Desarrollo Sostenible
vacar9 de Mayo de 2013
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Dilemas Ambientales de la Gran Minería en Colombia
German I. Andrade1, Manuel Rodríguez2 y Eduardo Wills3
Revista Javeriana, Junio de 2012. Número 785. Tomo 148. Año de Publicación 79,
páginas 17-23.
Introducción
La minería es una de las cinco “locomotoras” de la política de crecimiento con
prosperidad del gobierno de Juan Manuel Santos. La gran minería de carbón y
níquel se inicio hace décadas, y recibió impulso con el Código Minero de 2001. Una
vez terminado el gobierno del Presidente Uribe se inició una polémica sobre costos
ambientales y sociales, al hacerse pública la otorgación caótica de títulos, el
cuestionamiento de las retribuciones que recibe el Estado, y las debilidades
institucionales. A partir del 2008 el debate se acentuó con los proyectos de La
Colosa en Cajamarca, y el rechazo a la minería en el páramo de Santurbán. La
minería de carbón a cielo abierto en el Cesar también ha sido objeto de
cuestionamiento, por su huella ecológica y el sucio embarque del producto en Santa
Marta y Ciénaga. Igualmente se ha desatado un debate en torno a la minería ilegal,
que en algunas ocasiones se convierte en criminal.
Los representantes de la gran minería están respondiendo a las críticas con una
propuesta de responsabilidad y competitividad para el sector. Claudia Jiménez,
Presidenta del gremio, dijo: “Colombia necesita la minería para impulsar su
crecimiento, pero requiere una minería responsable y competitiva, que no solo
cumpla las leyes nacionales, sino que vaya más allá e incorpore estándares
internacionales. Es lo que hacen las 13 empresas del Sector de la Minería a Gran
Escala, que se agruparon bajo nuestro nuevo gremio.”4. Sin embargo, como lo
señalaran los ministros de minas y medio ambiente en el congreso de minería a
gran escala (Cartagena, Febrero de 2012), resulta inaceptable que haya todavía
empresas formales que violan la normatividad minera y ambiental. El Presidente
de Cerrejón dijo: “La dicotomía entre minería y medio ambiente es falsa cuando se
hace minería en forma responsable. Está demostrado que en Colombia hacer
minería responsable sí se puede. Basta con preguntarle a CorpoGuajira, a las ONG
serias que sí conocen el territorio, al Ministerio del Medio Ambiente. Pero no hay
peor ciego que el que no quiere ver.”5 Con todo, el Informe de la Contraloría
General de la Republica (Informe GCR) muestra que el asunto no sería solo de
buena vista, autoproclamación de responsabilidad o seriedad en el sector
1
Profesor
Facultad
de
Administración,
Universidad
de
los
Andes.
Miembro
del
Concejo
Científico
del
Instituto
Alexander
von
Humboldt.
2
Profesor
Titular,
Facultad
de
Administración,
Universidad
de
los
Andes.
Ex
ministro
del
Medio
Ambiente
y
Presidente
del
Foro
Nacional
Ambiental.
3
Profesor
Titular,
Facultad
de
Administración,
Universidad
de
los
Andes.
Experto
en
gerencia
organizacional
y
mediciones
del
bienestar
subjetivo.
4Claudia
Jiménez.
“Sí
se
puede”
en
El
Tiempo,
17
de
Julio
del
2011
5
León
Teitcher.
“No
hay
peor
ciego...”,
en
Portafolio
diciembre
23
de
2011.
2
ambiental. La complejidad ecológica y social del país, y la limitada gestión
ambiental del sector, hace que las dicotomías que se han planteado entre minería
legal o ilegal, o entre responsable o no, sean necesarias pero insuficientes para
entender los grandes retos que el país enfrenta con esta “locomotora” en marcha
en el territorio.
