Panorama Del Recurso Del Agua En Colombia

EN PELIGRO AGUA DE MAS DE 21 MILLONES DE COLOMBIANOS

Más de la mitad de los municipios del país son vulnerables a quedarse sin una fuente hídrica que les permita abastecerse a largo plazo y en épocas secas.

Sólo 248 municipios, de los 1.102, suministran a sus habitantes agua apta para el consumo.

En Colombia, uno de los países con mayor potencial hídrico del mundo, más de la mitad de sus habitantes está en peligro de quedarse sin agua. Y no sería un problema menor o una consecuencia de un fenómeno pasajero como el ‘Niño’.

De acuerdo con el informe anual de la Defensoría del Pueblo sobre calidad de agua en el país, publicado recientemente, 21 millones de colombianos viven en lugares que tienen dificultades para mantener una disponibilidad apropiada del líquido que cubra la demanda de sus habitantes.

“Esto se agrava en temporadas con tiempo seco y se nota más que todo en la región Andina”, explicó Gloria Elsa Ramírez, coordinadora del informe, que se basó en registros del Ideam y de las secretarías de Salud.

No más del 28 por ciento de la población (318 municipios) vive en regiones que no tienen problemas para encontrar y disponer de este recurso.

“Efectos como el cambio climático, el incremento poblacional, por natalidad o desplazamiento, y la contaminación de los recursos naturales están originando una rápida degradación y la merma de las fuentes hídricas, por lo cual es urgente la implementación de políticas públicas que aseguren el servicio a largo plazo”, dice la Defensoría.

Pero en el país sucede algo irónico. Mientras el abastecimiento de más de la mitad de las ciudades capitales departamentales como Manizales, Pereira, Cali, y principalmente Bogotá, depende de los páramos, ecosistemas que regulan la producción de agua al acumularla en invierno para que no falte en verano, más del 80 por ciento de ellos no están incluidos dentro del sistema nacional de áreas protegidas.

Adicionalmente, el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) ha entregado títulos mineros en 65.176 hectáreas de estas áreas del país, una actividad productiva que arrasa con su vegetación única, integrada por musgos y frailejones, que acumula el líquido como una esponja.

En medio de este panorama, la Contraloría General de la República acaba de proferir función de advertencia a cinco entidades ambientales del país con el propósito de prevenirlas sobre los riesgos administrativos y ambientales que se han generado por la deficiente gestión del agua, a raíz de la lentitud con la que avanzan los procesos de ordenación de las cuencas hidrográficas.

Estas advertencias involucran al Ministerio del Medio Ambiente, a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), gobernaciones, municipios y empresas de servicios públicos que no han fijado metas de reducción de cargas contaminantes, tampoco han adquirido predios para la protección de ecosistemas que abastecen acueductos municipales y no han controlado el elevado número de captadores de agua y vertedores de sustancias contaminantes ilegales, por lo cual no se cobran tasas por utilización del agua y retributivas.

Las cosas se agravan porque, además de que el agua podría acabarse, en muy pocas localidades la gente puede tomar agua de los acueductos sin preocuparse. Esto es posible, por ejemplo, en Montenegro (Quindío), Sabaneta (Antioquia) y Cajicá (C/marca). En las poblaciones restantes, al usarla directamente de los grifos se pone en riesgo la salud (ver gráfico o cifra).

Las cosas van al extremo de que la Defensoría del Pueblo está sugiriendo la declaratoria de una emergencia sanitaria en 29 localidades donde el agua no tiene viabilidad sanitaria, algunas de ellas turísticas como La Vega (Cundinamarca) y Ráquira (Boyacá).

En ese grupo también están Argelia (Antioquia), Regidor y San Jacinto (Bolívar), Timbiquí (Cauca), Miraflores (Guaviare), Floridablanca (Santander) y Majagual (Sucre).

El estudio analizó las opciones que tiene el país para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), uno de los cuales busca reducir a la mitad, para el 2015, el porcentaje de personas sin agua o saneamiento.

Según la Defensoría, Colombia avanzó en la cobertura de acueducto en las cabeceras municipales, hecho visible en 304 municipios. Sin embargo, se estima que con la ampliación de la cobertura de acueducto, 665 poblaciones más cumplirían el compromiso, apoyadas por los Planes Departamentales de Agua que lidera el Viceministerio de Agua.

No obstante, las zonas rurales de 528 municipios tendrían dificultades para el cumplimiento de ese objetivo.

