Natalio Botana El Orden Conservador (resumen De Los Capítulos 1 2 Y 3)

INTRODUCCIÓN

Hacia 1880 se resolvió un viejo conflicto: Bs. As., federalizada, fue Capital de la República. Poco tiempo después, Julio A. Roca ascendía a la presidencia. Treinta años más tarde (1910) Roque Sáenz Peña electo Presidente, ponía en marcha una reforma política que culminaría en 1916 con el fin del Régimen Conservador y la ascensión de la UCR al poder con Irigoyen en la presidencia.

El autor (Botana) ha procurado reconstruir en este texto una unidad histórica, que más adelante se denomina “régimen político del ochenta”, cuyos límites quedan trazados entre 1880 y 1916. La hipótesis que se defiende presenta la formación definitiva del Estado Nacional y del régimen político que lo hizo manifiesto, como un fenómeno tardío que sucedió a la guerra civil de la década del cincuenta y a las presidencias fundadoras de Bartolomé Mitre (1862-1868), Domingo F. Sarmiento (1868-1874) y Nicolás Avellaneda (1874-1880). Tuvo dos rasgos distintivos: la constitución de un orden nacional, al cual quedaron subordinados los arrestos de autonomía que, sobre todo, sobrevivían el Bs. As., y la fórmula política que otorgó sentido a la relación de mando y obediencia privilegiando algunos valores en detrimento de otros. El diseño de esta fórmula política proviene de una obra de Juan Bautista Alberdi. La “fórmula alberdiana” tradujo en 1880 una concepción del orden político que latía desde los albores de la organización nacional.

Los actores de la fórmula implantaron un principio de legitimidad, pusieron en marcha un sistema de dominación, lo conservaron, lo defendieron y hasta lo reformaron.

Durante dicho periodo, un cambio espectacular en la economía, la población y la cultura conmovió a la sociedad argentina. Los grupos dirigentes, escépticos y conservadores en el campo político, fueron liberales y progresistas ante la sociedad que se ponía en movimiento. “(…) Había que transformar el país pero desde arriba, sin tolerar que el alud inmigratorio arrancara de las manos patricias el poder (…). Su propósito fue (…) deslindar lo político de lo económico, acentuando en este último el espíritu renovador en tanto se contenía, en el primero, todo intento de evolución” (J. L. Romero. Las ideas políticas en Argentina).

La combinación de conservadorismo y liberalismo generó actitudes muchas veces contradictorias. La élite transformadora estaba convencida de la desigualdad que imperaba en la sociedad, pero le fue indiferente. Defendió con métodos criollos el control del poder político en manos de una clase social que se confundía con el patriciado y la aristocracia gobernante; creyó en la propiedad; jamás dudó del progreso; confió en la educación pública, común y gratuita. Sin embargo, la política se separó de más en más de la sociedad.

Se atravesaron momentos de sobresalto, violencia y negociación que no afectaron la perdurabilidad, durante tres décadas, de ciertos rasgos institucionales. Esta imagen del régimen político semeja un tipo ideal (Max Weber) capaz de imponer coherencia conceptual, generalizando, a un conjunto de acciones singulares. Se verá la importancia otorgada al control de la sucesión política que, en mayor o menor medida, impusieron los cargos ejecutivos más altos –presidentes, gobernadores y senadores- sobre el resto de la clase política que emprendía una actividad opositora. Este fenómeno de control se concentró sobre todo en la producción del sufragio mediante el fraude.

En el clima moral imperante se observaba una curiosa conjunción entre el optimismo que deparaba la confianza sin límites en el país, con la mala conciencia que nacía de compartir una tradición de falsedad política.

El desgaste del régimen obedeció a la acción de fuerzas sociales y movimientos ideológicos. La oposición intransigente, que no aceptó incorporarse al juego, constituía una amenaza. Las facciones que actuaban dentro de las fronteras del régimen se re-dividieron y enfrentaron. Estos acunaron la oposición interior. El régimen fue, desde entonces, oligárquico.

Había pasado el momento alberdiano cristalizado en Julio A. Roca. Ahora ocupaban el primer plano los reformadores: Roque Sáenz Peña, Indalencio Gómez, Joaquín V. González y Pellegrini. Éstos reformadores condensaron sus expectativas de cambio en una decisión legislativa, en una ley electoral. En poco más de medio siglo, si se toman las presidencias fundadoras, la Argentina transitó aceleradamente sobre las fases de la ciudadanía civil, política y social (Los tres conceptos de ciudadanía expuestos por T. H. Marshall). La Ley Sáenz Peña fue la última respuesta a esa pasión tenaz por el progreso.

