Toma De Decisiones De Emisiones De Gases Efecto Invernadero

La preocupación por el medio ambiente, es generalizada alrededor de todo el mundo, pero son factores específicos, que definen la diferente manera de actuar y de poder establecer medidas, para la reducción de los GEI, en cada país, en cada comunidad y en cada sistema macroeconómico.

En primer lugar, es importante reconocer que las estructuras institucionales, las estructuras Económicas y las estructuras políticas existentes en los países difieren, y que la elección de Instrumentos políticos se hará en un entorno político. Como resultado, es probable que la capacidad de aplicar los diferentes instrumentos varíe según las naciones.

En segundo término, la adopción de cualquier instrumento internacional tendrá algunos efectos sobre la distribución de riqueza entre países, lo mismo que lo tienen los instrumentos nacionales sobre la distribución de riqueza dentro de ellos. Todos los instrumentos pueden conectarse, y probablemente haya que hacerlo, con medidas compensatorias como pagos suplementarios o asignaciones de permisos/cuotas específicos; entre instrumentos no hay diferencias a este respecto.

Los sistemas de permisos/cuotas negociables pueden concebirse para lograr objetivos de emisiones de GEI nacionales e internacionales. Para alcanzar determinado objetivo de emisión con un impuesto sobre las emisiones/carbono se requiere un ajuste del tipo impositivo por tanteo. Tanto en el sistema

fiscal como en el de permisos/cuotas negociables se supone el control efectivo y la aplicación forzosa y, si el convenio internacional no es global, una fuga de carbono insignificante.

Analizando un impuesto sobre GEI se conoce el tipo impositivo, pero el efecto sobre las emisiones es incierto, y los efectos de distribución pueden conocerse o no. En cambio se tienen datos de que un sistema de permisos negociables tiene un efecto conocido sobre las emisiones, pero los precios de los permisos y los efectos de la distribución a través del comercio son inciertos.

Un sistema de impuestos nacionales armonizado puede abarcar un acuerdo sobre transferencias internacionales financieras compensatorias, así como sobre los ajustes necesarios para compensar las diferencias en las estructuras fiscales preexistentes. Para que un sistema de impuestos nacionales armonizado sea eficaz es imprescindible también que los participantes no puedan aplicar políticas que aumenten indirectamente las emisiones de GEI, sino no serviría de nada el esfuerzo hecho.

Un sistema de cuotas negociables permite a cada participante decidir la política nacional que aplicará. En la asignación inicial de cuotas entre países se abordan consideraciones de distribución, pero no pueden conocerse previamente con exactitud las consecuencias exactas de la distribución, pues el precio de las cuotas sólo se conocerá una vez iniciada la negociación. En un sistema de cuotas negociables, las emisiones globales resultantes se conocerán con seguridad en el caso de un acuerdo

global, y las fugas netas de carbono, en el de un acuerdo no global.

Siempre una imposición es más difícil de ser aceptada, por una comunidad que un incentivo, al menos esa es nuestra percepción y creo que no solamente esta regla aplica para esta materia ambiental; sino para todos los ámbitos de la vida; pero desde la misma concepción del Protocolo de Kyoto y otros tratados se ha manejado de esta forma y cada vez se ha ido mejorando pues, si bien es claro, el Protocolo de Kyoto, aún con sus Mecanismos, no es perfecto; ha marcado una pauta para empezar el camino sobre el cuidado del medio ambiente.

El Protocolo de Kioto no sólo establece compromisos, sino que ofrece a las Partes la posibilidad de utilizar los denominados Mecanismos de Flexibilidad ó Mecanismos, las cuales son manejadas como

herramientas que pone a disposición de los países que han adquirido compromisos cuantificados de reducción o limitación del crecimiento de sus emisiones de gases de efecto invernadero para ayudar al cumplimiento de los mismos, incurriendo en el menor coste posible y contribuyendo también a otros objetivos generales como es avanzar hacia el desarrollo sostenible en los países más pobres.

Si bien no hay que perder el objetivo, de reducir las emisiones; las empresas no pierden su objetivo primario que es “ hacer dinero”, por lo que siempre las adecuaciones o medidas que se tengan a favor del cambio climático, deben ser costeables, aunque su impacto sobre el ambiente no sea tan ambicioso como se espera.

