Reforma Agraria Del 61

Reforma Agraria De 1961 y La Ley De Tierra Del 2010:

En 1961, Esta Ley tiene por objeto la transformación de la estructura agraria del país y la incorporación de su población rural al desarrollo económico, social y político de la nación. En 1960, Se produjo una decadencia definitiva de la agricultura como consecuencia de la emigración de los campesinos a la ciudad y hacia los campos petroleros, por falta de una política de gobierno adecuada.

Se realizaron varios intentos de reforma agraria, hasta llegar a la reforma de 1960. Esta Ley de Reforma Agraria tuvo varios objetivos entre ellos transformar al país en sus estructuras agrarias, la eliminación del latifundismo por un sistema más justo que beneficiara a los campos, permitir la participación de los campesinos en el movimiento socio-político de la nación y por último el desarrollo de la tecnología en los campos para lograr mejor aprovechamiento de la tierra. Para que esta ley tuviese éxito era necesario el establecimiento del campesinado en las tierras.

Desafortunadamente, esta ley fracasó por varias causas como la tenencia de las tierras por parte de los latifundistas, desconocimiento de nuevas técnicas modernas, poca inversión en el sector, plagas y enfermedades que bajaron la producción, falta de un adecuado sistema de mantenimiento y la escasez de mano de obra.

Estos atrasos y problemas de la agricultura crearon serios problemas al desarrollo industrial y repercute de forma negativa en el nivel de vida de toda la población consumidora del país y Venezuela se ve obligada a importar productos que podrían ser producidos en el país como el maíz, caraotas, frutos y hortalizas.

El Estado garantizará los créditos para la compra y adquisición de equipos y maquinarias agropecuarias. Los resultados debían darse a mediano y largo plazo.

Esta Ley tiene por objeto la transformación de la estructura agraria del país y la incorporación de su población rural al desarrollo económico, social y político de la nación. La ley de Tierra del 2010 Tiene por objetivo principal establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable; entendido éste como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario dentro de una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa, eliminando el latifundio y la tercerización como sistemas contrarios a la justicia, la igualdad, al interés general y a la paz social en el campo, asegurando la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones.

El proceso de reforma agraria fue producto de un consenso nacional donde se consagró un modelo de propiedad con una función social y la expropiación se contempló como castigo para los absentistas y rentistas. La reforma se concibió como un medio de transformación social democrática para evitar la violencia en las áreas rurales, dando lugar a un nuevo movimiento campesino fuerte y extendido nacionalmente.

La aplicación de este modelo canalizó las aspiraciones de campesinado y existen pocas dudas que fue el principal frente antiguerrillero y la causa de la formación de una clase media campesina. Los indicadores agrarios, ambientales y económicos señalan a la reforma como parte del crecimiento agrario de los sesentas y setentas. Asimismo, se le atribuye a la distribución de tierras en los planes de reforma agraria el aumento de la pequeña propiedad en números absolutos y relativos.

El Estado garantizará los créditos y préstamos a los trabajadores rurales interesados en mejorar la producción a través de la tecnificación y compra de materiales Los resultados debían darse a mediano y largo plazo.

En el año 1961, se planteó el problema de la injusta distribución de la tierra y se habló de combatir el latifundio. Se aprobó la Ley de Reforma Agraria. Pasaron cuarenta años y la estructura de la tenencia de la tierra no varió en lo fundamental. El Estado administró de manera inadecuada sus tierras y mantuvo ociosas millones de hectáreas.

En 1960, se crea el Instituto Agrario Nacional (IAN).

Las tierra del Estado, son comprobadas y adquiridas por los interesados con capacidad económica y adquisitiva para ello al IAN. Son sujetos beneficiarios de esta Ley, todo ciudadano o extranjero, capaz de explotar el trabajo rural.

Existen los propietarios de grandes extensiones de tierras y terratenientes. No existe la expropiación agraria. No se menciona procedimiento jurisdiccional en cuanto a materia agraria

En el 2010, Se crea el Instituto Nacional de Tierras (INT) Las tierras baldías del Estado, son cedidas por adjudicación (concesión) por parte el INT. Son sujetos beneficiarios del régimen establecido en este Decreto Ley, todos los venezolanos y venezolanas que hayan optado por el trabajo rural. No existirán más los terratenientes o grandes propietarios de tierras, sólo adjudicados. Existe la expropiación agraria, por inoperancia odesuso de grandes lotes de tierras. Se menciona el procedimiento jurisdiccional que se debe seguir en materia agraria.

