Paz Y Libertad

El Estado se instituye por voluntad de sus ciudadanos y para la protección de los mismos y de los suyos. Eso es lo que reza el artículo 39 de nuestra Constitución y es el modo en el que todos los Estados del mundo deben justificarse. Si, de acuerdo con ese artículo, la soberanía reside en el pueblo y éste decide crear el Estado, a nadie se le ocurriría que quiere dar vida a una potencia enemiga que lo va a esclavizar o a limitar en sus derechos. La nacionalidad, haber nacido como parte de la nación mexicana, y la ciudadanía, volverse miembro con plenos derechos del pueblo mexicano, el cuerpo político que crea al Estado, no dependen del Estado creado, sino de su creador, el pueblo mediante el pacto fundador.

De acuerdo con este principio, según la letra y el espíritu del 39, la nacionalidad no la otorga el Estado creado, sino la Nación, que es el conjunto de los individuos que han nacido de ella o en su territorio o se han ligado a ella y lo decide el pueblo fundador. Si se está de acuerdo con ello, la nacionalidad es un derecho que no puede perderse jamás. Se adquiere de tres modos: por haber nacido de connacionales; por haber nacido en el territorio de la Nación, o por haber decidido unirse a esta nación. Pero está claro que, en ningún caso, puede perderse ni ser objeto de excepciones. El pueblo mexicano no permite (y su Constitución lo establece) ninguna excepción a este principio. El artículo segundo dispone, incluso, que cualquier extranjero esclavo que venga al territorio nacional alcanzará la libertad y la protección de su Constitución y de sus leyes. El Estado nace para proteger y garantizar la nacionalidad.

La ciudadanía está ligada en todo momento a la nacionalidad, con independencia de cómo ésta se adquiera y, como ella, no puede perderse. En esto la doctrina sufre de innumerables confusiones. La ciudadanía puede ser limitada e incluso suspendida, pero perderla significaría la anulación de lo instituido en el artículo 39. No ejercer los derechos ni cumplir con las obligaciones que implica la ciudadanía no debería significar perderla. Si se incurre en violaciones de la ley, es el mismo estatuto de ciudadanía el que obliga a pagar por la falta; pero deducir de ello que la ciudadanía se pierde va en contra del espíritu protector de nuestra Carta Magna. El delito de traición a la patria siempre ha sido dificilísimo de tipificar como tal y, cuando se comete, se debe pagar por él; pero sostengo que ello no implica perder la ciudadanía.

Es lamentable que la Constitución esté llena de despropósitos y de pifias que a ningún legislador, desde 1857, le ha parecido sensato corregir. Mientras el artículo 38 impone que la ciudadanía se suspende por no cumplir con las obligaciones que dicta el 36, este precepto, por ejemplo, obliga a inscribirse en el catastro de la municipalidad dando cuenta de la propiedad u ocupación. A nadie se le ocurrió pensar en quienes no tienen propiedad ni ocupación cierta. También obliga a alistarse en algo llamado, desde 1857, “Guardia Nacional” y que jamás ha existido. Asimismo, votar en las elecciones (creo que en las recientes elecciones de Hidalgo más de la mitad de los hidalguenses tiene suspendida su ciudadanía).

Los derechos

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