Declaracion De Asusencia Y Muerte Presunta

INTRODUCCIÓN

Una verdadera Reforma de los actores procesales en la capacitación de los jueces el personal judicial y los abogados para los peruanos es aquella que examina lo que está mal, conserva lo que se hace bien y presenta en detalle los cambios imprescindibles para lograrla. Se ha tratado este tema por un período de casi once años, siempre actualizando los indicadores judiciales, pero insistiendo en los grandes y por ello difíciles cambios a seguir.

Hoy no cabe duda que cualquier reforma seria debe ser conocida por la ciudadanía para que pueda discutirla y luego asumir la necesidad de apoyarla. Desde luego, las discusiones técnicas en torno a la presentación de una reforma redundarán en beneficio de la misma, especialmente si todo ocurre antes del período de improvisación pre-electoral.

El Perú, a pesar de su crecimiento económico, continúa graves déficit en temas judiciales empezando por los actores procesales que son la parte importante en un proceso transparente y efectivo. Los indicadores están mejorando, pero se mantiene una desorganización institucional que mantiene al Sector cautivo en el siglo pasado con procesos muy engorrosos, abogados con falta de ética profesional con operadores del derecho ineficientes por los bajos sueldos que reciben, jueces que no interpretan adecuadamente la norma y la gran mayoría de Fiscales sin experiencia en el ámbito de investigar delitos comunes y complejos. El Perú profundo tiene hoy más que nunca, un desesperado hambre de una Justicia justa eficaz y no corrupta, especialmente allá en los últimos recónditos de los Andes o de la Amazonía donde la justicia y las leyes son escasas. Si algún mendrugo asistencial les llega, es desprovisto de toda modernidad y orden, gracias a nuestra característica improvisación.

Por lo expuesto, insistimos en la imperiosa necesidad de una Reforma judicial que demandará profundos cambios administrativos y en la conciencia de los abogados así como un decidido reordenamiento legal, todo lo cual tiene que acompañarse de considerables desembolsos económicos. La gran valla a superar es la resistencia de aquellos que emplean su poder político y económico para perpetuar la injusta soledad del pobre, acostumbrado a recibir con cuentagotas lo que se les ofrece como "Justicia para todos".

Para lograr una mejor comprensión de un tema tan complejo, presentados con orden y con información absolutamente verificables. En cada capítulo se revisa la situación actual del tema, seguida de una crítica constructiva y las medidas correctivas pertinentes.

Se deja constancia de que toda propuesta es susceptible de mejorarse. Esto se consigue mediante un diálogo técnico y honesto, desprovisto de ambiciones políticas y de poder. Lo que es inaceptable es mantener un status quo atrasado en el tiempo, irresponsable y a espaldas de la comunidad.

a) FUNDAMENTACÍON

El Plan de Desarrollo Institucional

En la actualidad, el Poder Judicial se encuentra en un proceso de cambio estructural.

Desde una perspectiva institucional, este retoma los lineamientos básicos de la propuesta global de política de justicia, señalados por la Comisión Especial de Estudio del Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus), el Acuerdo Nacional por la Justicia (ANJ), el Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial y los Congresos Nacionales de Magistrados.

Dichos lineamientos han sido debatidos y analizados ampliamente por jueces de todos los niveles con la finalidad de establecer una ruta estratégica que evidencie tanto las particularidades del Poder Judicial como la contribución que sus propios miembros pudieran hacer a la reforma del sistema de justicia. En este sentido, el Plan de Desarrollo Institucional del Poder Judicial trasciende su función de marco estratégico y se convierte en un modelo de gestión integral que apunta al objetivo de una reforma integral del sistema de administración de Justicia

La Gestión dentro del Poder Judicial

Los cambios que se han suscitado en el Poder Judicial se encuentran directamente relacionados con su gestión institucional. Esta se ha visto determinada por tres sucesos fundamentales: (i) el cambio de enfoque en la planificación; (ii) la inaplicabilidad de la herramienta de gestión utilizada; y (iii) la reforma del sistema de administración de justicia.

El primero ha sido el paso de una gestión basada en la consecución de objetivos a una basada en la obtención de resultados. De hecho, el enfoque de planificación utilizado en los últimos años dentro del sector público ponía especial énfasis en los objetivos que una institución debía alcanzar y priorizaba el su cumplimiento en acciones inmediatas. En ese sentido» un proceso de cambio, entendido como una reforma total de la estructura programática y operativa, se veía restringido, pues su horizonte temporal se limitaba al ámbito de lo inmediato.

