LA ADMINISTRACION

UNIVERSIDAD CATOLICA ULADECH – CHIMBOTE

FACULTAD DE ADMINISTRACION

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION

TEMA:

“LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA”

CURSO:

DERECHO ADMINISTRATIVO

DOCENTE:

JUAN DE DIOS HUANES TOVAR

ALUMNO:

MICHAEL GONZALES CASTILLO

NUEVO CHIMBOTE, 2 DE JULIO DEL 2015

DEDICATORIA

A mi Madre y demás familiares ya que me brindan el apoyo, la alegría y me dan la fortaleza necesaria para seguir adelante.

AGRADECIMIENTO

Al creador de todas las cosas, el que me ha dado fortaleza para continuar cuando a punto de caer he estado; por ello, con toda la humildad que de mi corazón puede emanar, dedico primeramente mi trabajo a Dios.

A mi Madre y demás familiares, a quien les debo toda mi vida, les agradezco el cariño y su comprensión, a ustedes quienes han sabido formarme con buenos sentimientos, hábitos y valores, lo cual me ha ayudado a salir adelante buscando siempre el mejor camino.

INDICE

INTRODUCCIÓN............................................................................................... 5

I.-LA REFORMA JUDICIAL................................................................................... 6

1.1 Propuesta: La voluntad política para una reforma judicial………………..........… 7

1.2 Medidas para lograr la propuesta………………………………………………………….…....8

II.-REFORMA EN LA GESTIÓN............................................................................8

2.1 Propuesta: fallo versus administración …………………………………………………...…..9

2.2 Medidas para lograr la propuesta ………………………………………………………..……...10

III.-INCENTIVOS DE MERCADO EN EL ÁMBITO JUDICIAL......................................10

3.1 Propuesta. Servicio público versus bien privado…………………………………………...11

3.2 Medidas para logra la propuesta…………………………………………………………….…… 11

IV.-CONCLUSIONES...........................................................................................12

V.-REFERENCIA BIBLIOGRAFICA........................................................................13

INTRODUCCIÓN

La administración de justicia requiere de un cambio para solucionar los problemas que tiene y así responder a las necesidades de los usuarios de manera efectiva y rápida, y recuperar el prestigio de los jueces y de la Institución.

En la actualidad hay un tímido reconocimiento de los males que aquejan a la institución judicial. Es cierto que el sistema judicial abarca a personas e instituciones públicas y privadas que no están en el Poder Judicial como son el Ministerio de Justicia, los abogados, las facultades de derecho, los colegios de abogados y los estudiantes de derecho; sin embargo, el Poder Judicial tiene sobre todos ellos un rol vinculante.

Mientras los miembros del Poder Judicial no acepten sin tapujos que hay excesiva demora en los procesos, ineficacia, innecesaria fijación en los asuntos formales de la justicia y corrupción en todos los niveles, poco se puede hacer. Y mientras la ciudadanía y el poder político no asuman la responsabilidad que les corresponde y un compromiso de reforma, todo seguirá igual.

En la práctica se suelen tratar los problemas como casos aislados, anecdóticos y lejanos a la toma de decisiones. No obstante, en lugar de curar los males, esta posición lo único que consigue es alargar la agonía. Mientras los miembros del Poder Judicial no acepten sin tapujos que hay excesiva demora en los procesos, ineficacia, innecesaria fijación en los asuntos formales de la justicia y corrupción en todos los niveles, poco se puede hacer. Y mientras la ciudadanía y el poder político no asuman la responsabilidad que les corresponde y un compromiso de reforma, todo seguirá igual. En la propuesta general se han identificado tres problemas. El primero es el más político, ya que la propuesta para dicha dificultad requiere de un acuerdo nacional. Los otros dos asuntos son más específicos y tienen que ver con la identificación de las labores de los jueces y la falta de reconocimiento

I. LA REFORMA JUDICIAL

Es un pedido de la ciudadanía en general y de los partícipes1 en particular, contar con un Poder Judicial eficaz y eficiente. Así mismo, la mayoría de los peruanos considera que es uno de los Poderes del Estado2 que no cumple con sus funciones. El desprestigio de la Institución judicial y las críticas a quienes lo integran son una realidad (tabla 1). Sin embargo, no es correcto atribuir toda la responsabilidad de esta situación a los actuales integrantes del Poder Judicial. Hay quienes sostienen, con fundamento, que es un mal que nació con nuestra República.

