En Colombia, la economía se ha visto supeditada a los costos de la guerra

En Colombia, la economía se ha visto supeditada a los costos de la guerra, a causa de cinco décadas del conflicto de violencia armada, lo cual ha debilitado el sector político, y en gran medida el sector económico. Sin embargo, el panorama para el país, después de la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC convendrá en la participación de todos los grupos de la población con el fin de reactivar la economía en alzas de inversiones extranjeras, en el fortalecimiento de la producción alimentaria y agropecuaria, y en el flujo de las actividades del comercio exterior (Galeano, Gil, & Ruiz, 2016). En este sentido la economía y la política, elementos transversales dentro de los acuerdos de paz, tienen un amplio compromiso en el reto de construir paz desde los microcontextos, e involucrar a todos los sectores poblacionales en la materialización del Posconflicto.

El posconflicto se entiende como el proceso en el que los hechos violentos y actos terroristas en relación con el conflicto armado interno disminuyen en comparación  a años anteriores, es decir, el término se refiere a la situación de un país después de la terminación del conflicto. El posconflicto no es la garantía de una paz estable, es un momento propicio en el que la disminución de los actos de guerra pueden dar cabida a espacios para la construcción de la paz desde los territorios (Galeano, Gil, & Ruiz, 2016).

Devia & Niño (2015) plantean que en el posconflicto se debe pasar de una economía de guerra a una economía para el desarrollo, que integre las necesidades económicas y sociales, que promulgue políticas públicas acordes a las situaciones que enfrenta el país después de la terminación del conflicto; esto implica un análisis del sistema económico y político que determinó la creación del grupo armado ilegal, de igual manera, entraña la atención a situaciones conflictivas que pudieran provocar crisis, y posiblemente, recaer en un nuevo conflicto armado.

Se considera entonces una relación inminente entre el posconflicto y la economía del país, haciendo alusión a las conclusiones de Galeano, Gil, & Ruiz (2016) en relación a los costos producidos por la defensa en el conflicto interno; por lo tanto, el contexto del país en el posconflicto de acuerdo a un ámbito deseado y positivo en el sector económico pudiera producir el aumento del Producto Interno Bruto, la inversión de los recursos utilizados en la salvaguardia del país en el gasto social, tendiendo a un ámbito que garantizaría el desarrollo económico y social, produciendo beneficios y oportunidades en la sociedad civil.^[a][b]

De acuerdo con lo anterior, para la recuperación económica y para la inversión en el capital social se necesita del papel de las empresas privadas, tal como argumenta Devia & Niño (2015), si bien la empresa privada en los Acuerdos de Paz no toma un papel protagónico por que se disminuye la importancia de la inversión en el ámbito privado, encontrándose asistencia económica y técnica en los apoyos y ayudas de agentes internacionales. ^[c]No obstante, el sector privado puede contribuir al tránsito de la guerra hacia el progreso, en la creación de estructuras de mercado e inversiones favorables, por ejemplo para generar oportunidades de empleo y  ampliar la cobertura de servicios públicos, reconstruyendo de esta manera el capital social.

El Acuerdo de Paz y los compromisos plasmados en éste son la fuente indispensable para la reconstrucción del tejido social, por lo que se presentan 4 dimensiones que proyectan la inversión privada para fortalecer el proceso de transición y el desarrollo a escala humana, estas dimensiones provienen de acciones que puede generar el sector privado para contribuir al desarrollo y el crecimiento económico.

La primera dimensión comprende^[d] que la reinserción de los ex guerrilleros y la gran ola de desplazamiento forzado ha provocado y provocará que el desempleo aumente, por lo que la incorporación de éstos en el sector productivo, y a su vez, la solución al incipiente^[e] conflicto entre la posesión de los recursos de la tierra, actuando como agente estabilizador^[f], son primordiales para el fortalecimiento de lo establecido en el acuerdo.^[g] Como segunda dimensión se encuentra el aspecto de la infraestructura, con la provisión de servicios públicos para mejorar las condiciones de los pueblos afectados por el conflicto, la reconstrucción o mejoras en las vías de transporte, con menor inversión dado los altos costos requeridos^[h], y la dinamización del mercado para las transacciones internacionales. Para referirse a la consolidación de la reputación y confianza en lo público, la tercera dimensión alude al diseño de políticas más incluyentes que brinden oportunidades para disfrutar de bienestar y buen vivir, el fortalecimiento lo realiza la inversión privada como parte de la planeación y veeduría, con el fin de comprometer las acciones del ámbito público en garantías para los ciudadanos y ciudadanas. La última dimensión es la consolidación institucional, y tiene que ver con una serie de acciones que permitan a la población acceder a servicios básicos y brinden la seguridad de una autoridad presente^[i] (Devia & Niño, 2015).

Al referirse al posconflicto y a la construcción de paz se tienen en cuenta los múltiples esfuerzos y las estrategias que se han mencionado anteriormente, para la consolidación de actos que promuevan la paz y rechacen la violencia, no obstante, es indispensable que el proceso de construcción de paz determine como principio básico el respeto a los derechos humanos y por ende a la dignidad humana, y ello se logra  a través de la práctica de una ética que contemple valores mínimos que permitan convivir en armonía y convivencia. ^[j]

La promoción de los derechos humanos en relación con el sector privado^[k], además del papel en la inversión social y desde la responsabilidad social empresarial, ratifica el rol como agentes de la sociedad que emprenden desde sus principios y valores empresariales buenas prácticas entre sus empleados y en su área de influencia. Este aspecto, sustenta la percepción de la empresa privada más allá del lucro o maximización del beneficio económico, por otro lado permite concebir una organización comprometida con el fomento de una ética empresarial que integre un clima organizacional y un entorno favorable para el desempeño de las actividades de sus empleados, y el cumplimiento de objetivos sociales que aporten a la construcción de paz (Ochoa-Cubillos, Vanegas-Carvajal, & Arizabaleta-Domínguez , 2017)

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