Moisés Martínez y Elizabeth Romero

Moisés Martínez y Elizabeth Romero

La Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales (Fenacoop) rechazó la propuesta del gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega, de gravar con tres impuestos las donaciones a estas organizaciones que no sean aprobadas por el ejecutivo.

Mientras tanto, el arzobispo de Managua, Leopoldo José Brenes Solórzano, insistió en que de concretarse dicha medida tributaria, las donaciones directas que reciban las parroquias para distintas obras sociales, se verán disminuidas y “esto sería lamentable”.

Sinforiano Cáceres, presidente de la Fenacoop, lamentó el “contrasentido” de la gestión gubernamental, que se jacta de fomentar el cooperativismo en el país, pero sus medidas fiscales lo atenazan.

La propuesta del Gobierno está contenida en las discusiones sobre posibles modificaciones o cambios a la Ley de Concertación Tributaria (LCT) que los equipos técnicos del ejecutivo discuten bilateralmente con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

Gobierno frena cooperativismo

Sinforiano Cáceres, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales (Fenacoop), la red de organizaciones más grandes de este tipo en el país, lamentó cómo el gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega ha frenado el auge del cooperativismo que el gobierno impulsó. Este impulso solo duró cuatro años.

“Cuando empieza a tener auge, cuando empieza a crecer el movimiento, vienen y lo frenan con medidas fiscales”, señaló Cáceres.

Otro medida desde el gobierno en contra del cooperativismo, fue la creación del Ministerio de Economía y Planificación Familiar, el cual de acuerdo a Cáceres, le restó autonomía a lo que era el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop).

“Fíjate, pasamos 30 años peleando porque tuviéramos una institución como el Infocoop, y luego cuando finalmente la tuvimos, solo dura cuatro años. Lo creó el Frente Sandinista, y el mismo Frente Sandinista lo desbarató. Es un contrasentido total”, afirmó Cáceres.

COOPERATIVAS EN SITUACIÓN DIFÍCIL

“El tema de la Ley de Concertación Tributaria tiene varios aspectos que ponen a las cooperativas en una situación difícil y eso es un contrasentido. Las cooperativas son un instrumento del sector de la economía social para resolver problemas sociales y comunales, y por naturaleza, es una organización sin fines de lucro. Los que deben pagar impuestos son los socios de las cooperativas, no la cooperativa como tal. En ese sentido, se trata a la cooperativa como una sociedad mercantil, cuando se trata de una sociedad de personas”, explicó Cáceres.

La LCT vigente aprobada apenas en noviembre pasado, grava con Impuesto sobre la Renta (IR) de capital, actividades económicas y ganancias, las utilidades generadas por las cooperativas cuando estas pasen de los cuarenta millones de córdobas.

“Cuando una cooperativa hace una operación y tiene ingresos por encima de los cuarenta millones se le tiene que gravar. Estos excedentes son repartibles o no repartibles, no son utilidades de la cooperativa. Los excedentes son para crear fondos de la educación, para la comunidad, no son fondos para meterlos en las cuentas de los socios. Al gravar eso, lo que estás haciendo es que al instrumento para sacar de la pobreza a la comunidad, lo castrás”, explicó.

Dichas reformas entrarían en vigencia a partir del año próximo, como fue establecido en la misma LCT de noviembre pasado.

“En la misma Ley de cooperativas se establece que estas se crean con un interés social y nacional, ya que son un instrumento para que la pequeña y mediana empresa de la zona urbana y rural salgan

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