El Despojo

El Despojo

1.DEFINICIÓN DE DESPOJO.

Pérdida de lo que se posee.

El despojo se considera como la privación de lo que una persona tiene o posee, también se le considera al botín o presa del vencedor. Caso que puede ser considerado en Guatemala, como un premio al conquistador, en virtud que la Corona Española utilizó como señuelo para motivar a los españoles a colonizar un nuevo mundo, las riquezas que podrían obtenerse al participar en dicha colonización.

2.EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DESPOJO

Hechos Históricos:

Aludir a las causas históricas de la más trágica época que atravesó la Nación guatemalteca durante su historia implica abordar situaciones que fueron formándose a lo largo del tiempo y cuyos efectos influyen de una forma acumulativa en la conducta humana y en la práctica social de esta sociedad. Dichas causas se tradujeron a lo largo del tiempo en diversas manifestaciones de violencia: estructural, política, social. La historia guatemalteca registra, por tales motivos, diversas situaciones permanentes de violencia que recaen sobre amplios grupos de población. Esta violencia tiene reflejos claros en la vida política, en las relaciones sociales y en los ámbitos del trabajo; y sus orígenes son de carácter económico, político, ideológico, religioso y étnico.

Desde la independencia en 1821 la estructura de las relaciones económicas, culturales y sociales ha sido extremadamente jerárquica, sostenida por una enraizada herencia colonial. Esto determinó que el carácter del Estado que produjo la incipiente República de Guatemala fuese "excluyente",1 y manifestase una clara orientación racista. De esa forma, histórica y políticamente la violencia en el país se ha dirigido desde el Estado sobre todo en contra de los pobres, los excluidos y los indígenas.

La formación de un Estado democrático se ha visto limitada permanentemente por esos condicionamientos de la historia. Su función ha consistido en mantener y conservar las estructuras de poder basadas en la explotación y la exclusión de los indígenas y de los mestizos empobrecidos. Fue necesario esperar los Acuerdos de Paz, concluidos en 1996, ciento setenta y cinco años después de la Independencia, para que el Estado guatemalteco pudiera perfilarse como un "Estado multiétnico, pluricultural y multilinge" y, con ello, responder a una concepción de nación integradora, respetando la diversidad de sus ciudadanos.

Es difícil disociar la violencia estructural y la violencia política. Lo ocurrido durante el período del enfrentamiento armado puede resumirse como un proceso donde el radio de exclusión y la noción de "enemigo interno" se volvieron cada vez más amplios para el Estado. El restringir así arbitrariamente

a la ciudadanía y sus derechos democráticos fue justificado con la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), que se convirtió en Guatemala en razón de ser del Ejército y en política de Estado.

El enfrentamiento armado sólo puede explicarse por una combinación de factores internos y externos cuyo peso específico es difícil precisar cuantitativamente. No obstante, es evidente también que la suma de todas estas causas de carácter histórico no hubiera sido suficiente por sí misma para producir la insurgencia ni la violencia que llegó a alcanzar el enfrentamiento armado. Nuevos fenómenos sociales y políticos que se produjeron hacia fines de los años cincuenta y principios de los sesenta, en una coyuntura especial, que hizo pensar a parte de los sectores excluidos de la sociedad en la vía armada como la mejor opción política a su alcance, si no la única. A continuación se analizan los antecedentes históricos, para en un siguiente acápite tratar los que se llamará los antecedentes inmediatos.

La estructura agraria y la exclusión económica

La pobreza ha sido una constante en la sociedad guatemalteca, derivada tanto de la distribución desigual de la riqueza económica, en particular de la tierra, como del muy limitado acceso a la educación. La marginación económica, base o complemento de la exclusión política, afecta a amplios segmentos de población rural y urbana. La histórica alta concentración de los recursos en un número reducido de grandes unidades económicas, agrícolas y no agrícolas, ha producido un patrón distributivo profundamente desigual de los beneficios del crecimiento económico, y ha estrechado las opciones económicas y sociales de amplios sectores de la población.

La inequitativa distribución de la tierra, en una sociedad eminentemente agrícola como la guatemalteca, es una de las principales causas de pobreza. Además, ésta condiciona la estratificación social y provoca a su vez diversas modalidades de exclusión social, que por lo regular van asociados a la práctica de la violencia. Ese tipo de control sobre la tierra ha originado de hecho un sistema de dominio y control sobre las personas, para cuyo mantenimiento se ha recurrido al uso de la fuerza. Por este conjunto de condicionantes el Estado, desde la expansión del café en el siglo XIX, se constituyó en el garante de la oferta y orden laborales para las fincas, lo cual a su vez contribuyó a la militarización institucionalizada, ya no sólo del Estado sino de la sociedad.

