LA POLÍTICA SOCIAL EN LA TRANSICIÓN MEXICANA*

LA POLÍTICA SOCIAL EN LA TRANSICIÓN MEXICANA*

Freddy Mariñez Navarro**

ALGUNAS IDEAS INTRODUCTORIAS

El objetivo de este trabajo es presentar el desarrollo de las políticas sociales y ubicarla en el contexto de la transición. En este sentido partimos de las siguientes afirmaciones:

1.- las políticas sociales no son más que el brazo social del Estado;

2.- todo impacto de la globalización en las políticas sociales pasa por el impacto de ésta en la equidad.

Al hablar de bienestar hacemos cuenta de dos elementos importantes: la pertenencia y la necesidad. Como dice Michael Walzer “la pertenencia es importante porque es lo que los miembros de una comunidad política deben unos a otros , a nadie más el mismo grado. Émile Durkheim, sociológo francés dejó claro en su paradigma del pensamiento social, la moral del bienestar mediante un contrato estimado en lo que él denominó la solidaridad orgánica: la moral en la educación, el altruismo, esencia de la solidaridad orgánica, los servicios de ayuda mutua en las asociaciones ocupacionales y otros tipos de lazos de solidaridad. De lo que se trata entonces, es justamente una comunidad política para el bien de la previsión, y una previsión para el bien de la comunidad. Filósofos como Juan Jacobo Rousseau creían que los ciudadanos deberían amar a su país, y por tanto, que su país debería darles razones especiales para ser amado. La pertenencia como la afinidad es una razón especial. En este sentido, el Contrato Social es un acuerdo para llegar con otros individuos a decisiones sobre los bienes necesarios para la vida en común, y después para proveernos unos a otros de esos bienes. Por eso es que el bienestar exige un esfuerzo común, un vínculo moral.

La justicia distributiva en la esfera del bienestar y la seguridad, al decir con Michael Walzer, posee un doble significado: en primer lugar, se refiere al reconocimiento de las necesidades, en segundo lugar, al reconocimiento de la pertenencia. Así, todos los ciudadanos pueden invocar el derecho a la vida, tal como lo expresó Thomas Hobbes, que no es más que la demanda a los recursos de la sociedad para la simple subsistencia.

Concebimos el Estado como una estructura de acción colectiva que se constituye como una sistema de poder. Es fenómeno, efecto y hecho de poder. En tanto construcción humana la acción colectiva entonces regula y crea poder para permitir a los ciudadanos cooperar en la empresa colectiva. Esta concepción es lo que da sustento a la función distributiva del Estado.

En su afán por explicar el bienestar, muchos autores lo han hecho vinculado al Estado. De allí el concepto de Estado de Bienestar (Welfare State) que autores como Morris Janowitz, Harold Wilensky, Richard Timuss, T.H Marshall, Patric de Laubier, John Rex, Asa Briggs, entre otros, han tratado de estudiar sobre todo en los países industrializados. Por eso este tipo de Estado es definido como…

“un estado en el cual el poder organizado es usado deliberadamente (por medio de la administración y la política) en un esfuerzo por modificar el juego de las fuerzas del mercado en por lo menos tres direcciones: primero, para garantizar un mínimo de ingresos individuales y familiares independientemente de los valores del mercado de su trabajo o de su pobreza; segundo, para estrechar la amplia inseguridad y posibilitar reunir ciertas “contingencias sociales” individuales y familiares (por ejemplo; vejez, desempleo y enfermedad), la cual guía de otra manera la crisis individual y familiar; y tercero, para asegurar que todos los ciudadanos sin distinción de estatus o clases le sean ofrecidos los mejores “estándares” válidos en relación a un cierto rango de servicios sociales” (Asa Briggs, 1961:228).

En nuestra región, a diferencia de los países industrializados, nunca hubo un Estado de bienestar social. Lo que predomina en nuestra región es lo que podríamos denominar un Estado de “malestar social”. De esta manera, “un Estado así debe transformarse democráticamente en uno capaz de acoger los anhelos de los sectores marginalizados, excluidos, y de los sectores que, si bien están integrados en la sociedad, requieren una distribución más justa del ingreso” (Fernando Henrique Cardoso, 1997: 9).

