De Un Gran Autor Del Petroleo

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La amnesia petrolera en Bolivia

Marc Gavaldá

La corta memoria de los ya de por sí ocultados episodios catastróficos de la historia del petróleo boliviano, favorece la profundización de las letales consecuencias. La - de momento - tibia reacción del pueblo boliviano ante el Decreto 0676 , aprovado por el gobierno de Evo Morales el 20 de octubre de 2010, que multiplica por dos las áreas petroleras del país, se emmarca en esta amnesia generalizada que olvida los tristes acontecimientos de la historia contemporánea para tropezar una y otra vez con las misma piedra....

Fuente: www.bolpress.com

Un decreto para la invasión

Bolivia, con más de un siglo de historia petrolera y siglos de condena por la política extractivista de sus recursos, renueva su apuesta entregando sus tierras más ricas y bien conservadas del país a las transnacionales petroleras. La nueva ofensiva negra, adornada con los más repetidos argumentos de progreso económico para el país, sirve en bandeja millones de hectáreas de áreas protegidas amazónicas y chaqueñas, así como los últimos territorios indígenas sin invadir para que las nuevas “socias”, - con capital y domicilios deslocalizados – machaquen el territorio en la actividad más nociva del planeta.

Entre otras áreas de importancia biológica mundial, el decreto 0676 convierte en bloque petrolero más de 690 mil hectáreas del “hot spot” en biodiversidad Parque Nacional Madidi; 723 mil hectáreas en el parque nacional y territorio indígena Isiboro Sécure, 154 mil hectáreas del Parque Nacional Aguaragüe; 100 mil hectáreas del área de manejo integrado de Iñao.

La mágica fórmula del nuevo decreto de Evo, presume de la más rentable estrategia para el Estado, pero recuerda demasiado a la nefasta “capitalización” aplicada por sus antecesores neoliberales. La empresa estatal YPFB, se adjudicó en 2007 33 áreas de interés hidrocarburífero, varias de ellas en el interior de áreas protegidas intactas. Ahora, el Decreto abre las puertas para que las corporaciones privadas ingresen en estos territorios asociadas a YPFB para inciciar la fase de exploración sísmica. En los oscuros años de la entrega -“a precio de gallina muerta”- de todas las empresas estatales, similares argumentos embaucaron al pueblo boliviano a desprenderse de todo a cambio de promesas extranjeras.

Los pasivos ambientales están ahí

Existen y están presentes en cada una de las concesiones petroleras del país - y del continente. Sin embargo, paradójicamente ningún decreto petrolero los menciona, a pesar de ser éstos aprobados bajo la envoltura del “interés nacional”.

Los pasivos ambientales, son aquellas externalidades que las petroleras transfieren a los ecosistemas, a los habitantes y a las generaciones futuras. Difíciles de cuantificar- inconmesurables-, la degradación territorial, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de ríos y acuíferos, no son cuantificados en el precio del barril, ni en las regalías que percibe – y presume- el Estado. Son la golosina envenenada de la economía extractivista. Pan para hoy, hambre para mañana o peor, dinero para hoy, cáncer para mañana.

Los pasivos ambientales son la indigesta cuenta que nos llega a la mesa tras un banquete y nos corta la digestión. La clase política se deshace de ellos tras agotar el mandato, así como las empresas lo hacen vendiendo activos y cambiando de nombre. En Bolivia se los encuentra en los abortos de ganado en las orillas del Desaguadero, o en los pacús y surubís con mercurio de los ríos del Chapare. Dejan rastro por la historia del petróleo pero se olvidan con demasiada facilidad. Se los hunde en el olvido, pero resurgen bajo las piedras, transformados en malnutrición o enfermedad.

Refrescando la memoria del vertido

Ya en el profundo socavón neoliberal, se justificó la privatización para limpiar los desmanes ambientales de YPFB. De hecho, uno de los argumentos utilizados para defender la capitalización de YPFB, que significó la partición y entrega de la empresa petrolera estatal a tres consorcios transnaciononales en 1996, se refiere a los impactos ambientales que generó la empresa estatal y que sólo podrían ser enfrentados por las empresas capitalizadas. Previo al proceso se encargó una auditoría. En los resultados preliminares, las capitalizadas debían asumir una responsabilidad ambiental de 8 millones de dólares. Sin embargo, el resultado de una segunda auditoría ambiental en 1999 resultó que los pasivos ambientales ascendían a 30 millones de dólares. Estos errores cometidos en el proceso de capitalización generaron una abultada deuda ambiental para el Estado.

Posteriormente, el Decreto Supremo 24412, el Estado asume la responsabilidad de los pasivos ambientales, para hacer “más atractivos los bienes estatales transferidos” .

La ampliación de la frontera petrolera al interior de la Amazonía, la construcción de mega infraestructuras de exportación y, sobretodo, la identificación de las transnacionales por el pueblo como organizaciones usurpadoras del país, generó un nuevo escenario de conflictos socio-ambientales y territoriales de las poblaciones más directamente afectadas.

De esta época destacan conflictos ambientales como el derrame del Desaguadero (Transredes, 2000, Montoya, 2002), Repsol en el TIPNIS (Gavaldà, 1999),

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