El desprestigio de la Institución judicial y las críticas a quienes lo integran son una realidad. Sin embargo, no es correcto atribuir toda la responsabilidad de esta situación a los actuales integrantes del Poder Judicial.

No debe extrañarnos el interés de cambiar esta situación. Es decir, conseguir que en un estado democrático, el Poder Judicial tenga un rol de protección de la ley y de la paz social. Estos cambios han tomado el nombre de reformas en la administración de justicia. Y si bien en la actualidad, como hemos dicho, el problema persiste, no han sido pocos los intentos de corregir los errores a fin de que haya correspondencia entre la finalidad ideal de este Poder del Estado y la práctica diaria en la administración de justicia. A nuestro entender la primera pregunta que debemos hacer no está referida a si debe haber o no una reforma judicial (al final, como toda institución a cargo de personas, es perfectible); sino, más bien, ¿quién debe estar a cargo de la reforma judicial? Si les pedimos a los jueces3 o fiscales que respondan la pregunta, seguro dirán que la reforma le compete a quienes tienen a su cargo la labor justiciable (es decir, a ellos). Hay sin embargo, quienes se oponen a que se les dé tan importante encargo, básicamente por el temor a que prevalezca un equivocado espíritu de cuerpo e interés particular que impiden una verdadera autocrítica y compromiso con la reforma (es decir, mantener el status quo)

¿Quién debe estar a cargo de la reforma judicial?

A. PODER JUDICIAL

B. PODER LEGISLATIVO Y PODER EJECUTIVO

C. ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

Si les pedimos a los jueces o fiscales que respondan la pregunta, seguro dirán que la reforma le compete a quienes tienen a su cargo la labor justiciable (es decir, a ellos). Por su parte, los otros poderes del estado (Legislativo y Ejecutivo) han insistido en que dicha labor de revisión y enmienda les compete. En la práctica se han intentado reformas que ha liderado el Poder Ejecutivo, pero que se enfocaron en los medios (procedimientos) y no en los resultados (satisfacción del usuario) y, además, fallaron en el establecimiento de objetivos y metas. El Poder Legislativo también ha intervenido en las reformas, a través de la instauración de leyes que crean, modifican o derogan normas. Si bien la labor legislativa en una reforma judicial es necesaria, entendemos que ésta debe ser complementaria a las decisiones que toma la entidad que tiene a su cargo la tarea revisora. Finalmente, este interés también lo tienen las organizaciones nacionales e internacionales.

Son ellas las que a través de analistas, abogados y la ciudadanía en general, hacen propuestas de mejora para la administración de justicia. A pesar de estos intentos de los otros Poderes del Estado, la situación sigue siendo crítica, ya que, en la práctica, a ninguno de ellos le “conviene” permitirle al Poder Judicial el imperio jurídico que la teoría le ha otorgado. Es decir, no están dispuestos a permitir un control imparcial y riguroso basado en fundamentos lógico-legales y transparentes. Por ello, la ansiada reforma del Poder Judicial no debe responder a intereses de grupo. Las fuerzas políticas, económicas y sociales deben suscribir un pacto social que debe comprometer la modificación de la Constitución. Dicho acuerdo social tendrá que incluir la creación de un órgano constitucional de igual jerarquía que los otros poderes, pero transitorio, que se encargaría de la reforma judicial. Este organismo tendría cometidos específicos que serían el parámetro de su actuación y, a su vez, requeriría una conformación plural para garantizar que no se sigan los intereses de un grupo específico.

1.1 PROPUESTA: LA VOLUNTAD POLÍTICA PARA UNA REFORMA JUDICIAL

Hay muchos programas de reforma y modernización de la administración de justicia. Algunos a cargo del Estado y otros han sido proyectos financiados por organizaciones nacionales e internacionales. Sin embargo, estos planes se trabajaban en paralelo sin saber (necesariamente) unos de otros ni comunicar sus objetivos

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