Derecho Financiero

DESARROLLO DEL TRABAJO ACADEMICO

PREGUNTAS A DESARROLLAR:

1.- Haga una reseña histórica de la actividad financiera en el Perú en los últimos 40

Años.- Explique. ( 3 puntos.)

Los últimos 50 años de historia republicana nos muestran una sucesión de diferentes regímenes políticos en el Perú en la que independientemente del modelo de desarrollo utilizado se ha observado la presencia de casos de corrupción que han afectado la gobernabilidad del país. Son ejemplos de lo anteriormente expuesto; la construcción de cárceles durante el gobierno de Belaúnde, el dólar MUC , la adquisición de los Mirage y el lavado de dinero en Ocoña Street durante el primer gobierno de García, la compra de los medios de comunicación y congresistas, el pago de CTS a Montesinos, la adquisición de los MIG 29 durante los gobiernos de Fujimori, el tráfico de influencias durante el gobierno de Toledo; la compra de patrulleros y el caso BTR durante el segundo gobierno de García.

A continuación adjunto una tabla resumen que demuestra lo que sucede cuando los mecanismos de control no funcionan adecuadamente y los medios de comunicación no proveen la visibilidad necesaria.

Cuadro resumen de los Índices de Percepción de la Corrupción (IPC) 1998 – 2009.

Fuente: Transparencia Internacional

Elaboración: Propia

Paradójicamente, si nos dejáramos llevar por los guarismos que muestran la tabla adjunta llegaríamos a la conclusión que los últimos tres años del segundo gobierno de Alberto Fujimori han sido lo menos corruptos de los últimos once años de la historia del Perú, sin embargo, los vladivideos y los procesos judiciales llevados a cabo demuestran exactamente lo contrario.

Otros factores

Los índices macroeconómicos del Perú muestran un crecimiento que lo ubica entre los pocos países que han logrado salir en positivo de la última crisis financiera internacional. Es evidente que para asegurar este crecimiento ha sido necesario no sólo crear un clima propicio para las inversiones extranjeras, sino también, incrementar el gasto de capital.

Dentro de esta política que busca asegurar una inversión rápida en infraestructura identificamos por lo menos cuatro mecanismos que aún cuando aseguran una mayor velocidad en la inversión, sin embargo, crean también situaciones de riesgo que sin un adecuado control son un potencial caldo de cultivo para la corrupción.

Decretos de Urgencia

Los decretos de urgencia son el mecanismo por excelencia utilizado por el Ejecutivo para asegurar la aplicación rápida y sin trabas de alguna política en particular. Se aplica cuando es necesario legislar en forma inmediata con respecto a temas cuya discusión en el congreso tomaría meses e inclusive años y que por su necesidad necesitan de una solución urgente.

Ejemplos de estos son las decenas de decretos emitidos durante la actual gestión con respecto a la firma del TLC con los Estados Unidos de América o aquellos que exigían una solución apropiada para evitar caer dentro del hoyo sin retorno de la crisis financiera internacional.

Así tenemos que, sólo para dar un ejemplo, el Ejecutivo promulgó el DU 047 – 2008 mediante el cual se limitan las opiniones previas que por ley corresponden emitir a un conjunto de instituciones de control horizontal y en particular a la Contraloría General de la República permitiéndole a esta última solamente pronunciarse sobre la versión final de los contratos de concesión.

Adquisiciones de bienes y servicios llevados a cabo fuera de los alcances de la Ley de Adquisiciones del Estado

Son múltiples las organizaciones internacionales que ofrecen este servicio a cambio de un porcentaje del monto gestionado, entre las más conocidas tenemos a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional de Migraciones (OIM). De esta forma, los entes, en su mayoría gobiernos locales, evitan los controles que puedan desarrollar la OSCE y la Contraloría General de la República. La OEI ha sido vinculada en los medios de prensa con el caso BTR y la OIM es conocida por ser la entidad que maneja buena parte de los recursos destinados a las mega-construcciones que realiza la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Otra modalidad bastante difundida son las llamadas compras internacionales y en particular las llamadas compras de gobierno a gobierno. Éstas, están básicamente dirigidas a la compra de armamento y por su naturaleza no gozan de publicidad.

