Mineria En Guatemala

RÉGIMEN LEGAL DE LA MINERÍA EN GUATEMALA

En el país, el régimen legal específico de la minería está constituido por dos instrumentos principales: a) la Constitución Política de la República de Guatemala, en particular el artículo 125 relativo a la declaración de utilidad y necesidad de la explotación minera, y el artículo 121 sobre la propiedad del Estado de los yacimientos mineros; y b) la Ley de Minería, Decreto 48-97 del Congreso de la República y su Reglamento (Acuerdo Gubernativo 176-2001). Complementario a ello, la actividad minera debe sujetarse a las normas de protección ambiental expuestas en los artículos 97, 127 y 128 de la Constitución y la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (Guatemala, 1989). La Constitución establece la «[…] conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente» como una de las obligaciones fundamentales del Estado. Asimismo, señala que son bienes del Estado el «[…] subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así como cualesquiera substancias orgánicas o inorgánicas del subsuelo».

La Ley de Minería se promulgó en 1997 durante el gobierno de Álvaro Arzú.

LA MINERÍA EN GUATEMALA: TERRITORIOS, ACTORES E IMPACTOS

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (Guatemala, 2004), en Guatemala se definen cuatro regiones mineras en las cuales se encuentran los principales depósitos minerales: la región occidental, la región norte, la región oriental y la zona litoral del Pacífico. La Dirección General de Minería (DGM) del MEM es la entidad responsable de otorgar licencias de reconocimiento, exploración y explotación. Al 2 de julio de 2013, la DGM había autorizado 75 licencias de exploración y 32 licencias de explotación para minería de metales y contaba con 359 solicitudes en trámite, de las cuales 15 eran para explotación. Es importante evidenciar que del total de licencias vigentes el 29% corresponde a minerales metálicos, mientras que para las solicitudes en trámite el porcentaje se duplica. Esto se debe a la cantidad de licencias de exploración de minerales metálicos, que alcanza el 75% del total de las solicitudes en trámite. Entre 2003 y 2012 se autorizaron 115 licencias de explotación; sin embargo, debido a la moratoria para la autorización de licencias mineras, tan sólo se autorizaron 3 licencias de exploración durante los años 2009 y 2010 (Guatemala, 2012). En 2011, se otorgó una licencia para explotación de minerales metálicos denominada Progreso VII Derivada (también llamada El Tambor). En el año 2012 se restableció el otorgamiento de licencias mineras y, en total, se otorgaron 21 licencias: 12 son para exploración y todas ellas para minerales metálicos.

La mayoría de licencias se concentra en los departamentos de Izabal, San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Alta Verapaz y Baja Verapaz; todas, regiones con poblaciones integradas mayoritariamente por pueblos indígenas.

También se han autorizado licencias para minería de metales en Guatemala, Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa, Chiquimula, Zacapa y El Progreso, en donde predomina la población mestiza y la proporción de población indígena es menor.

Al respecto, en un estudio desarrollado por Iralep se estableció que existía evidencia de que para el año 2010, de los 230 municipios que no tenían ningún tipo de licencia, el 90% no reportaba conflictos, mientras que de los 101 municipios con licenciamientos el 78% reportaba algún conflicto. En la actualidad se encuentran activos los proyectos de minería de metales Marlin I, en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos; El Sastre, en San Antonio La Paz, El Progreso; Cerro Blanco, en Asunción Mita, Jutiapa; Fénix, en El Estor, Izabal; y El Escobal, en San Rafael Las Flores, Santa

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