Alimentacion

Siendo el derecho a la alimentación un derecho humano universal, reconocido y tutelado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en 1966, y en el caso de México, amparado por tratados regionales como el Protocolo de San Salvador de 1988, mismo que fue elaborado a rango constitucional mediante a la norma suprema del país mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 13 de Octubre del 2011, proponemos extender sus alcances reformando las constituciones locales que obligue a las entidades federativas a garantizar sus alcances a toda la población en forma inmediata y en su proceso gradual acorde con la implementación y asignación de recursos irreductibles que reduzcan al máximo posible este problema. Siendo el municipio la célula básica dotado de un régimen jurídico y nueva estructura administrativa, además de ser la primera puerta publica del ciudadano y socialmente el eslabón más cercano al poder, sugerimos replantear que en --- a la propuesta anterior se adicionan las leyes y establecimientos de gobernación de gobernanza municipal que incorpora obligaciones legales para tutelar y garantizar en primera instancia el derecho humano a la alimentación y se destine como medida garantista un porcentaje determinado del presupuesto municipal integrado para ese fin, que constituya una política pública obligatoria coherente destinada al propósito de coadyuvar en la precisión del recurso en beneficio de la población objetiva.

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A efecto de implementar, distribuir, operar, supervisar, localizar y en su caso ubicar responsabilidades por la inaplicación o desviación de los recursos públicos destinados a la alimentación como derecho público -- se propone crear la fiscalía por el derecho a la alimentación con autonomía del poder público y designar a su titular mediante un amplio proceso de consulta pública derivado de una ley específica que regule su funcionamiento.

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Con el propósito de consolidar y agrupar el derecho humano a la alimentación como una política pública integradora como compromiso moral. El estado mexicano deberá relanzar la Cruzada Contra el Hambre mediante un acuerdo nacional incluyente que disperse obligaciones hacia los 3 niveles de gobierno con enfoque direccional a las reformas legales que impliquen las figuras constitucionales, creación de instancias administrativas y asignaciones presupuestales que respondan a los pactos y convenciones internacionales en su propósito universal de atender este fenómeno.

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La eficacia que los distintos programas de asistencia

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