En el año 2010, La propiedad de la tierra en Venezuela como en la mayor parte del continente ha estado desde hace años en manos de terratenientes, politiqueros, hacendados y sicarios; hoy, a través del proceso revolucionario de la Reforma Agraria, la tierra está siendo entregada a los campesinos. La tierra, que fue convertida en mercancía y no en un bien común, y que sirvió para el enriquecimiento ilícito de grupos de poder, empezará a ser utilizada en actividades comunitarias y de desarrollo rural integral.

A partir de 1960 tienen lugar para la agricultura venezolana una serie de acontecimientos que la caracterizan y condicionan para su desarrollo futuro. La creciente aceleración y expansión de la actividad de los grupos empresariales, es lo que constituye la línea principal de su desarrollo ya iniciado antes, pero ahora afianzado y con una capacidad de crecimiento aun mayor

Las organizaciones colectivas económicas para la producción agrícola se establecerán teniendo como base los principios de mutua cooperación y solidaridad, privilegiando el sistema colectivo, cooperativo, comunitario, consejos de campesinos y campesinas, consejos comunales y cualquier otro tipo de organización colectiva. En tal sentido, se estructurará el fundo colectivo mediante la organización y destinación de bienes productivos, la organización de personas para el trabajo colectivo y el desarrollo del poder autogestionario de los mismos.

Una vez más, los campesinos y los pequeños propietarios venezolanos resultaron estafados en sus aspiraciones. El nuevo ordenamiento jurídico que se desarrolló a partir de la Constitución de 1999, planteó como mandato una “justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa en cuanto a la tenencia de tierras y desarrollo de toda actividad agraria”.

Estas medidas han sido enfrentadas por los que se han adueñado de las tierras productivas. Las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno Bolivariano son adversadas porque afectan el latifundio, sin que los opositores ofrezcan mejores argumentos que “el Presidente quiere convertir la propiedad privada en propiedad colectiva” o que “el Gobierno quiere cubanizar a Venezuela”. Detrás de bastidores la realidad es la siguiente:

 No se dice que se intenta desmantelar viejas relaciones de producción que mantienen al país en el retraso.

 No se dice que no es verdad que el Estado es el dueño de las mejores tierras del país. En realidad están en manos del sector privado, y esos hacendados tienen, ahora, que aceptar lo que manda la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

 No se habla del mal uso de las tierras. Por ejemplo, las tierras del sur del Lago de Maracaibo, consideradas entre las mejores del país para la producción agrícola, han sido dedicadas a la ganadería.

 No se menciona tampoco que un alto porcentaje de las tierras que se encuentran en manos privadas están improductivas.

 No se dice que la propiedad de la tierra es un derecho de todos y todas. Con firmeza, el Gobierno Bolivariano ha dado.

La promulgación y ejecución de la Reforma Agraria acapara la atención hacia el sector agrícola en los primeros años de la década. Sin embargo, su incidencia en el comportamiento de la agricultura ha sido en realidad mucho menor de lo que pudiera haberse esperado hace quince años, y lo que es aun más claro, su papel dentro de la actualidad agrícola y al menos en un futuro próximo, es y será más marginal.

Es decir, el proceso de desarrollo agrícola de tipo empresarial ha arrollado y aun se ha servido del proceso de Reforma Agraria, para consolidarse como el factor dinámico y claramente predominante del agro venezolano, y ha sido la base de la expansión de la agricultura los últimos quince años.

Aunque no existe un catastro confiable, se estima que la reforma ha afectado a 12 millones de hectáreas, entre 1960 y el 2000, período en el cual se han dotado o entregado alrededor de 8 millones de hectáreas. No obstante, a partir de los ochentas, se observa que el diseño de los planes de reforma agraria se desvió de la concepción integral de la reforma y de la planificación nacional.

Esto ha creado una demanda potencial de unos 400.000 productores que actualmente explotan menos de 100 has. Y que ocupan alrededor de 17% de la superficie total aprovechable.

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