EL HACINAMIENTO CARCELARIO

EL HACINAMIENTO CARCELARIO

INTRODUCCIÓN

Existe un problema carcelario mundial: “el hacinamiento”. Y es al estado a quien le corresponde la rehabilitación del preso, ya que cuenta con espacios clasificados para atender cada caso. Así como también, le corresponde garantizar la vida y la integridad física de quienes están recluidos, o más bien depositados en las aberrantes cárceles. El problema de hacinamiento carcelario, es un problema que aunque no toque directamente a toda la población tiene varias repercusiones en la comunidad puesto a que estos presos finalmente, son personas que han convivido y que muchos algún día convivirán en la sociedad, y no podemos confiar que tenerlos bajo este régimen de privación de libertad es el medio de rehabilitarlos para su reintegro a la misma.

RESEÑA HISTÓRICA DEL HACINAMIENTO CARCELARIO

Se dice que en los comienzos de la civilización occidental, la función penitenciaria era comprendida como anexo a la labor militar, no existiendo recintos exclusivos para la reclusión de los infractores del sistema social. Los romanos no tuvieron personal especializado para la custodia de los recluidos, porque a la pena se le daba un carácter esencialmente pecuniario. Pero aún así es dable el notar que en los registros de Los Hechos de los Apóstoles, se hace mención al primer "carcelero" convertido al evangelio (de Filipos) quién pretendía quitarse la vida por pensar que sus prisioneros se habían fugado. Sólo a fines del siglo XVI es posible encontrar en la historia española las primeras referencias a cárceles y alcaides, dependientes de los municipios y con un régimen administrativo y políticas de acción cercanas a las que dieron origen a centros de reclusión que hoy se conocen.

Sin embargo, no fue sino hasta 1872, cuando en el Congreso Penitenciario de Londres se planteó por primera vez el tema de la creación de Escuelas, que prepararan a los funcionarios de prisiones en su función de vigilantes y administrativos. Y sólo en 1930 el Congreso de Praga estudió la organización de la educación profesional y científica del personal administrativo y de vigilancia de los centros penitenciarios, considerando las garantías y ventajas imponibles al sistema para hacer eficaz el reclutamiento.

Para el año 1.997, Torrealba, afirmaba "la situación que se está viviendo en los Centros de Reclusión se nos presenta como una bomba de tiempo, que en varias ocasiones ha tratado de estallar, pudiendo hasta ahora ser controlada la situación; pero con resultados sumamente penosos, ya que se han perdido muchas vidas, y quedará en nuestra conciencia la duda de saber si se trataba realmente de personas responsables del delito que se les imputaba, además que después de ocurrida sus muertes el único camino que tienen los administradores de justicia es declarar terminada la averiguación por extinción de la acción penal o sobreseer la causa." La posibilidad de garantizar condiciones de seguridad que faciliten la convivencia, y la ejecución de un programa de tratamiento para la rehabilitación de la población reclusa, depende en gran medida de la disponibilidad y calidad de las instalaciones físicas con que se cuente y, del equipamiento que permita el cumplimiento de cada una de las competencias, que con ese propósito deban ejecutar los operadores del sistema.

LA SITUACIÓN CARCELARIA EN EL ECUADOR

En el país existen 32 Centros de Rehabilitación Social y dos centros de detención provisional, para albergar una población carcelaria superior a los 12 mil reclusos. Este dato, al ser cotejado con la capacidad carcelaria existente, permite llegar a la conclusión que la densidad de población es de más del doble de lo que debería ser. Y lo más grave de la situación es el constante incremento del número presos que lleva a la sobrepoblación y al hacinamiento del sistema carcelario nacional. Si en el Boletín Estadístico 2002, los presos fueron 8 723, al año 2003 subieron a 9 426; esto es, un incremento superior al 8% anual. En una investigación de Maribel Piedra sobre las cárceles en el Ecuador, se percibe este fenómeno claramente. La norma internacional de 20 metros cuadrados por preso es ampliamente desbordada en la realidad. Se estima una población excedente superior al 23% de los presos. Pero hay cárceles donde la situación es absolutamente insostenible; entre las cuales se deben mencionar a las recintos penitenciarios de Quito Número 2 y 3 de varones y al de Guayaquil, que llegan a triplicar la cantidad mínima requerida. La composición de género de la población carcelaria está compuesta por el 90,6% de hombres y 9,39% de mujeres. La diferencia porcentual entre los dos grupos es muy significativa. Si bien el número de mujeres es menor, llama la atención el hecho de que el 70,14% del total de mujeres se encuentran recluidas por causas vinculadas a las actividades del sector estupefacientes, y contra la propiedad el 12,74%, y contra las personas, el 7,98%. La situación legal de las personas detenidas revela otro de los ángulos oscuros del régimen penitenciario. En el año 2003, más del 64% de los presos se encontraban en espera de juicio; de los cuales, aproximadamente el 10% está sin asistencia legal, debido a que la defensa pública cuenta con no más de 20 abogados a escala nacional y con medios logísticos muy limitados. La mayoría de los edificios carcelarios no cuentan con las condiciones mínimas para su función, debido a muchos de ellos no fueron diseñados expresamente para el efecto; por el contrario, fueron edificaciones para, por ejemplo, vivienda. Y, por otro lado, el mantenimiento es totalmente inadecuado, ni se diga respecto de mejorar las condiciones de reclusión. El trato a la población detenida es precario y reñido con los derechos humanos. La calidad de la alimentación es terrible, no solo por que se asigna una cantidad de 75 centavos de dólar por preso diario, sino también por las condiciones en que se prepara la misma. Son alimentos de muy baja calidad. La atención médica es elemental (cuenta con 42 médicos para toda la población penitenciaria) y laboran solo 130 rehabilitadores sociales (psicólogos, abogados y trabajadores sociales) y ningún psiquiatra. A ello hay que sumar el maltrato físico y psicológico que sufren los presos.

Todos estos elementos descritos no hacen sino mostrar la inexistencia de una política pública respecto del sistema penitenciario en el país. Ya es hora de que el Gobierno nacional decida encarar este tema con la urgencia que amerita, porque, caso contrario, el problema de la violencia seguirá incrementándose de manera exponencial.

HACINAMIENTO

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