Este enfoque se refleja en el instrumento de planificación utilizado en el sector público durante los últimos años, cuya orientación se expresa en el articulo 1° de la Ley del

Sistema Nacional del Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento

Estratégico (ley 28522): instrumento técnico de gobierno [...] orientado y ordenado por acciones necesarias para lograr objetivos estratégicos»- Sin embargo, en los últimos años se ha venido impulsando la gestión por resultados en diferentes instituciones del Estado, en los que se ha enfatizado los efectos de todo proceso de planificación en la Institución, así como los del contexto dentro del cual interactúa. Este enfoque se encuentra en concordancia con los planteamientos de cambio o reestructuración dentro del Poder Judicial.

El segundo, relacionado con el primero, se ha dado por tres razones fundamentales: en primer lugar, la falta de representatividad de la herramienta utilizada, que no ha favorecido que los diversos actores del Poder Judicial se identifiquen con ella, en segundo lugar, la falta de articulación entre los diferentes componentes, que ha impedido visualizar el grado en que las acciones realizadas se correspondían con los objetivos generales: y, finalmente, la poca claridad con que se ha visualizado la jerarquía entre los 30 componentes, que ha impedido la priorización de las acciones. El tercero ha sido el mencionado proceso de reforma en el cual se encuentra inmerso el Poder Judicial, una de las instituciones centrales del sistema de administración de justicia. Su desarrollo ha partido de un análisis minucioso que ha permitido la identificación de la real situación de sus Instituciones, por un lado, y del rol que estas deben cumplir en el mencionado proceso, por el otro. De este modo, se ha podido establecer lineamientos estratégicos de acción o de política que sean adecuadas a sus particularidades.

En definitiva, estos sucesos han generado la necesidad de repensar la gestión institucional del Poder Judicial y han llevado a la propuesta de un modelo que posea características fundamentales como la integralidad de sus partes y la articulación de sus diferentes áreas y dependencias.

Un Modelo de Gestión Articulado

Sobre la base a lo expuesto, la apuesta del Poder Judicial se concentra en un modelo de gestión orientado a resultados que promueva:

(i) La sinergia de los diversos actores involucrados, pues la planificación implica un proceso político y de negociación entre los actores y grupos que participarán de su ejecución. De hecho, la finalidad de modificar la estructura organizacional debe tener en cuenta el conjunto de correlaciones de fuerzas y relaciones de poder que se dan al momento de tomar decisiones y definir perspectivas.

(ii) La cohesión de los medios y acciones que responde a la planificación, pues ellos se encuentran directamente relacionados con el objetivo final. En esto, ellos son los que procuran el horizonte o ruta del quehacer de la institución.

(iii) La respuesta a principios básicos sobre los que se sostiene; es decir, aquellas directrices identificadas por la CERIAJUS, y el ANJ. Estas lo enmarcan y que constituyen la política transversal de Justicia, en base de la cual se definieron los Objetivos Generales del Poder Judicial.

POLITICA TRANSVERSAL DE JUSTICIA 19 ESTRATEGIAS

Acceso a la Justicia

Las estrategias de las políticas transversales establecidas determinan los Objetivos

Generales (cambios o efectos esperados). Estos responden a necesidades expresas del Poder Judicial y, por ende, el logro de los mismos representa el cambio que se espera en la institución. Sus contenidos se detallan a continuación:

•OBJETIVO GENERAL 1:

Mejoramiento del acceso a la justicia:

Ello implica la necesidad el Poder Judicial por ofrecer al ciudadano un servicio eficiente, eficaz, efectivo y oportuno. Para ello, busca consolidar la estructura básica y facilitar el acceso a los mismos.

•OBJETIVO GENERAL 2:

Fortalecimiento de la Gestión Institucional:

Se relaciona con la consolidación de todos los procesos de estructuración institucional. Su objetivo es lograr una gestión moderna y eficiente que responda a las demandas existentes. Se encuentra íntimamente relacionada con la oferta de servicios de calidad.

•OBJETIVO GENERALES 3:

Lucha contra la corrupción:

Se refiere a la imagen del Poder Judicial en la efectividad para detectar casos de corrupción. A través de la transparencia,

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