Los racionamientos serían frecuentes en más de la mitad del país, si no se cuidan las fuentes hídricas. Entre las ciudades capitales, las que mejor agua suministran a sus habitantes son Medellín, Armenia y Bucaramanga. También Tunja, Cali, Barranquilla, Cúcuta y Yopal, que además muestran buenas coberturas en los servicios de acueducto y alcantarillado.

Popayán, Pereira y Bogotá D.C. son otras de las que sobresalen. Sin embargo, hay casos como los de San José del Guaviare (Guaviare), Mocoa (Putumayo) e Inírida (Guainía), que se destacan por distribuir agua que pone en riesgo la salud humana, a lo que se suma una baja cobertura en acueducto y alcantarillado. En Mitú (Vaupés) el líquido también es inviable sanitariamente.

PLANES EN MARCHA PARA LLEVAR AGUA A TODO EL PAIS

En un intento por frenar este problema, el país trabaja hoy en la implementación de los Planes Departamentales de Agua, que buscan construir acueductos y sistemas de alcantarillado en los 1.102 municipios.

Hay 292 proyectos terminados, 488 en ejecución y 207 por iniciar. La inversión total puede ascender a los 11 billones de pesos.

En pocas palabras, lo que han logrado estos planes es que las regalías que el Estado entrega a los municipios para que sean destinadas a saneamiento, finalmente no terminen gastándose en fiestas, remodelaciones de plazas o en contratos para pagar favores políticos, como siempre había ocurrido.

Y es que la corrupción en Colombia sobre el tema del agua ha llegado a niveles extremos. Un informe de la Procuraduría revelado el año pasado indicó que entre 1996 y el 2003 se desperdiciaron 11,7 billones de pesos que el Gobierno giró a los municipios para frenar los líos de saneamiento.

Según el Ministerio Público, si esos recursos se hubieran invertido adecuadamente, los más de 16 millones de colombianos que hoy no tienen agua la estarían recibiendo.

Además, el 95 por ciento de las poblaciones tendría alcantarillado, una obra que solo está disponible hoy para el 65 por ciento de ellas.

Ese desperdicio récord ocurrió porque el dinero para agua se guardaba en una partida que se llamaba ‘Propósito General’, que los alcaldes podían gastar en lo que querían. Como en Apartadó (Antioquia), donde usaron esa plata para reconstruir unos techos en la plaza de mercado.

Pero desde el 2008 esos recursos quedaron blindados y solo pueden destinarse a la construcción de un acueducto, de un alcantarillado o en perfeccionar la conducción del líquido a las viviendas. “Cada mandatario sabe el monto exacto que le va a llegar cada año para invertir en agua potable. Entonces, puede planear, endeudarse sobre cantidades exactas y pignorar o ‘hipotecar’ esos recursos.

Lograr esa transformación no fue un esfuerzo aislado o de un día. Primero, se tuvo que crear un viceministerio de Agua en el 2006 y reformar la Constitución Política para cambiar el funcionamiento del Sistema General de Participaciones, esto con el fin de que los dineros para agua y saneamiento llegaran a esta bolsa que funciona únicamente para aliviar la sed de la gente.

A esto se sumó la aprobación de un par de leyes más: la 1.151 y la 1.176, con la que se crearon los Planes Departamentales de Agua (PDA).

De ahora en adelante, ninguna obra de este tipo se hace aisladamente. Cada municipio o departamento (que también deben sacar dinero de sus presupuestos para hacer las obras) define sus prioridades y es asesorado para determinar cuáles son los trabajos más convenientes.

Las contrataciones son públicas, a través de procesos licitatorios, se publicitan por la web y son monitoreadas por la Procuraduría y la Contraloría, todo dentro de un programa llamado ‘Agua transparente: para que no se roben la plata del agua’.

AGUA GARANTIZADA EN VEREMOS

Desde el 2008 quedaron blindados recursos que solo pueden destinarse a la construcción de un acueducto, un alcantarillado o en perfeccionar la conducción del líquido a las viviendas. Cada mandatario sabe el monto exacto que le va a llegar cada año para invertir en agua potable. Entonces, puede planear, endeudarse sobre cantidades exactas y pignorar o ‘hipotecar’ esos recursos. Para ello se creó un Viceministerio de Agua en el 2006 y se reformó la Constitución para que los dineros para agua y saneamiento llegaran a una bolsa que funciona solo para aliviar la sed de la gente. El país está pendiente de una consulta popular el próximo año que garantice un consumo mínimo vital del líquido cuando la gente no pueda pagarlo.

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