EL ESTADO MEXICANO Y SU SISTEMA JURÍDICO-POLÍTICO

CAPÍTULO I.

EL ESTADO MEXICANO Y SU SISTEMA JURÍDICO-POLÍTICO.

CAPÍTULO I.

EL ESTADO MEXICANO Y SU SISTEMA JURÍDICO-POLÍTICO.

Sumario.

1.1. El Estado Mexicano y las características fundamentales del sistema jurídico-político.1.1.1. El Estado. Naturaleza jurídica, justificación y fines.1.1.2. Elementos del Estado Mexicano.1.1.2.1. Territorio.1.1.2.2. Pueblo.1.1.2.3. Gobierno.1.1.2.3.1. República.1.1.2.3.2. Democracia.1.1.2.3.3. Representatividad.1.1.2.3.4. Federalismo.1.1.2.3.5. División de Poderes.1.2. Sistema Electoral Federal Mexicano.1.2.1. Principios de elección de los Poderes Federales. Ejecutivo y Legislativo. 1.2.2. Figuras Jurídicas Constitucionales del Sistema Electoral Federal Mexicano.1.2.2.1. Ciudadano.1.2.2.2. Partidos Políticos.1.2.2.3. Instituto Federal Electoral.1.2.2.4. Tribunal Federal Electoral.1.2.2.5. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.1.3. Derechos políticos de los Ciudadanos Mexicanos.1.3.1. El Voto Activo.1.3.2. El Voto Pasivo.1.4. Consideraciones Finales del Capítulo Primero.

1. El Estado Mexicano y las características fundamentales del sistema jurídico- político.

1. El Estado. Naturaleza jurídica, justificación y fines.

El Estado es concebido como el ente jurídico-político de carácter supremo, la institución más compleja en la organización social humana, por lo que es sin duda el resultado de un devenir histórico en el que muchos pueblos han encontrado la respuesta para fincar en él, su organización política, social y jurídica en sujeción al ejercicio del poder legalmente constituido.

Es innegable que durante la concepción y desarrollo de ésta figura política haya sufrido múltiples transformaciones, mismas que han sido significativas y tomadas en consideración en cada época y momento histórico preciso, de tal suerte que en la actualidad dicha institución ha subsistido con finos perfeccionamientos y ha logrado consolidarse  a este tiempo, como la institución política por excelencia.

Ahora bien, resulta imprescindible justificar la existencia del Estado, toda vez que es la institución investida del poder total, el cual se traduce en un poder legítimo; es decir, en un poder reconocido como válido por aquellos a  quienes se supedita y al respecto tenemos las siguientes aportaciones doctrinarias:

“El problema de la justificación del Estado  implica la justificación  del poder  que encarna, del poder que se manda y el poder que se obedece; todo poder estatal pretende ser poder jurídico, lo cual presume la autoridad legítima que compele naturalmente a la voluntad.”^[1]

“Las aspiraciones excepcionales del Estado no se justifican  con cualquier orden social, solo pueden testimoniarse en cuanto pretenden una “ordenación justa”, por lo que la acreditación del Estado únicamente es posible, si se enlaza la función moral; es decir, cuando el poder se transforma en un poder jurídico, cuyo ser se evidencia  como mediador, ejecutor y expositor de la idea de derecho lo cual presume la autoridad legítima…el valor supra-positivo de la distribución  y medida, a él le incumbe  la función de ordenar justamente la vida social, es decir,  asignar a todos sus miembros lo que  les concierne en facultades y obligaciones, es dar a cada quien lo suyo del derecho romano…”^[2]

Es así que el punto céntrico en la organización política, radica en detentación del poder, por lo cual el Estado surge como un ente ideológica y teleológicamente idóneo para justificar el monopolio del poder coactivo, en un orden que a todos se impone y que dispone sobre las prerrogativas y límites de los hombres con respecto a sus semejantes.

“La creación jurídico-político supone necesariamente un poder, es decir, la actividad creativa cuyo elemento generador originario  es la comunidad nacional y cuya causa eficiente es el grupo humano que en su nombre o en su representación  lo elabora intelectivamente. Ese poder es el medio al (sic) través del cual se concibe el fin, o sea, la organización o estructura jurídica política que la nación pretende darse (autodeterminación) o que la nación acepta mediante su acatamiento (legitimación).”^[3]

Al respecto la catedrática María de la Luz González y González advierte que la justificación el Estado debe realizarse en función del derecho y que por tanto este será moral, porque los principios supra-positivos son principios generales, son lo universalmente válido que orienta la ordenación de la vida social; esto es, que el Estado se justifica por cuanto a la aplicación y ejecución de los principios morales del derecho cuyo fin es la realización del bien común.

Por lo anterior es de concluir que el Estado como institución envestida de poder  tiene la autoridad para proveer y mantener el orden jurídico que garantice a sus gobernados una convivencia social justa.

“La autoridad y el poder son dos cosas distintas el poder es la fuerza por medio de la cual se puede obligar a obedecer a otra. Autoridad es el derecho a dirigir y a mandar, a ser escuchado y obedecido por los demás. La autoridad pide poder. El poder sin autoridad es tiranía.”^[4]

Ahora bien, y con relación a lo anterior, la sociedad al integrarse políticamente va en busca de determinados propósitos y estos pueden ser entendidos como fines del Estado, una voluntad que deja ser individual para ser común y que tiene a bien perseguir la subsistencia del ser individual en una convivencia social, esto es que “la sociedad y el Estado se constituyen en todas las limitaciones que se opongan, para crear un orden necesario y permanente que asegure la convivencia social (…). Una institución política sin fines es algo inconcebible e inútil. La acción política se dirige a motivos y objetos determinados  que no pueden ser otros que el bien común, referido a la sociedad en general, que contrasta o debe armonizarse con el bien público en particular de los individuos o grupos. Bien público  e interés general son conceptos clave.”^[5]

...