Algunas cifras estadísticas muestran formas de exclusión que tienen orígenes remotos pero expresiones recientes. Según el Censo Agropecuario de 1950, el primero que se considera fiable dentro de las estadísticas modernas del país, 516 latifundios concentraban más del 40% de la propiedad de la tierra, mientras que el 88% de unidades agrícolas (menores de 7 hectáreas) apenas cubrían el 14% de la superficie agrícola.2 Esto generaba y consagraba formas anticuadas de tenencia y posesión distintas a la propiedad, el arrendamiento, la aparcería y el colonaje.

Años más tarde, al frustrarse la Reforma Agraria, se recreó el sistema lati-minifundista, en el que el pequeño campesino dependería parcialmente para su subsistencia de un terrateniente que le permitía acceso a un terreno mediante diversos mecanismos o del trabajo temporal migratorio en las grandes fincas de la costa o boca costa. Según el censo de 1964, el 62% de la tierra estaba en manos del 2,1% de los propietarios; el 87% de los campesinos carecían de tierra suficiente que les permitiera sobrevivir.5 La CEPAL calculó que en 1980 sólo el 28.9% de los guatemaltecos eran "no pobres", es decir, que podían satisfacer sus necesidades básicas. En el área rural la situación era mucho más alarmante, donde sólo el 16.3% eran no pobres y de los restantes el 51.5% era extremadamente pobre (no podían cubrir sus necesidades de alimentos).

El porcentaje de calificación de la Población Económicamente Activa (PEA) en 1950, correspondía apenas al 4.9%, mientras que para 1970 dicho indicador había alcanzado el 7%. La tasa de alfabetización de 1950 fue del 29.7%. Cuatro décadas más tarde alcanzaba al 44.9%, pero seguía siendo la más baja de Centroamérica (véase Cuadro 2). Asimismo, era aún menor entre la población indígena guatemalteca. La concentración del ingreso antes de 1950 era tal, que la mitad de la población sólo recibía el 22% del ingreso total, proporción que en los años ochenta se redujo al 19%. En el otro extremo, el 25% de la población percibía el 61% del ingreso. La dinámica marginadora del mercado se reflejaba también en el sector informal: en 1950 el 61% de la PEA se situaba en este sector y en 1980 correspondía aún al 51% del total.7

Fuente: CEPAL 1997, "Indicadores Sociales Básicos de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe".

La ausencia de una política social por parte del Estado acentuó la dinámica histórica excluyente. Por ejemplo, entre 1960 y 1980, durante el mayor período

de crecimiento económico experimentado en Guatemala, el gasto social del Estado fue el más bajo de Centroamérica y la carga tributaria fue a su vez la más baja. Ello pone de manifiesto que la labor del Estado guatemalteco se ha orientado en especial al servicio de los intereses de reducidos sectores de la población, antes que en beneficio del colectivo de sus miembros. En los años más recientes esta política no ha cambiado. Esa debilidad estructural dificultó al Estado conseguir una legitimidad social más amplia, llevándolo a recurrir cada vez más a la fuerza coactiva de la violencia para mantener el orden.

La pobreza debe considerarse como un antecedente estructural del enfrentamiento armado. La miseria por sí misma no produce revoluciones, pero sí las puede potenciar. Al quedar excluidas de la oferta del mercado y no existir canales de participación y expresión, la privación que las mayorías experimentan puede convertirse en fuente de descontento colectivo. En Guatemala el Estado renunció por muchos años a su papel de mediador entre intereses sociales y económicos diferentes, abriendo así un vacío que permitió el enfrentamiento directo entre quienes recibían los beneficios, defensores de ese orden establecido, y quienes estaban obligados a reivindicar sus aspiraciones.

En este contexto, los programas de las organizaciones guerrilleras incluyeron siempre la defensa de los excluidos. Fue en nombre de los pobres que se planteó el discurso revolucionario. Pero la lucha por los excluidos y por el mejoramiento de sus condiciones de vida no sólo formó parte del discurso, sino que convenció y movilizó efectivamente a muchos de ellos

El racismo,

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