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INTRODUCCIÓN

La contratación pública tiene una considerable importancia para la economía de una

nación. La contratación de bienes y servicios por organismos gubernamentales

proporciona los insumos necesarios que permiten a los gobiernos suministrar

servicios públicos y desempeñar otras tareas. Los sistemas de contratación pública

repercuten de forma significativa en el uso eficiente de los fondos públicos y, en

términos más generales, en la confianza pública en los gobiernos. El logro de una

buena relación entre calidad y precio, el acceso público a la información relativa a los

contratos públicos y las oportunidades equitativas para que los proveedores compitan

con miras a obtener contratos públicos, son requisitos esenciales de un sistema

eficiente de contratación pública.

[3]

Con base a lo antes planteado y dada la gran incidencia que las compras públicas

tienen en el gasto del Estado, resulta crucial que se promueva la transparencia en esos

procedimientos, no sólo para investigar y sancionar eventuales hechos de corrupción

sino también, y fundamentalmente, para prevenir que esos hechos sucedan. Así se

optimiza el gasto y se utilizan más eficientemente los recursos de los ciudadanos.

La finalidad de garantizar que las entidades obtengan bienes, servicios y obras de la

calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados establece las

consecuencias significativas para el desarrollo nacional, fortalece al sector privado,

articula la creación de nuevos puestos de trabajo y puede asimismo constituir un

importante instrumento de mejor distribución de riquezas.

Un proceso de contratación correcto contribuye a una sana competencia y

concurrencia en el mercado, estimula la iniciativa privada y fomenta el desarrollo

económico con equidad empresarial. A contrario, una adjudicación poco transparente o una realización insatisfactoria, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en

cada operación, atentan contra la competitividad y contra la igualdad de

oportunidades, en la medida en que unos cuantos privilegiados se favorecen en

perjuicio de innumerables oferentes de buena fe. [4]

El proceso de contratación pública de obras y servicios en Venezuela no escapa del

planteamiento anterior; este se rige por la Ley de Contrataciones Públicas la cual

tiene como objeto según su artículo 1:

“Regular la actividad del Estado para la adquisición de bienes, prestación de

servicios y ejecución de obras, con la finalidad de preservar el patrimonio público,

fortalecer la soberanía, desarrollar la capacidad productiva y asegurar la

transparencia de las actuaciones de los órganos y entes sujetos a la presente Ley, de

manera de coadyuvar al crecimiento sostenido y diversificado de la economía.”

La Ley de Contrataciones Públicas es una normativa orientada a otorgar mayor

transparencia y agilidad a los procesos de contratación, conservando los principios de

economía, planificación, honestidad, eficiencia, igualdad, participación y publicidad;

esta ley sustituye a la Ley de Licitaciones.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

El criterio

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