Tribunal Constitucional de la República Dominicana

El deseo de todo país es llegar a ser completamente libre, soberano e independiente. La palabra soberanía tiene distintos significados históricos como defender lo que es nuestro, conquistar, colonizar, esfuerzo, sufrimiento. En el caso de la República Dominicana, no lo vemos como defender lo nuestro, sino como afirma el critico Amaury Ureña, “defender lo poco que nos queda, lo que nos han dejado”. El poder que tiene la República Dominica de decir que son soberanos no fue regalado, fue peleado y ganado.

Hace unos años, específicamente el 23 de septiembre del 2013, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana decreta la Sentencia 168-13 o mas bien conocido como el caso de Juliana Deguis Pierre. El mismo establece que toda persona nacida a partir del año 1929 en territorio dominicano de padres en situación de indocumentación o tránsito no les corresponde nacionalidad dominicana. Es decir le quitará nacionalidad a 5 generaciones de personas que durante 8 décadas fueron registrados como dominicanas, defendido por la Constitución y leyes vigentes.

Dicha sentencia se desata luego de que la señora Juliana Deguis Pierre deposita su acta de nacimiento original en el Centro de Cedulación en Yamasá, requiriendo la expedición de su cédula electoral y de identidad. Esta petición fue completamente rechazada, con el fundamento de que la misma fue inscrita de manera ilegal, siendo ella hija de nacionales haitianos ilegales. Juliana se sintió molesta al respecto, y afirmó que dicha negación violaba sus derechos, por lo que decide enfrentarse a la Junta Central Electoral. Como rechazo de dicho enfrentamiento, la jurisprudencia decide recurrir a sentenciarlo.

Esta situación ha creado revuelo tanto a nivel nacional como internacional, puesto que los afectados defienden fuertemente su argumento respecto a la violación de sus derechos humanos viéndose obligados abruptamente a abandonar su nacionalidad como “dominicanos”. Estos exigen que el país no tiene derecho a declararlos apátridas y obligarlos a declararse extranjeros, registrarlos como tal y a ademas deportarlos.

Cuando nuestro Tribunal Constitucional ratificó esta sentencia numerosos grupos sociales surgieron tanto en defensa del mismo como en contra. Estas diferencias resultaron en conflictos que con el tiempo fueron evolucionando hasta llegar a extremos violentos. Mientras un gran número de dominicanos defendieron dicha sentencia, muchos otros con ascendencia haitiana y afectados por los parámetros impuestos, han mostrado contrariedad hacia el mismo.

La idea de que los dominicanos que han optado por defender la sentencia 168-13 son nacionalistas es un punto de vista relativo., puesto que mayoría de los dominicanos que han tomado la posición defensiva sobre el tema son personas que ven en esto la oportunidad de que el gobierno dominicano pueda regularizar la entrada, nacimiento,

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