PRIMERA PARTE: “LA FÓRMULA ALBERDIANA”

CAPÍTULO I: “LOS ORÍGENES DEL RÉGIMEN DEL OCHENTA”

Siete décadas no habían bastado para constituir una unidad política, ni legitimar un centro de poder que hiciera efectiva su capacidad de control a lo ancho y a lo largo del territorio nacional. La solución de tal problema habrá de alcanzarse por medio de la fuerza.

Tras estos hechos de sangre se escondía un enfrentamiento entre dos regiones que reivindicaban intereses contrapuestos: Bs. As. y el interior. Se trataba de una ciudad-puerto, asiento histórico del virreinato; y el interior, que cubría una realidad geográfica mucho más extensa, donde se erguían sistemas de poderes embrionarios, constituidos sobre la autoridad tradicional de caudillos, desde el Litoral hasta los llanos de La Rioja.

LA CONSTITUCIÓN DE UNA UNIDAD POLÍTICA

El monopolio de la violencia, el hecho por el cual un centro de poder localizado en un espacio reivindica con éxito su pretensión legítima para reclamar obediencia a la totalidad de la población afincada en dicho territorio, es la característica más significativa de una unidad política. (El concepto de monopolio de la violencia y el de obediencia son de neta raíz weberiana. Definía a la dominación como “la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas”, y al Estado como el “instituto político de actividad continuada, cuando y en la medida en que un cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente” – Weber, Max. Economía y sociedad). El autor ha denominado al proceso que da origen a la unidad política, siguiendo a R. Braun, reducción a la unidad. Por la vía de la coacción o por el camino del acuerdo, un determinado sector de poder adquiere control imperativo sobre el resto y lo reduce a ser parte de una unidad más amplia. Este sector es supremo; reconoce, en términos formales, una instancia superior; constituye el centro con respecto al cual se subordina el resto de los sectores y recibe el nombre de poder político (o poder central).

¿Qué medios posibilitarían llevar a cabo el proceso de reducción a la unidad? Las teorías clásicas hacen hincapié en el acuerdo o en la coacción. Para las teorías contractualistas, la unidad política resulta de un diálogo, o discusión, a cuyo término se alcanzará un consenso por el cual todos los participantes se obliguen voluntariamente a transferir parte de su capacidad se decisión a una autoridad común que, de allí en más, será obedecida. Para otro punto de vista la constitución de una unidad política es empresa de conquista y de coacción. La obediencia no se obtiene por la persuasión, sino por la violencia; no hay consenso voluntario sino acto de asentimiento.

Es excepcional observar una acción política donde los factores coercitivos o consensuales se presenten excluyéndose mutuamente. Ambos medios de transferencia de poder se manifiestan combinados con grados de intensidad variables.

Cuando Urquiza derrotó a Rosas en la Batalla de Caseros vio una forma de gobierno caracterizada por una descentralización autonomista según la cual las provincias se reservan el máximo de capacidades de decisión (expresión de Torcuato Di Tella). No contempló la posibilidad de transferir mayor capacidad de decisión a un poder político que fuera centro de una unidad política más amplia. Propuso un acuerdo pactado por los mismos gobernadores. Éstos se reunieron en la capilla de San Nicolás de los Arroyos a celebrar un pacto que los comprometía a celebrar un Congreso Constituyente para organizar políticamente a las catorce provincias. El consenso se quebró el 11 de septiembre de 1852: Bs. As. no aceptó transferir el poder que se reservaba, sobre todo en lo concerniente a la igualdad de representantes en el Congreso (dos diputados por provincia) y a la nacionalización de la aduana. Este rechazo se tradujo en la coexistencia armada, durante casi una década, de dos proyectos de unidades políticas: la Confederación con asiento en Paraná y Bs. As., que culminó con la victoria de esta última en la Batalla de Pavón (1861).

TRES PROBLEMAS BÁSICOS: INTEGRIDAD TERRITORIAL, IDENTIDAD NACIONAL, ORGANIZACIÓN DE UN RÉGIMEN POLÍTICO

Los presidentes posteriores a Pavón -Bartolomé Mitre (1862-1868), Domingo F. Sarmiento (1868-1874) y Nicolás Avellaneda (1874-1880)- desempeñaron su papel desde una provincia hegemónica en la que se tomaban decisiones con carácter nacional. El papel del presidente, definido en la Constitución sancionada en 1853 y reformada en 1860 luego de la Batalla de Cepeda, careció de los medios necesarios para hacer efectivo el poder político debido a la coexistencia obligada con el gobernador de Bs. As. en la ciudad-capital (En agosto de 1862 el Congreso dictó una ley que estipulaba la federalización de la ciudad y de la Prov. de Bs. As. por el término

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