Carga De La Prueba

La carga de la prueba es el imperativo que pesa sobre cada uno de los litigantes de suministrar el material probatorio al Juez para que éste se forme convicción sobre los hechos controvertidos, máxime, si en nuestro ordenamiento administrativo sustantivo el acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda, como expresamente se ha prescrito en el artículo 9 de la Ley Nº 27444.

La carga de la prueba no implica que la parte sobre la cual recae es quien debe necesariamente ofrecer el medio probatorio, es a ella a quien le interesa hacerlo, pero bien puede ofrecer el medio probatorio la contraparte o eventualmente el Juez, pero si no lo hace quien sufre las consecuencias de esa omisión, es la parte sobre la cual recae la carga de la prueba. Por eso es incorrecto afirmar que la carga de la prueba consiste en determinar quien debe probar cada hecho, pues lo importante es a quien le interesa que determinado hecho esté acreditado. Esta parte debe encargarse de velar porque no falte prueba sobre determinado hecho, no interesa de donde proviene el medio probatorio, sino que esté presente.

Asimismo, la norma contempla que si la actuación administrativa impugnada establece una sanción, la carga de probar los hechos que configuran la infracción, corresponde a la entidad administrativa, ello en aplicación del principio constitucional de la presunción de inocencia del administrado, habiéndose ampliado los supuestos de dicha carga al caso de la imposición de una medida correctiva y cuando por razón de su función o especialidad la entidad administrativa está en mejores condiciones de acreditar los hechos. Esto último deberá apreciarse por el Juzgador en cada caso concreto y preverse, necesariamente, por la Administración al formular su estrategia de defensa frente a la pretensión del administrado, quien se encontrará en una notoria posición de ventaja.

No obstante lo anteriormente expuesto, igual sentido de la carga de la prueba deberá corresponder a la Administración respecto de todo acto administrativo de gravamen, esto es, aquellos que generan un efecto gravoso para el ciudadano, como por ejemplo restricciones de derechos, cancelación o suspensión de derechos, medidas provisionales que sin ser sanciones, debiendo probarse por parte de la administración, los presupuestos fácticos que concurrieron para su adopción.

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