La Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia

La Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia, OIDH-ACO

y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, CCEEU

con el apoyo de los parlamentarios europeos

Jens HOLM (Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica - GUE/NGL),

Raül ROMEVA (Grupo Verdes - Verts/ALE),

Richard HOWITT (Grupo Socialista Europeo - PSE)

Josu ORTUONDO LARREA (Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa - ADLE)

Declaran:

Después de 12 años de haberse celebrado la primera Conferencia Internacional, registramos con enorme preocupación que la crisis de derechos humanos colombiana siga siendo una de las más agudas del mundo. La continua ocurrencia de violaciones graves, masivas y sistemáticas de los derechos humanos y su impunidad no sólo cuestan vidas humanas, sino que obstaculizan la vigencia del Estado social de derecho, impiden seriamente la construcción de un régimen democrático y dificultan la superación de una sociedad desigual y excluyente. Así mismo, la persistencia de un conflicto armado interno cada vez más degradado profundiza la crisis de derechos humanos porque afecta principalmente a la población civil. Además, el paramilitarismo representa una grave amenaza para la democracia en Colombia.

Todos los grupos combatientes son responsables de graves infracciones al derecho humanitario. En particular, los grupos guerrilleros continúan perpetrando secuestros. Es casi absoluta la impunidad en que quedan los graves crímenes perpetrados por agentes estatales, paramilitares y guerrillas. Además, las medidas adoptadas por el Estado colombiano favorecen la impunidad en lugar de combatirla. Así sucede con el proceso entre el Gobierno y los grupos paramilitares, que han sido beneficiados con un marco legal que no cumple con los estándares internacionales que protegen y buscan hacer efectivos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.

Escándalos recientes han dejado al descubierto que es creciente la paramilitarización de la sociedad y las instituciones colombianas. Es cada vez más evidente que los vínculos históricos entre agentes del Estado y paramilitares han intervenido el Estado a muy altos niveles. Las estructuras paramilitares, que han sido responsables directos del desplazamiento forzado de millones de colombianos de sus tierras, mantienen control militar en varias regiones del país, han ampliado su influencia política, ejercen control sobre diversas e importantes actividades económicas, y continúan usufructuando las posesiones usurpadas mediante las armas.

Consideramos que la vigencia de la democracia en Colombia está directamente ligada a la realización de los derechos humanos, a la solución política negociada al conflicto armado interno, al fortalecimiento del Estado social de derecho y a la conquista de la equidad. En ese sentido, exhortamos al Gobierno de Colombia y a la comunidad internacional a atender los siguientes llamados:

1. El Gobierno de Colombia debe adoptar todas las medidas adecuadas para desmantelar efectivamente las estructuras militares, políticas y económicas del paramilitarismo, y

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