Derechos de los Pueblos Indígenas

Derechos de los Pueblos Indígenas

La lucha histórica por los derechos de los pueblos y comunidades indígenas ha sido compleja. La tendencia ha cambiado en la percepción de los derechos humanos. Los derechos individuales han sido tradicionalmente el eje sobre el que se entienden y fundamentan los derechos, pero con el desarrollo del pluralismo jurídico y la multiculturalidad se ha ido formulando una visión que articula el alcance y la importancia de la protección de los derechos de carácter colectivo, que son locales. y el apoyo a los derechos humanos de las personas, ya que el ejercicio efectivo de los derechos individuales depende del respeto y protección de los derechos colectivos.

Algunos de estos derechos son: los culturales y territoriales, derecho a la identidad, a la educación, a la salud, y al idioma, derecho a no ser discriminado con motivo del origen o identidad indígena, derecho a la libre determinación, a la propiedad intelectual, a conservar y reforzar sus propias instituciones, derecho a la consulta previa, libre e informada, y a decidir las prioridades para el desarrollo, por mencionar algunos.

A pesar de los avances que ha tenido nuestro país en el reconocimiento de los derechos humanos generales y específicos de los pueblos indígenas, sus condiciones sociales se han perpetuado por siglos de extrema pobreza multidimensional, segregación en cuanto al acceso efectivo a la jurisdicción estatal, desterritorialización y constante migración. Todavía están en peligro de desaparecer, reconstruirse y dar un nuevo sentido a su identidad y formas de entender el mundo. Sus luchas no pueden ser separadas de su contexto y condiciones nacionales. En la actual crisis inmanejable, los referentes son la desigualdad, la violencia y la falta de seguridad jurídica (Martínez y Haro, 2015).

Pueblos Indígenas y territorios

Los pueblos indígenas de México actualmente corren el riesgo de perder el control de sus territorios históricos debido a las concesiones de varios megaproyectos de infraestructura y la extracción a gran escala de recursos naturales, incluidos los de importancia estratégica para el país, en virtud de la reforma legislativa impulsada por el gobierno mexicano. Se llevó a cabo la gestión arbitraria de la administración anterior. La privación del agua, los bosques, los bosques, los minerales, la biodiversidad y los recursos energéticos significa la privación del conocimiento, el acervo genético y la tecnología que son su patrimonio cultural tradicional. Esto significa un nuevo tipo de colonialismo interno autoritario caracterizado por violaciones sistemáticas de los derechos humanos, corrupción e impunidad. Asistimos a la desintegración de la maquinaria constitucional basada en el derecho y el interés público, que es la justificación para entregar la soberanía estatal al libre mercado (Martínez y Haro, 2015).

De igual forma manifiestan que las reformas neoliberales obligaron a la inversión privada a ceder el control sobre tierras públicas y recursos estratégicos. Los pueblos indígenas son el grupo más vulnerable al desplazamiento y desplazamiento forzado, a pesar de reconocer que su patrimonio biocultural es un pilar esencial e incluso estratégico de la soberanía nacional. La reciente Carta Magna y las reformas legislativas secundarias han abierto el camino para el exceso de capital y la injerencia empresarial transnacional y las relaciones no jurisdiccionales, y se han establecido pocos mecanismos efectivos para garantizar las garantías de los derechos humanos.

La importancia del territorio como condición de identidad colectiva y sustento de los pueblos indígenas de México ha sido enfatizada desde una variedad de perspectivas superpuestas. La tierra es un elemento esencial a la hora de pensar la vida colectiva. Refleja no solo apropiaciones económicamente productivas o relaciones utilitarias, sino también construcciones pragmáticas y cosmológicas complejas. Su territorio encarna la idea de un patrimonio colectivo, aceptado de manera absoluta, exclusiva y permanente, porque se transmite de generación en generación, por lo tanto indivisible e inalienable, convirtiéndolo en un patrimonio en propiedad. Se diferencia de la propiedad privada en que es insustituible; es un edificio simbólico homogéneo con referencias a la ascendencia y la identidad étnica, que describe una historia ancestral compartida arraigada en tierras y recursos colectivos. Su valor cultural es fundamentalmente diferente de su valor de producción o comercial debido a su significado único. Es un campo de reproducción material y cultural que constituye su práctica y jurisdicción autónomas (Boege, 2008).

Los territorios indígenas de México han sufrido diversas reorganizaciones, desde las comunas y parroquias urbanas, las iglesias y fortalezas en el período colonial hasta las libertades reformadas y las comunidades campesinas a expensas de la vulnerabilidad local en el siglo XIX. Como resultado de las reformas agrarias de la Revolución Mexicana, las tierras nativas se dividieron en ejidos, haciendas comunales y pequeñas haciendas comunales e individuales. Las recientes reformas neoliberales han preparado el escenario para la facilitación de la expropiación y el desplazamiento de ciudades y comunidades, como lo demuestra la Ley de Minería propuesta de 2005, la Ley de Reforma Energética de 2013 y la Ley de Agua Pública de 2015. Las reformas neoliberales impidieron el reconocimiento territorial local porque permitieron que la tierra de propiedad social (ejidos y comunidades) se convirtiera en una mercancía y circulara libremente en el mercado para ventas, arrendamientos, asociaciones y otras prácticas comerciales (Martínez y Haro, 2015).

Aproximadamente 14.9 millones de mexicanos se autoidentifican como indígenas (INEGI, 2010). Aunque subregistrados, son el grupo con los peores resultados de salud y acceso a los servicios en las estadísticas disponibles; la mitad de los niños no asisten a la escuela y los que tienen las tasas de deserción más altas tienen dificultades para acceder a la justicia debido a la brecha lingüística. niños que más migran en las condiciones más precarias, aun cuando forjan fuertes lazos a través de las fronteras locales e internacionales, marcando lazos políticos y económicos con sus comunidades de origen que se manifiestan en resistencia. Los perfiles epidemiológicos actuales sugieren que la situación es peor tanto para las enfermedades rezagadas como para las emergentes (Haro y Martínez, 2015).

Legislación

Uno de los derechos más demandados de los pueblos y comunidades indígenas es la seguridad jurídica en sus territorios, incluyendo la propiedad, manejo, protección y uso de los recursos naturales. Además, también incluye la protección de los derechos de propiedad intelectual y el patrimonio colectivo en el conocimiento tradicional en estas áreas. Para ello, se señala que su territorialidad, a diferencia de otros núcleos campesinos, constituye no sólo una reivindicación colectiva de derechos, sino también una condición irreductible para su existencia y continuación y es un importante organizador de la vida social, expresando la relación entre el individuo y la sociedad, a menudo con sus sistemas regulatorios y en relación con las regulaciones nacionales, como la interpretación y aplicación de la ley ambiental y de tierras, donde los reclamos subyacentes están en tensión con los derechos territoriales reconocidos internacionalmente (Martínez y Haro, 2015).

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