La administración de justicia

INTRODUCCIÓN

La administración de justicia es un fenómeno, presente en todos los Estados del planeta, que requiere ser contextualizada para su comprensión y conocimiento. Por ejemplo en España el principal problema, es la demora de los procesos, la decisión tardía de los órganos jurisdiccionales y la deficiente calidad de muchas resoluciones judiciales (Burgos, 2010).

En relación a la sentencia, una de las situaciones problemáticas es su calidad, es un asunto o fenómeno latente en todos los sistemas judiciales del mundo y comprende tanto a los países de mayor estabilidad política y desarrollo económico, como a aquellos que se encuentran en desarrollo; es decir, se trata de un problema real, latente y universal (Sánchez, 2004).

En el estado Mexicano, por ejemplo, a través del Comité Organizador de la Consulta Nacional para una Reforma Integral y Coherente del Sistema Nacional de Impartición de Justicia, se elaboró un documento denominado “El Libro Blanco de la Justicia en México”. En éste documento, una de las 33 acciones marco para realizar la reforma judicial es “la mejora de la calidad de las sentencias de los órganos de impartición de justicia” (Centro de Investigaciones, Docencia y Economía, 2009) (CDE), del cual se infiere que la calidad de las decisiones judiciales es un rubro fundamental en el tema reforma.

Asimismo, en opinión de Pásara (2003), existen muy pocos estudios acerca de la calidad de las sentencias judiciales, y afirma que una razón es su carácter cualitativo, que el tema es complejo y sus resultados siempre son discutibles. Por consiguiente el diseño de mecanismos transparentes que permitan evaluar las sentencias que dictan los Órganos Judiciales es una tarea pendiente de gran urgencia en los procesos de reforma judicial de México.

Por su parte, en el Perú de los últimos años, se observa niveles de desconfianza social y debilidad institucional de la administración de justicia, alejamiento de la población del sistema, altos índices de corrupción y una relación directa entre la justicia y el poder, que son negativos. Se reconoce que el sistema de justicia pertenece a un “viejo orden”, corrupto en general con serios obstáculos para el ejercicio real de la ciudadanía por parte de las personas. (Pasara, 2010)

Es así que, relacionado con lo expuesto líneas arriba, en el año 2008, en el Perú se realizó el Proyecto Mejoramiento de los Servicios de Justicia, en ésta actividad se propuso contratar un consultor individual para elaborar una metodología de evaluación de sentencias judiciales y otros (Perú. Gobierno Nacional, 2009).

De esta manera y, probablemente, conscientes de ésta situación, la Academia de la Magistratura (AMAG), publicó el Manual de Redacción de Resoluciones Judiciales elaborado por León (2008). En éste documento, con el cual cuentan los jueces peruanos; se brinda un conjunto de criterios para la elaboración de resoluciones; sin embargo no se sabe si la aplican o no, lo cierto es, que tanto en el ámbito nacional y local los medios de comunicación difunden insatisfacciones, por el tema de las decisiones judiciales. En el medio local por ejemplo, se propalan la formulación de denuncias, de quejas contra los operadores de justicia, así mismo es de conocimiento público que el Colegio de Abogados, periódicamente ejecuta referéndums, pero lo que no se sabe es, cuál es la intencionalidad real de las mismas, a quiénes; en verdad, se reporta dichos resultados y con qué propósitos exactos; mucho menos no se conoce de qué forma éstas actividades mitigan las situaciones problemáticas que se ciernen en torno a las decisiones judiciales, que después de todo es lo que un usuario de la administración de justicia espera.

Así como, la encuesta realizada por IPSOS Apoyo (2010), reveló que la mitad de la población peruana (51%) sostiene que el principal problema que afronta el país es la corrupción, que lejos de disminuir aumenta. De ahí la afirmación, de que el principal freno para el desarrollo del Perú, es la corrupción.

Por su parte el Poder Judicial presenta también sus propias problemáticas, porque que más de una ha merecido críticas por su labor, destacando entre estas críticas naturalmente temas como falta de credibilidad por parte de la sociedad civil; insatisfacción que se ha evidenciado en los resultados de una encuestas, como la que se ha hecho el año pasado denominada: “VI Encuesta Nacional sobre la Percepción de la Corrupción en el Perú 2010”, en el cual se observa que el 38% de ciudadanos encuestados consideran al Poder Judicial como una de las instituciones más corruptas, mientras que el Congreso y la Policía Nacional obtuvieron 46% y 45%, lo cual no es un aliciente, porque lo correcto fuera que la ciudadanía peruana no tenga la menor desconfianza de una institución que imparte justicia, pero eso no es así. Por eso probablemente cuando los usuarios de dicha institución expresan su opinión evidentemente no es grata la respuesta.

Como se advierte, el tema de administración de justicia es un fenómeno de interés, abordado en distintos contextos de espacio y tiempo, es por eso que al examinar las sentencias del proceso judicial obrantes en el Expediente N° 04433-2005-0-1601-JR-PE-11 tramitado en el Cuarto Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, se observó que en primera instancia se absolvió de la acusación Fiscal y se condenó a Robles Reyes Yohon Charli, por el delito contra La Paz Publica, en la modalidad de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego, en agravio de la Sociedad; cuatro años de pena privativa de libertad suspendida a tres años, fijándose reglas de conducta; más una reparación civil de S/ 500.00 (Quinientos 00/100 Nuevos Soles), interpuesto el recurso de apelación ha intervenido la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia del Trujillo, quien ha confirmado la sentencia, es decir ha dispuesto que se cumpla lo resuelto en primera instancia.

Éste hallazgo, despertó el interés por estudiar las decisiones adoptadas en el caso concreto, sobre todo por lo que se dice del Perú en cuestiones de administración de justicia, motivando finalmente una pregunta que ha marcado el inicio de este trabajo.

Finalmente, en atención a la exposición precedente y la decisión emitida en el caso concreto se formuló el siguiente enunciado.

¿Cuál es la calidad de las sentencias, de primera y segunda instancia, sobre Asociación Ilícita para Delinquir y Tenencia Ilegal de Armas; según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en el expediente N° 04433-2005, perteneciente

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