONSOLIDACION, E INSTITUCIONALIZACION DE LA SOCIEDAD CIVIL

Sociedad civil pre- constituyente (1961-1999): emergencia del actor sociopolítico

Este periodo se inicia con la Constitución de 1961 donde se definieron los modelos de desarrollo y democracia, el marco de derechos y las relaciones de la Sociedad y el Mercado con el Estado . Comprende casi cuatro décadas, los sesenta, setenta, ochenta y noventa que incluyen la etapa de Reforma del Estado donde se sancionaron las leyes descentralizadas que abrieron un espacio a la participación de la sociedad civil en el ámbito de lo político y los intentos de Reforma Constitucional. El periodo concluye en 1999 con la apertura del Proceso Constituyente.

Los sesenta y setenta: de actores sociales a la inclusión en lo público político

La Constitución de 1961 incluyó una definición de democracia sumamente limitada que reconocía los derechos individuales desde una perspectiva liberal y dejaba afuera la participación de la sociedad civil organizada y los valores que trascienden la democracia representativa. No se planteó como objetivos el optimizar los valores asociados a la democracia sino el preservar la estabilidad política fuertemente amenazada por las otras fuerzas políticas y por los militares (Rey, 1989). Tampoco incluyó la participación de la sociedad civil organizada en la construcción de la democracia.

De acuerdo con dicha Constitución, los ciudadanos no tenían la responsabilidad ni el derecho de participar en la orientación de la vida pública y menos aún, en el proceso de toma de decisiones política de la sociedad. Los individuos estaban separados de la esfera pública y el espacio público y la práctica política era una potestad de los partidos políticos ya que estos monopolizaban la intermediación entre los ciudadanos y el Estado. En consecuencia, la posibilidad

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