Incerlink El Caso

Diez años después: La actualidad del caso Inverlink

El 30 de enero la Corte Suprema confirmó el fallo que condena a la Municipalidad de La

Pintana a restituir más de 500 millones de pesos a Corfo. Es la primera de 27 demandas civiles

que encuentra fallo definitivo, después de una década de investigaciones. En conversación

exclusiva con El Mercurio Legal, el Fiscal de Corfo anticipa lo que viene en el caso.

Jueves, 21 de marzo de 2013 a las 9:00 | Actualizado 9:00

Renato Garin

El Fiscal de Corfo, Marco Antonio Riveros, relata los detalles del caso Inverlink con particular meticulosidad. Ha

estudiado los antecedentes a cabalidad y ha sido una de las prioridades de su gestión desde que asumió el cargo en

2010: “Estábamos ante un plan delictivo complejo que involucraba distintas aristas pues el acelerado crecimiento del

grupo no se basó en una buena administración, sino en un conjunto de acciones ilícitas y delictuales”.

Corfo ha destinado a cuatro abogados para abordar el tema y, desde 2010, sus funciones se han enfocado en acelerar

los procedimientos y concentrar las investigaciones. “En varios procesos hemos pedido que se acumulen los

cuadernos, lo que permite darle celeridad a la tramitación y acortar los plazos”, explica Alfonso Toledo, subgerente

legal de Corfo quien ha estado dedicado al asunto desde que ingresó a la institución en 2010.

Diez años han pasado desde que se conociera la primera hebra del caso, detonado por la querella presentada por

cohecho y violación a la ley de delitos informáticos, por robo de información del mail del entonces presidente del

instituto emisor, Carlos Massad. Los correos electrónicos eran interceptados por su secretaria, Pamela Andrada, quien

los enviaba a Enzo Bertinelli, gerente de la corredora. “Aquí hay un episodio digno de una novela, pues el delito se

descubre porque la secretaria digita mal el apellido de Bertinelli, el mail rebota y Massad descubre que su cuenta era

utilizada para robar información privilegiada”, relata Marco Antonio Riveros.

Lo que vino después fue la sustitución del modus operandi. Al detonar el escándalo en el Banco Central, los clientes de

Inverlink concurrieron a solicitar sus bienes, produciéndose una “estampida financiera”. “Para entonces, febrero de

2003, el pasivo de Inverlink era de $5.000 millones aproximadamente”, detalla Benjamín García, abogado de Corfo

dedicado tiempo completo al caso. “La solución ideada por Monasterio para poder cumplir con sus obligaciones

financieras fue radical pues, ante la falta de liquidez procedió a contactar a un ejecutivo de Corfo para conseguir

documentos por más de $48.000 millones los que fueron vendidos a través de dos corredoras de bolsa”, relata García.

Luego de descubrirse este nuevo delito, detonó la investigación por diversas aristas jurídicas: civiles, penales,

tributarias y administrativas.

En lo civil, el 30 de enero de 2013 la Corte Suprema pronunció un fallo contra la Ilustre Municipalidad de La Pintana.

Esta se enmarca en la estrategia judicial según la cual Corfo dedujo una acción contra el provecho del dolo ajeno

contra 27 personas naturales y jurídicas, basándose en el inciso segundo del artículo 2316 del Código Civil.

En la resolución del 30 de enero el máximo tribunal del país confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel

obligando al municipio a pagar más de $520 millones. “Esperamos que esta sentencia marque un camino para el resto

de los procesos civiles”, sostiene Marco Antonio Riveros.

De prosperar las 26 demandas restantes, la entidad estatal podría recuperar $50 mil millones, producto de accione

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