Contexto socioeconómico de la agricultura de México

María Fernanda De La Rosa Velázquez
Unidad IV: Contexto socioeconómico de la agricultura de México

El Estado ha creado políticas diferenciadas debido a los diferentes procesos de producción: capitalista y campesina. Se aplican por la política agraria y la agrícola. Política Agraria: medidas legales y económicas instrumentadas por el gobierno. Relacionadas con el reparto de la tierra y su propiedad. Llevada a cabo por la Secretaría de Desarrollo Agrario (SEDATU), la Procuraduría Agraria (PA), Registro Agrario Nacional (RAN), Tribunales Agrarios (TA) y otros organismos. Registro Agrario Nacional: se encarga del control de la tenencia de la tierra ejidal y comunal; brindar seguridad jurídica documental, derivada de la aplicación de la Ley Agraria.

México ha atravesado por diversas reformas agrarias, la última importante ocurrió en 1992 con las reformas del artículo 27 constitucional y la puesta en vigor de la Ley Agraria, cuya esencia es la privatización y la concentración de la tierra. Toda reforma agraria constituye una nueva estructura de tenencia de tierra (tipos o formas de posesión predios).

El campo mexicano antes de la reforma del artículo 27 constitucional de 1992: 1911-1912 se entregan más de 100 millones de hectáreas a los campesinos, resultado de reforma agraria cadenista y luchas campesinas; se establecieron unos 30 mil ejidos. Constitución de 1917, artículo 27, reparto de tierras que fue mandato hasta 1992. La reforma agraria permitió estabilidad, gobernabilidad y desarrollo en México siglo XX. Repartieron más de 2/3 partes del territorio nacional en concepto de propiedad privada y social

Características del proceso reformista: formación de minifundios con producción insuficiente; 1928, expropiación petrolera encaminó al país hacia el desarrollo industrial y asignó al sector agrario reformado la función de abastecer de alimentos y a precios bajos a la creciente población urbana. El papel de la legislación agraria: El gobierno subordinó al sector agrícola apoyándose en la legislación agraria. Condiciones restrictivas.

El ejido era una sociedad o corporación civil con derechos individuales precarios, donde la asamblea tomaba acuerdos; arraigó como institución sólida de la organización rural mexicana, presentando aspectos democráticos y residuos de una ideología igualitaria o solidaria.

Modificaciones al artículo 27 constitucional en 1992: deterioro progresivo pero acelerado. Surge para combatir la pobreza, atraso y marginación. Nueva versión del artículo 27. La iniciativa y la libertad para promover el desarrollo rural pasaban a manos de los productores rurales y sus organizaciones. Gobierno sin facultad para dirigir, repartir o intervenir en decisiones internas a los ejidos. Nación dejaba de ser propietaria jurídica de las tierras sociales, pasaban a los ejidos. Asamblea ejidal autónoma e independiente. No vínculo entre Estado y campesinos. Se creó la Procuraduría Agraria. El nuevo ejido mexicano se fragmentó para transformarse en una modalidad de la propiedad privada encuadrada en la esfera del dominio moderado. El dominio pleno se logra cuando los integrantes de un ejido o comunidad se convierten legalmente en propietarios privados individuales de su parcela y de su terreno urbano (antes solar). Para llevar a cabo la Ref. Agraria de 1992 se creó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE). Contribuyó a la privatización en la tenencia de la tierra ejidal. Su objetivo fue dar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra a través de la entrega de certificados parcelarios y/o certificados de derechos de uso común.

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