Econometria

Antecedentes del SNIP

El referente inmediato anterior al Sistema Nacional de Inversión Pública del Perú, lo constituye el Sistema Nacional de Planificación, que fue desactivado, al disolverse su órgano rector, el Instituto Nacional de Planificación (en adelante INP).El INP fue desactivado en 1992 mediante una comisión encargada de transferir el personal, cesar automáticamente a sus directivos y funcionarios, desafectar y decidir la baja correspondiente de los bienes muebles e inmuebles y, en general, transferir todos los recursos del INP. Asimismo transferir el archivo documentario al Archivo General de la Nación o a cada una de las instituciones declaradas competentes para asumir las funciones relacionadas con dicha documentación. Se dispuso también que, concluido el proceso de disolución y transferencia, las funciones del INP deberían ser asumidas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

De tal manera, la norma que desactivó el INP, en verdad desactivó también al Sistema Nacional de Planificación, pues lo dejó sin la estructura normativa e institucional necesaria para seguir realizando los procesos que a la fecha llevaba a cabo, entre ellos, los referidos a los mecanismos de programación y calificación de la inversión pública. La gravedad de esta situación se nota con el mandato del artículo 7° de la norma referida que señala, haciendo uso de un mal hábito propio de una pobre técnica legislativa, la fórmula: derogase, modifíquense o déjense en suspenso, en su caso, las disposiciones que se opongan o limiten el cumplimiento del presente Decreto Ley, dejando a la administración sin la seguridad jurídica necesaria para reconocer el alcance de las funciones que debe cumplir y de las facultades que requiere ostentar para ello. Después de algunos años, la Ley de Presupuesto del Sector Público para 1995, Ley 26404, dispone la creación de la Oficina de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante ODI), a la que encarga el cumplimiento de las funciones del desactivado INP. Esta oficina asume, antes que la responsabilidad de cumplir las funciones encargadas, la responsabilidad de enfrentarlas carencias de definición de funciones, fruto de una normatividad de obscura vigencia, la pérdida de la memoria institucional de los órganos desactivados, además de no poseer ella misma, el personal, estructura y normas de gestión necesarias para el cumplimiento de las tareas a su cargo. En estas circunstancias, se aprueba un convenio de Cooperación Técnica entre el gobierno peruano y el Banco Interamericano de Desarrollo, en diciembre de 1995, con el objeto de llevar a cabo un proyecto denominado “Programa de Mejoramiento del Mecanismo de Programación de la Inversión Pública” (en adelante programa) que buscaba establecer mecanismos para hacer eficiente la asignación de los recursos destinados a financiar los proyectos de inversión pública. Dicho

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