Los procesos de transición democrática en América Latina están vinculados inevitablemente a los de la reforma del Estado y, por ende, a los cambios institucionales. La historia ha demostrado en los últimos años, sobre todo en la década de los 90, que en el marco de esta vinculación se viene presentando un deterioro social en los países de la región que ha incidido grandemente en los procesos de reforma del Estado y de transición democrática . Por una parte, se ha avanzado en transiciones que tienen que ver con reformas electorales, económicas, políticas, pero cada día vemos que los niveles de desigualdades en América Latina son cada día mayores. No es casual que este continente sea considerado a nivel internacional como la región con los más elevados niveles de desigualdad. El Banco Mundial, por ejemplo, ha estimado que esta región tiene la más pronunciada disparidad en los ingresos de todas las regiones en desarrollo en el mundo. Se parte que este proceso de desigualdad y, por ende, de inequidad en la región se ha profundizado por la fragilidad institucional en el área social.

En consecuencia, este trabajo apunta a hacer un análisis de la relación entre la reforma del Estado y las políticas sociales en México en el marco de la transición. En este sentido, partimos de la siguiente interrogante: ¿Ha contribuido en México el proceso de transición democrática y de reforma del Estado a la transformación de su política social?

BREVE HISTORIA DE LA POLÍTICA SOCIAL EN MÉXICO

Las Políticas Sociales en los gobiernos postrevolucionarios

Hablar de la política social en México, nos remite a centrarnos en dos momentos históricos muy diferentes. El primero, el de antes de la apertura, signado por un estilo de patronaje estatal y que se caracterizó por más de 40 años, por ser el producto de la puesta en marcha de los derechos constitucionales que motivaron el proyecto de país de los gobiernos posrevolucionarios. De esta manera, el Estado se situó en el centro de la sociedad para promover el crecimiento económico con un control centralizado, bajo la potestad de ser el garante del desarrollo y de la justicia social. Derivándose así, que el propio concepto de política social debería partir de una racionalidad más política que social o económica.

Conforme el país fue definiendo su estrategia económica en los años 40 - y se reformuló el consenso del gobierno y los grupos organizados relevantes -, y dado que la propia Constitución proveía un marco de reformas sociales representado por los artículos 27 y 123, el mencionado dilema “crecer o repartir”, se mantendría latente para los actores políticos. “Cuando a finales de los 50s se evidenció un intenso proceso de industrialización y urbanización, el crecimiento se convirtió claramente en la finalidad del desarrollo aunque el dilema que ello planteaba frente a la sociedad no desaparecía para los tomadores de decisiones” (Guillermo Trejo y Claudio Jones; 93:160).

Es importante subrayar que durante el proceso de modernización y, por ende, de industrialización, se instaló en el país el paradigma asegurador, que permitió crear las bases de los principios de la seguridad social con la intención de reducir las incertidumbres en el seno de la población trabajadora. Este principio de justicia que caracterizó al Estado mexicano, a partir de los años 30, se manifestó con la puesta en marcha de un Sistema de Seguridad Social , compuesto por el IMSS , que cubre cinco ramos de seguro, tales como el de riesgo de trabajo, el de enfermedades y maternidad, el de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, el de guarderías, y el de retiro. El ISSSTE, organismo público y bipartita, que tiene como objetivo otorgar servicios de seguridad social a los trabajadores al servicio del Estado, y que ofrece el régimen de seguros y servicios siguiente: seguro de enfermedad y maternidad, seguro de riesgo de trabajo, seguros de jubilación, invalidez, muerte y cesantía, seguro de retiro, prestaciones sociales y culturales, servicios para el bienestar y desarrollo infantil,, prestaciones económicas, servicios funerarios y servicios para jubilados y pensionistas. La empresa estatal de petróleos (PEMEX), que desarrolla un sistema de seguridad social muy particular a todos sus trabajadores, al igual que las Fuerzas Armadas Nacionales.

Este legado asegurador, más el aval histórico-legal constitucional, generaron, durante el periodo de Luis Echeverría (1970-1976), y López Portillo (1976-1982), un leve ascenso del gasto social. Durante el período del primero, auspiciado por la puesta en marcha de la ideología nacionalista estatizante que incidió tanto en las áreas de producción, distribución y de servicios, incluida aquí la beneficiencia. Y en el transcurso del segundo periodo, incentivado por el auge petrolero, en el que se creyó en una riqueza no provocada por el trabajo sino por la gracia divina del subsuelo. Así, según el Plan de desarrollo de López Portillo, “..el petróleo lleva al fortalecimiento del Estado, el cual aumenta su capacidad para conducir el desarrollo de acuerdo a las prioridades sociales definidas en la estrategia e induce, con pleno respeto a las libertades económicas que consagra la Constitución, comportamientos económicos

...