Armonización de la política de protección ambiental y la política productiva sectorial minera

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SEDE BOGOTÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AMBIENTAL

CÁTEDRA COLOMBIA

Héctor Eduardo Martínez Gómez

Armonización de la política de protección ambiental y la política productiva sectorial minera y de extracción de hidrocarburos, con el ordenamiento territorial en Colombia de cara a los objetivos del milenio

Tesis: Es desde la base del ordenamiento territorial que se puede armonizar la política de protección ambiental y la política productiva sectorial minera y de extracción de hidrocarburos, pensando en alcanzar los objetivos del milenio

     Los recursos naturales en nuestro país son muy diversificados y constituyen una de las principales riquezas a nivel nacional, un sin fin de estos entre los cuales podemos encontrar hidrocarburos, gas natural, minerales, cultivos, energía hidráulica y piedras preciosas como esmeraldas, rubíes, zafiros y diamantes. En una lucha por el continuo avance y la búsqueda por la estabilidad de nuestra economía, el país se ha visto en la desenfrenada explotación de estos recursos naturales logrando en muchos puntos desequilibrar la armonía existente en el entorno donde se ha dañado la fauna y flora local existente en las zonas y propiciando que muchas especies, entre estas el mismo ser humano, deba salir migrando a otras zonas en búsqueda de un nuevo hábitat en muchos casos de estos siendo desplazados por las grandes industrias que su único objetivo es enriquecerse sin importar el daño que logran causar a las comunidades y al entorno en donde se van a asentar dichas actividades de sustracción del recurso natural.

     El progreso del país constituye una de las principales preocupaciones de los diferentes actores a nivel nacional, quienes buscan plantear estrategias para impulsar la economía, es obvio, el sector minero ocupa un lugar muy importante en el jalonamiento de recursos financieros del estado, entre los cuales logramos distinguir al sector minero energético. De la mano del Gobierno se ha tratado de implementar diferentes políticas para la exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de los mismos, ejerciendo sobre estas su acción reguladora, controladora y auditora sobre dichas actividades, buscando que en el marco de la legalidad e institucionalidad se ciñan a los parámetros pertinentes e idóneos para lograr no impactar de forma negativa al medio ambiente, sin embargo estas ideas se quedan en el tintero, lo lógico es beneficiar a las comunidades en las que se efectúa trabajo relacionado con la minería, con empleo directo e indirecto y recursos para la región, aspectos que se ven truncados en razón a que la mano de obra empleada es temporal, lo generado para el territorio en la mayoría de los casos caen en manos inescrupulosas y corruptas y el progreso para la zona es mínimo, si no es nada y para el país disminuido en sus proporciones que debería ser.   En síntesis, las regiones quedan lóbregas, sus suelos devastados y los bienes naturales explotados. Es ahí donde se hace la pregunta ¿Cómo se puede armonizar la política de protección ambiental y la política productiva sectorial minera y de extracción de hidrocarburos, con el ordenamiento territorial en Colombia de cara a los objetivos del milenio?

     A lo largo de los diferentes procesos generados para la extracción, almacenamiento y distribución de los productos resultantes de las materias primas, se ha podido apreciar que se generan graves daños al medio ambiente existente en las zonas donde se inicia cualquier explotación minera; algunas medidas regionales se realizan a través de entidades públicas territoriales especializadas en los temas ambientales, estas hacen parte del Sistema Nacional Ambiental (SINA), su función  es mantener el control sobre los territorios declarados de interés ambiental y cultural de la región, quienes junto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), se encargan de la vigilancia y regulación en la ejecución de políticas, planes, proyectos y programas sobre medio ambiente y recursos naturales renovables. En este escenario es importante recalcar que las autonomías de las corporaciones tienen como slogan el desarrollo sostenible y se deben encargar de administrar los recursos naturales y el medio ambiente que atañen a sus territorios bajo su jurisdicción.

     Junto a estas; la Oficina de Planeación Regional debe contribuir al diseño y mejoramiento de las políticas y los recursos implementados por las corporaciones, constituyendo instrumentos para que estén a disposición de estas y los puedan implementar de forma oportuna en pro del bienestar del medio ambiente y de la comunidad, puesto que en ocasiones por la explotación minera se ve afectada la población de manera directa o indirectamente: directamente cuando la comunidad o un grupo de personas que vive en la zona donde se lleva a cabo la extracción de minerales y al ser el subsuelo propiedad del estado, se da el “desalojo” migrando las gentes de allí hacia las ciudades, causando un problema mayor, sobrepoblación en las urbes, acompañada de desempleo, pobreza, hambre y miseria.

Sin aún dar solución a la pregunta inicial, cabe hacer un cuestionamiento más y es identificar ¿Dónde nace la problemática detrás de los temas medioambientales? En respuesta sencilla y paradójica, pero es en los mismos entes encargados de proferir las leyes, allí se hacen, allí se quebrantan.  Los grandes magnates, las empresas multinacionales hacen lobby ante estos organismos, compran conciencias, acomodan la norma y el proyecto se hace. Por ende, hay un quebranto a la ética a la no ver con buenos ojos a los que por elección popular fueron elegidos.

Cómo la pregunta inicial del presente ensayo va en aras de resolver la manera como se puede armonizar la política de protección ambiental con la política selectiva sectorial y de hidrocarburos, con base en el ordenamiento territorial y los objetivos del milenio, se hace necesario dilucidar en primera instancia que se entiende por ordenamiento territorial; para esto se hace necesario recurrir a la ley 1454 de 2011 cuando señala: “no sólo a la definición de la ley 1454 de 2011, que en su artículo segundo señala: “el ordenamiento territorial es un instrumento de planificación y de gestión de las entidades territoriales y un proceso de construcción colectiva de país, que se da de manera progresiva, gradual y flexible, con responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización político administrativa del estado en el territorio, para facilitar el desarrollo institucional, el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial, entendido este como desarrollo económicamente competitivo, socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente sostenible, regionalmente armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad cultural y físico-geográfica de Colombia”. 

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