Núcleos Ejecutores

Permite asegurar una mayor inversión en infraestructura. Responde a la inacción por parte de los diferentes niveles de gobierno regional y local, que aún, cuando gozan de recursos monetarios son incapaces de ejecutarlos.

Al hacerse directamente las transferencias a los llamados núcleos ejecutores que están conformados por los presuntos interesados en la infraestructura que se va a construir se genera una capacidad de gasto que si no es debidamente fiscalizada podría terminar en una sobrevaluación de precios en la adquisición de insumos necesarios para la construcción de las obras que se planean desarrollar.

Descentralización

El proceso de descentralización si bien es cierto es una excelente barrera contra la corrupción es eficiente si y sólo si se goza de los cuadros competentes. En un país que carece de un Servicio Civil profesional la transferencia de competencias sin evaluación previa, vale decir, sin un programa de acreditación que haya evaluado adecuadamente a los diferentes niveles de gobierno, lo único que generará son mayores riesgos en el uso eficaz, eficiente y económico de los recursos del Estado y una falta de credibilidad que a la larga afecta directamente a la gobernabilidad.

Asimismo, observamos la existencia de otros factores que podrían favorecer la aparición de casos de corrupción:

Complejidad de los procedimientos administrativos

La simplificación administrativa permite asegurar la prestación de servicios públicos de una manera rápida de manera que se satisfagan las necesidades del ciudadano y evitando procedimientos innecesarios que generen cuellos de botellas que finalmente podrían convertirse en focos de corrupción.

Lastimosamente, a la fecha, no se observa un trabajo sostenido de la unidad de la PCM encargada de evaluar y fiscalizar la optimización de los procedimientos dirigidos a satisfacer las necesidades de los ciudadanos en los diferentes niveles de gobierno.

Ausencia de un ente encargado de la evaluación de proyectos de ley y lobbies

No hay una institución, entre las que desarrollan control horizontal, que tenga entre sus funciones la evaluación de los proyectos de ley cuya aprobación podrían generar situaciones que favorezcan la corrupción, asimismo, aun cuando existe una norma que regula los lobbies, son pocas aquellas organizaciones que registran sus actividades de cabildeo, de hecho, el caso BTR mostró que sólo una empresa cumplía con informar acerca de las reuniones que mantenía para impulsar sus intereses.

Ausencia de una formación educativa anticorrupción

No existen directivas de uso obligatorio a nivel de las entidades educativas que describan y normen cuáles son los temas que se deberán abordar en los diferentes niveles de educación (desde nivel inicial hasta el superior) y tampoco aquellas que normen los programas de capacitación en materia de lucha contra la corrupción que deben ser seguir los empleados de los sectores público y privado. Así tenemos que, por ejemplo, cada institución de educación superior genera su propio programa de ética, si es que lo considera necesario, el cual no responde necesariamente a un programa desarrollado de acuerdo a una estrategia nacional que busque asegurar la disminución de los índices de corrupción.

A manera de solución

De lo anteriormente expuesto, se infiere que para lograr una efectiva lucha contra la corrupción es necesaria, la participación activa y autónoma de las instituciones encargadas del control horizontal, de los medios de comunicación y el público en general, así como, la generación de políticas que permitan un trabajo interinstitucional ágil, que evite la preponderancia de las posiciones que buscan delimitar la acción de las instituciones mediante la aplicación de conceptos de trabajo en forma de “estancos”. Esta nueva forma de trabajo asegurará la generación de sinergias de grupo.

Existe un conjunto de convenios internacionales que el Perú ha suscrito, entre ellos la Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas que fue adoptada en 2003 que exige a sus miembros no sólo asegurar la especialización en temas de lucha contra corrupción de las instituciones encargadas de velar por el orden sino también establecer organismos especializados en la prevención de la corrupción.

Para lograr una efectiva lucha contra la corrupción se debe asegurar que las instituciones encargadas de prevenir, investigar y juzgar estos actos gocen de la independencia y autonomía apropiadas para el correcto desempeño de sus funciones, que estén libres de todo tipo de influencia, que tengan los medios legales suficientes para obtener evidencias, que puedan proteger a las personas que colaboran con las autoridades y preservar la confidencialidad

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