Hasta la fecha, los objetivos ambientales se han ido marcando mediante la implantación de las denominadas medidas “command and control”, es decir, por regla general, estableciendo normas de obligado cumplimiento que fijan los objetivos a alcanzar en términos de umbrales, límites, o estándares permitidos. Las medidas de mercado otorgan mayor flexibilidad tanto a los países como a las empresas, permitiéndoles ampliar el abanico de opciones disponibles para alcanzar objetivos ambientales, pudiendo acudir a los mercados de carbono en sus distintas formas con la finalidad de abaratar los costes que supondría tener que acometer con medidas tecnológicas o de gestión sus obligaciones ambientales.

Si bien un gran paso es la concientización, que está dando el mundo, aunque en algunos países con mayor auge que en otros, sobre el cuidado al medio ambiente, a través de un desarrollo sostenible cualquier esfuerzo en la medida de las posibilidades económicas, políticas e institucionales de la región o país, apuntan a que haya un resultado visible en las emisiones de GEI mundiales.

Sin embargo, este punto entra en una controversia, hay una postura muy acertada por WEITZMAN (1974) en la cual expone que, cuando los costes de reducción de las emisiones son inciertos, la superioridad en términos de eficiencia de controlar las emisiones vía precios o vía cantidades va a depender de las elasticidades de las funciones de costes y beneficios respecto de los incrementos en el nivel de control.

En el caso concreto de las emisiones de GEI, estamos en presencia de contaminantes stock, es decir: las variaciones anuales en las emisiones de GEI no tienen una incidencia inmediata en el cambio climático. Eso, en términos de elasticidades, se traduce en que los costes marginales de reducción son más sensibles a las variaciones en los niveles de control que los beneficios marginales derivados de

la limitación de emisiones. Por lo tanto es preferible optar por el control por la vía de los precios que establecer restricciones cuantitativas. Esta ha sido una de las fuertes críticas que se ha dado al Protocolo de Kyoto.

Sin embargo, existen argumentos adicionales, aplicables al caso concreto del problema del efecto invernadero, es de especial relevancia el hecho de que desconocemos qué grado de concentración de GEI en la atmósfera desencadenaría mutaciones peligrosas en el sistema climático. Desconocemos, si las alteraciones climáticas que se están produciendo ya son meramente coyunturales o si están estrechamente ligadas a los niveles alcanzados de concentración atmosférica de GEI.

En un contexto de incertidumbre, un error en la estimación de los costes marginales de reducción conduciría, si se está aplicando una medida de corrección vía precios, a incurrir en un coste marginal social medido en términos de daño ambiental, que sería elevadísimo, porque el daño ambiental podría

devenir irreversible. En conclusión los parámetros que esta manejando el Protocolo de Kyoto, no se puede asegurar que sean del todo confiables y no toman en cuenta variables que no están determinadas o que hoy en día son inciertas y que en realidad no se les puede poner una “tarifa” o un “precio”, como se ha venido haciendo.

De ahí nuestra pregunta sería ¿Cuál es el instrumento de escala más adecuado en términos de coste-efectividad para lograr ese objetivo?. Será aquel de cuya aplicación resulte que se igualen los costes marginales de reducción entre las distintas fuentes emisoras.

Y en un contexto de incertidumbre son los instrumentos basados en la generación de incentivos, es decir, impuestos y permisos negociables, los que consiguen igualar los costes marginales de reducción entre fuentes, y no así la aplicación de medidas de regulación y control directos en cada fuente emisora.

Desde nuestro punto de vista crítico no reconocemos que el comercio de permisos negociables sea la mejor herramienta de control , e esto significa que sea discutible, de hecho suelen hacérsele multitud de críticas, que se exponen y descartan por las siguientes razones:

- El comercio de emisiones supone reconocer el derecho a contaminar.

En realidad lo que pretende el comercio de emisiones es incentivar reducciones sin sacrificar crecimiento económico, o lograrlo al menor coste económico posible, de la manera más rentable.

Además, de un correcto análisis de la naturaleza y funcionamiento del régimen de comercio de emisiones se desprende que es perfectamente compatible con el Principio “Quien Contamina Paga”, porque precisamente reconoce un valor económico ,al esfuerzo reductor, o a las conductas más limpias, valor que se materializa en el precio que se paga en el mercado por los permisos, es decir, por cada tonelada que se pudo emitir pero no se emitió.

Permitir vender en el mercado los permisos excedentarios supone reconocer valor al beneficio ambiental y convertirlo en un activo financiero. Y por otra parte, a quien se excede en su cuota de emisiones, es decir, a quien

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