Dogmática Jurídica

A lo largo del presente ensayo, realizaré un estudio analítico de la situación jurídica y sociológico-política que guarda en la actualidad el Estado Mexicano, tomando como punto de partida algunas de las ideas vertidas en las obras literarias “Qué es el Tercer Estado” de Emmanuel de Sieyes y “El Mito del Estado” de Ernest Cassirer, puntualizando algunas críticas concretas y teniendo como eje rector el responder a la interrogante: ¿vivimos en un estado constitucional o de derecho?

Así las cosas, tomaremos como punto de partida la ideas contractualistas de la creación del Estado, pues resulta un hecho innegable que aún cuando la sociedad en la que vivimos los mexicanos del siglo XXI nos ha sido heredada, la finalidad última por la que se justifica “ontológicamente” la subsistencia de nuestro sistema estadual, consiste justamente en ese ideal de cesión de libertad a ese ente ficticio –un leviatán– a cambio de protección y bienestar general.

Asimismo será indispensable tener en mente que en México el 7.5 por ciento de la población pertenece a la clase alta, el 13.6 porciento a la media alta, el 18.8 porciento a la media, el 32.6 porciento a la media baja y el 27.5 porciento a la clase baja. Ello para no perder de vista la pluralidad de estratos sociales existente en México, y como veremos en subsecuentes líneas su consecuente influencia en la adquisición de “privilegios” o simple acceso a oportunidades de bienestar y dignidad humana.

Por otra parte, es menester que el lector considere la pluralidad de ordenamientos jurídicos existentes en México y las instituciones encargadas de la administración pública, de carácter legislativo –en el rubro internacional, a nivel federal y en cada entidad– así como aquellas de carácter jurisdiccional, de difusión y defensa de derechos fundamentales.

(http://dosismexicana.blogspot.com/2007/06/distribucin-de-los-niveles.html)

Sin embargo, resulta censurable que en México, los privilegios se encuentren justificados jurídicamente a nivel constitucional, para los servidores públicos de mayor jerarquía o con una posición estratégica dentro de la administración de pública, so pretexto de garantizar un mejor desempeño de sus respectivos empleos, cargos o comisiones, cual si fuera un requisito sine qua non el poseer una “blindaje” político, recibir sumas salariales estratosféricas u obtener prestaciones laborales innecesarias para el logro de un adecuado servicio público.

En este orden de ideas, resulta innegable que en nuestro país, al igual que en la Francia del siglo XVIII existen clases sociales privilegiadas que generan un grave desequilibrio normativo y por rompen con el esquema de igualdad previsto como principio toral para la cohesión ciudadana y la consolidación de un efectivo Estado de Derecho.

La administración pública y concretamente aquellos encargos que derivan de la elección popular, se han convertido en una de las clases sociales con mayor número de privilegios, constitucionales y legales, frente al resto de la sociedad; convirtiendo por consecuencia a los partidos políticos en trampolines hacia dichos niveles, desnaturalizándolos y alejándolos totalmente de su finalidad primordial -41constitucional-

Por otra parte, existen diversos factores que afectan la constitucionalidad en México. El primero de ellos, lo constituye el excesivo número de legislaciones reglamentarias existentes para cada precepto de nuestra norma fundamental, el segundo lo es la ilusoria rigidez de que se ha revestido –considerando las quinientas reformas hechas al texto constitucional hasta la fecha– so pretexto de adaptarse a las necesidades sociales y garantizar su permanencia; y finalmente el tercero, vinculado con la mediocridad legislativa de nuestro Constituyente Permanente.

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