Ley 135

LEY 135

La propiedad sobre la tierra y los usos del suelo son la clave de los problemas de Colombia pero también pueden ser la clave de su solución.El acceso a la tierra ha sido históricamente una gran fuente de poder político y de conflicto social, además un fuerte determinante en la productividad de la economía rural y nacional.

En nuestro país, la estructura agraria se caracteriza por la falta del aprovechamiento de tierras productivas, la tendencia a la concentración de las tierras y el riesgo ambiental a consecuencia del uso excesivo de la tierra para pastoreo de ganado. Esto produce la expansión de la frontera agrícola hacia tierras frágiles (improductivas), generando un grave riesgo ambiental y problemas sociales.

En un país históricamente agrario como Colombia podemos observar que la gran mayoría de los conflictos sociales están enmarcados en el terreno de lo agrario. Los pequeños conflictos generados por la bonanza cafetera, el problema desatado por la bonanza marimbera y la actual crisis generada por el negocio de la coca, sin mencionar los numerosos conflictos generados ante la intención de las grandes multinacionales de apropiarse de los campos colombianos para explotar nuestra gran riqueza natural.

A raíz de esto se ha producido una gran crisis humanitaria que viven los campesinos hace más de 50 años, por un conflicto social y armado en el que los terratenientes pretenden defender su poder político y económico poniendo en riesgo derechos fundamentales, económicos, sociales, culturales y ambientales de los campesinos.

Ante esta grave crisis se hizo necesaria una reforma agraria que no sólo solucionara el problema de la repartición de la tierra sino que brindara condiciones de vida digna a los campesinos. En la actualidad, la política de tierras en Colombia ha servido más para generar un gran conflicto administrativo y de tipo fiscal al estado y no para solucionar los verdaderos problemas del campesinado.

En materia constitucional, la carta política actual en tres de sus artículos habla de condiciones de vida digna para los campesinos, protección del medio ambiente y buenas condiciones para la producción agrícola, todo esto enmarcado en el derecho que tenemos todos los colombianos a la igualdad.

La Ley 135 de 1961 fue el producto tanto de presiones sociales internas que habían que conjurarse después de la Violencia, como de presiones internacionales, como, por ejemplo, la Alianza para el Progreso. Con ella fue creado el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), que buscaba obligar a los terratenientes a modernizar sus explotaciones y permitir un uso más adecuado de la tierra bajo pena de extinción de dominio.

Esta buscaba la adecuada redistribución de las tierras a los agricultores, pero la dirección del proceso de reforma de la junta directiva del Incora

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