Administrativo

1. ANALISIS JURIDICO DEL DECRETO EJECUTIVO QUE MODIFICO EL ARTICULO 47 LITERAL K DE LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO.

Art 47

La reforma al reglamento de la Ley de Servicio Público, emitida mediante decreto ejecutivo preocupa a los trabajadores públicos, pues consideran que atenta contra sus garantías laborales. Para los juristas, la compra obligatoria de renuncias no tiene cabida legal, mientras que los gremios de servidores públicos a más de interponer una demanda Constitucional, anuncian movilizaciones.

El decreto 813 es inconstitucional. Así, califican juristas y trabajadores públicos al documento que rige desde el 7 de julio pasado como una reforma al reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), pero a su criterio lo que hace es violar la Constitución porque lo que reforma es la ley, y un reglamento no puede cambiar una norma orgánica; además, contradice las garantías laborales.

Tanto la Ley de Servicio Público, como su reglamento general son relativamente nuevos. La una rige desde octubre de 2010, cuando fue aprobada en la Asamblea; y el otro, desde abril de este año. Pero el decreto, nace por la “imperiosa necesidad de introducir reformas inmediatas al Reglamento General, según el decreto Ejecutivo, “con la finalidad de ajustar los preceptos legales que tal norma prevé”.

La polémica surge, porque en este documento se incluye un artículo innumerado que establece la obligatoriedad de la compra de renuncias con indemnizaciones: “Las instituciones del Estado podrán establecer planes de compras de renuncias obligatorias con indemnización conforme a lo determinado en la letra K del artículo 47 de la Losep, debidamente presupuestados”.

Todo esto, “en virtud de procesos de reestructuración, optimización o racionalización”, de las instituciones. Se precisa además que los servidores públicos deben cumplir obligatoriamente con esos procesos aplicados por la administración.

La Losep estipula en su artículo 47, literal k, que una de las causas para cesar en funciones, o sacar de su cargo a un servidor público es la compra de renuncias con indemnización, pero no dice nada de obligatoriedad; y es con esta palabra que se pretende reformar, mediante reglamento, una ley Orgánica, dicen los abogados.

Según el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, el decreto es totalmente legítimo y constitucional pues es potestad de la administración pública la compra de las renuncias, de acuerdo al artículo 147, numeral 13 de la Carta Magna, que dice que es atribución del Presidente de la República, expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes.

Pero a criterio de los abogados, el Ejecutivo y el ministro no han tomado en cuenta la segunda parte de ese mismo numeral, que especifica que esta atribución no puede contravenir ni alterar las leyes. “El decreto no puede cambiar o subsanar una ley orgánica, está violando la ley y la Constitución”, afirma el constitucionalista Hugo Landívar..

Con él concuerda Miguel Puente, especialista en derecho laboral, quien indica que esta regulación, excede el contenido de la Ley. “Al establecerse a través del decreto una figura de la compra de renuncias obligatoria, estaría básicamente vulnerándose el derecho a la estabilidad de los trabajadores”.

Por esto, los trabajadores agremiados, introdujeron una demanda ante la Corte Constitucional el 7 de agosto pasado. Con ella, esperan detener el proceso de compra de renuncias obligatorias, pues si su denuncia es acogida se pueden dictar medidas cautelares que detendrán el proceso de compra.

Para los trabajadores esta compra obligatoria, no es más que una forma de disfrazar un despido intempestivo.“Eso es un despido, hay que ser claros. Ninguna renuncia puede ser obligada por nadie, la renuncia como su concepto mismo lo dice es un acto voluntario”,

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