Ley De Justicia Para Adolescentes

El 6 de octubre del 2008 entro en vigor la Ley de Justicia para adolescentes en la cual debe garantizar los derechos que reconoce la constitución para todo individuo, así como los específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos, debido a que la anterior ley para el tratamiento de menores infractores se encontraba alejada de esos elementos constitucionales.

Por lo cual se creó un sistema integral de justicia penal para adolescentes, una jurisdicción especial para estos temas, instituciones, órganos y autoridades especializados destinados a la procuración y administración de justicia para adolescentes. También prevé la existencia de agentes del ministerio público, defensores de oficio, jueces y magistrados especializados en la materia de justicia para adolescentes.

Otro aspecto importante es el principio de especialidad, esta consiste en que los antecedentes y los registros relacionados con los adolescentes sometidos a proceso o sancionados conforme a esta ley, en ningún caso podrán ser utilizados en otro juicio.

Esta nueva legislación tiene como finalidad la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y sus capacidades; mas sin embargo es de mencionar que la única aportación nueva de esta ley fue, que a todos los adolescentes a quien se les atribuyera la comisión de una conducta tipificada como delito por las leyes penales, fuera juzgado por autoridades judiciales y no administrativas, como se acostumbraba anteriormente en la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores.

Por esa razón se establecieron en la ley para adolescentes trece principios rectores los cuales se encuentran en el Artículo 10, el cual a la letra dice:

Son principios rectores para la interpretación y aplicación de esta Ley el respeto de los derechos de los adolescentes, el reconocimiento de su calidad como sujeto de derecho, su formación integral, la reinserción en su familia y en la sociedad.

Así como los siguientes:

I. Interés superior del niño.

II. Presunción de inocencia.

III. Reconocimiento expreso de todos sus recechos y garantías.

IV. Especialidad.

V. Mínima intervención.

VI. Celeridad procesal y flexibilidad.

VII. Proporcionalidad y racionalidad de la medida.

VIII. Transversalidad.

IX. Subsidiaridad.

X. Concentración de actuaciones.

XI. Contradicción.

XII. Continuidad; y

XIII. Inmediación procesal.

Otro

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