Gestion Social 2013

Concepto de la gestión social

El término gestión social podemos determinar que etimológicamente está formado por palabras que provienen del latín. Así, en primer lugar, está el vocablo gestión que emana de gestio que es fruto de la suma de gestus, que significa “hecho”, y del sufijo –tio, que puede traducirse como “acción y efecto”.

En segundo lugar está la palabra social que, a su vez, tiene su origen en el vocablo latino socius que es equivalente a “compañero”.

La gestión social ha sido definida como la construcción de diversos espacios para la interacción social. Se trata de un proceso que se lleva a cabo en una comunidad determinada y que se basa en el aprendizaje colectivo, continuo y abierto para el diseño y la ejecución de proyectos que atiendan necesidades y problemas sociales.

La gestión social implica el diálogo entre diversos actores, como los gobernantes, las empresas, las organizaciones civiles y los ciudadanos.

En este sentido, hay que resaltar el hecho de que este tipo de gestión, por las acciones que ella implica y lleva a cabo, trae consigo que esté en relación con otros ámbitos tales como el Derecho, la Educación, el Trabajo Social, la Sociología, la Antropología e incluso la Psicología Social.

Principios de la gestión social

La política social busca producir mejoras en el bienestar de las personas, guiándose por principios que tienen que ver con la definición de su población-meta (universalización), la consecución del objetivo buscado (impacto) y la utilización de los medios asignados a alcanzarlo (eficiencia). Para ello recurre a la gestión social, responsable de la identificación concreta de los beneficiarios y del manejo de los medios que se ponen a disposición para alcanzar los fines de los programas y proyectos. Se utilizan para ello diversos instrumentos, entre los que hay que destacar la focalización y el análisis costoimpacto

1. Universalismo

El universalismo ha sido parte del discurso social tradicional de los gobiernos de la región. Se lo ha interpretado como el esfuerzo por generalizar una oferta de bienes y servicios igual para todos aduciendo, entre otras cosas, que ello contribuiría a elevar la cohesión social. Pero la práctica latinoamericana siempre mostró desigualdades notorias en esa provisión, por lo cual se ha hablado de universalismo excluyente, en unos casos, y estratificado, en otros. La primera acepción pone énfasis en los que quedan al margen de cualquier protección; la segunda, si bien acepta que muchos son atendidos, destaca que reciben prestaciones que varían en monto y calidad. Esas diferencias no tiene que ver con las necesidades, mayores o menores, de cada cual sino con el status de los beneficiarios.

Quienes reciben las mejores atenciones pertenecen a los sectores más instruidos, más informados, más organizados, o viven en áreas mejor dotadas de servicios, y son personas que disponen recursos para hacer frente a los costos de transacción (transporte, tiempo) en los que es necesario incurrir para recibir los servicios. En cambio, el acceso a esa oferta ha sido siempre difícil para quienes, aun teniendo mayores necesidades, carecen de las características enunciadas.

En educación, por ejemplo, si bien los textos constitucionales de los países de la región establecen que el Estado tiene la obligación de asegurar determinado número de años de educación a su población, hay una proporción no desdeñable de cada cohorte que no ingresa siquiera a la escuela y otra que la abandona rápidamente. Entre los excluidos están sobrerrepresentados quienes tienen menores ingresos.

Las políticas universalistas así entendidas tienen alto costo y bajo impacto. Es evidente que una oferta que atienda igualmente a todos resultará muy cara. Para ajustarla a los recursos disponibles suele disminuirse la calidad de las prestaciones y, por tanto, se deteriora casi seguramente el impacto del programa sobre los beneficiarios, o bien se recorta la "universalidad" por criterios no transparentes que orientan los servicios hacia un grupo más restringido, en general con poder suficiente para hacer predominar su propio interés. El corporativismo suele ser un rasgo característico de los sistemas políticos de la región.

Por ello, hay que entender la universalización de otra manera. Se trata, en verdad, de perseguir la satisfacción de las necesidades básicas de todas las personas. Algunas podrán solventarlas con sus propios ingresos; respecto de otras, en diferente proporción, será el Estado el que actuando en subsidium debe asumir la responsabilidad de proporcionar los satisfactores. Es aquí donde la focalización aparece como un instrumento adecuado para identificar con la mayor precisión posible a las personas que deben ser atendidas por un programa concreto, atendiendo a la insatisfacción de las necesidades que se pretende atender y tomando en cuenta los recursos con que se cuenta.

VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lisboa, Portugal, 8-11 Oct. 2002

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Es necesario precisar la relación entre universalismo y focalización porque en los últimos años, se ha generado “una gran confusión" entre los instrumentos – como la focalización... – y los principios que deben guiar las reformas del sector social” (Ocampo, 2000).

Hoy, afortunadamente, aumenta el consenso en cuanto a que “la focalización... no se contrapone a la universalización de los derechos sociales y mucho menos significa desmontar los derechos conquistados”, sino que “se trata de una (forma) de discriminación positiva” de grupos especiales de la población que están demandando atenciones especiales para permitir su efectiva inclusión en el acceso a la riqueza y a los bienes y servicios socialmente producidos, capaces de situarlos en un estadio de dignidad” (Silva e Silva, 2001:14). También se ha insistido en que “El supuesto básico de esa nueva generación de políticas sociales es que la focalización no significa la disminución de los gastos en programas sociales”, sino “elevar el patrón de eficacia del gasto social” (Draibe, 1997:24, cit. en Silva e Silva et al., 2001:139). Por lo expuesto, entonces, cabe concluir que aumenta el consenso sobre que

“La focalización debe considerarse un instrumento para que los servicios sociales tengan una cobertura universal y nunca como un sustituto de la universalidad” (Ocampo, 2001).

En el mismo sentido, Barry (2001:52), cuando intenta recuperar los principios liberales clásicos,

“ciegos a la diferencia” en el sentido de Rawls, afirma que el universalismo de los derechos económicos y sociales constituye un avance dentro de la tradición de la Ilustración. Entiende que en ese marco cabe la “acción afirmativa, “para ayudar a los grupos cuyos miembros sufren carencias sistemáticas”... “siempre y cuando la ‘carencia’ se defina en términos universales –como la falta de cosas (recursos y oportunidades) cuya posesión sería considerada en general como ventajosa”. Y concluye que esa focalización en “quienes sufren carencias sistemáticas sería una manera de ayudar a satisfacer la demanda liberal igualitaria de que los individuos no deben tener menos recursos y oportunidades que otros cuando la desigualdad ha sido el producto de circunstancias en cuya generación ellos no tuvieron responsabilidad”.

Variabilidad de las necesidades básicas.

El carácter y el monto de los satisfactores de las necesidades básicas, varía en el tiempo, en relación con el nivel de desarrollo del país en cuestión. Así, en las mediciones de pobreza relativas, utilizadas por los países europeos, por ejemplo, la identificación de los pobres se efectúa considerando su participación en el ingreso global de la sociedad. Pero, incluso en las mediciones denominadas absolutas se tiene en consideración esas variaciones, a través del denominado coeficiente de Orshanski, que establece el valor por el cual debe multiplicarse el costo de la canasta básica de alimentos, a efectos de dar cuenta de todo el conjunto de necesidades básicas, incluyendo las “otras” diferentes de la alimentación. El cambio de coeficiente ya ha sido aplicado por varios países de la región. Respecto a Chile, se ha dicho recientemente que “las líneas de pobreza e indigencia utilizadas hasta ahora se calcularon sobre la base de la estructura del gasto en consumo de los hogares de fines de los años 80. Luego de más de una década de crecimiento –en que el PIB se duplicó-, esas líneas de pobreza deberían recalcularse a fin de que reflejen e nivel y composición del gasto que hoy prevalece en el país” (León, 2002:5). El crecimiento económico es, indudablemente, una condición necesaria para la reducción de la pobreza. Pero ésta podrá ser mayor o menor según las características de aquel crecimiento, por ejemplo, si es creador de empleo de calidad, o no, y del papel que cumplan las políticas sociales para complementar el efecto reductivo de pobreza. No alterar lo que se considera básico proveer a la población es una manera fácil de reducir la pobreza, sin tomar en cuenta los cambios que se producen en las necesidades de las personas. Las actualizaciones correspondientes deben evitar, asimismo, caer en las visiones catastrofistas que conducen al aumento de la pobreza, más allá de lo que cualquier política pública puede plantearse como desafío. Así la

Fundación Terram ha sostenido recientemente que en Chile hay 12 millones de pobres.

VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lisboa, Portugal, 8-11 Oct. 2002

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