Pasivos ambientales
En las actuales circunstancias, la sociedad no está preparada para una decisión
balanceada entre lo que quiere ganar y lo que está dispuesto a perder, en parte por
el escaso conocimiento de los pasivos ambientales mineros PAM escasamente
conceptualizados y gestionados6. Para la CEPAL “el concepto de pasivos
ambientales es algo poco conocido y desarrollado en América Latina y el Caribe”
(CEPAL, 2008, 5). Los PMA han sido definidos como “aquellas instalaciones,
efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones
mineras, en la actualidad abandonadas o inactivas y que constituyen un riesgo
permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y
la propiedad.”7. A propósito de la encuesta realizada a las CAR por la CGR, el ente
de control señala “la insuficiente noción que sobre dicho tema tienen esas
entidades” y, añade, “es particularmente inquietante que Ingeominas, como
principal autoridad minera, no cuente con un inventario, siquiera preliminar, sobre
los pasivos ambientales mineros en el país. Además preocupa que el Ministerio del
Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial haya afirmado que “no es posible
hablar en Colombia de pasivos ambientales de la minería debido a que como tal no
existe esa figura” (CGR, 2011, 184). El tema tiene que ver con la forma como se
cierran las minas, que en el país son muchas veces simplemente abandonadas, lo
que requiere una normatividad especifica. En principio la mitigación y remediación
deben exigirse a quienes la explotaron, pero muy frecuentemente el Estado acaba
teniendo la responsabilidad por los mismos.
La falta de conocimiento básico sobre los efectos de la minería también impide
aproximar un balance adecuado. Dice la CGR: “de conformidad a la información
suministrada por Colciencias, en Colombia, entre el año 1988 y 1998 se realizaron
solo cinco investigaciones por diferentes universidades y co-financiadas por este
instituto, en tanto que entre 2000 y 2010 se realizaron 22 investigaciones”. Hay
que precisar que buena parte de estas estaban referidas a tecnologías y uso
industrial de minerales, y muy pocas para temas sociales y ambientales de la
minería. Señala la CGR: “A este respecto, se solicitó información a los gremios del
sector, de los cuales no se obtuvo respuesta alguna sobre estudios y evaluaciones
originados por ellos sobre la actividad.8”. Igualmente señala la CGR que no se
cuenta con evaluaciones científicas independientes sobre impactos sociales y
ambientales de la minería. No solo los costos ambientales y sociales de las
actividades mineras se deben evaluar, sino que es necesario que los PMA sean
6
En
el
informe
de
la
CGR
se
incorpora
una
tabla
en
que
se
clasifican
y
describen
los
pasivos
ambientales,
pág.
149.
7
Presidencia
del
Perú.
Ley
nº
28271
que
regula
los
pasivos
ambientales
de
la
actividad
Minera.
8
Informe
CGR,
págs.
180--181.
3
conceptualizados adecuadamente. Se ha dicho que estos costos son “ocultos”,
aunque muchos son más que evidentes, o “externalidades” que se encuentran
dentro del inmediato entorno. Pero tampoco los beneficios de la minería resultan
claros, o son al menos cuestionables en relación con los costos. Los montos que
recibe el Estado están por debajo de las inversiones para reparar los daños, como
las inversiones del el Distrito Capital en la restauración de las riberas del Río
Tunjuelo.
Algunos dilemas
Recientemente el gobierno colombiano, en un intento por manejar la minería,
definió “Áreas con Potencial Mineral para Minerales Estratégicos” (que no incluyes
carbón), y que están ubicadas en la región andina, Chocó biogeográfico, Sierra
Nevada de Santa Marta y parte de la Amazonia. Con las zonas estratégicas mineras
así definidas surge la pregunta acerca de los compromisos generados sobre otros
bienes ambientales. Entre ellos la biodiversidad, pues es claro que la minería a
cielo abierto en gran escala genera pérdidas netas que no pueden ser
compensadas. En Chocó Biogeográfico -una de las zonas con mayor riqueza de
especies del mundo- se han otorgado títulos y se prospectan otros, lo cual además
detonará deforestación con efectos regionales. En la Amazonía
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