El Porfiriato

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PORFIRIO DÍAZ GOBERNÓ EL PAÍS durante treinta de los treinta y cuatro años que corren entre 1877 y 1911; de ahí que esta etapa se conozca con el nombre de Porfiriato. El periodo se delimita, entonces, a partir de dos sucesos políticos: comienza en 1877, cuando Díaz inicia su primer mandato presidencial, y concluye en 1911, meses después de haber estallado la Revolución, cuando Díaz abandona el poder y sale rumbo al exilio. Héroe de la lucha contra conservadores e imperialistas, Porfirio Díaz nació en Oaxaca en 1830, por lo que era más joven que Benito Juárez y que Sebastián Lerdo de Tejada. Además, a diferencia de ellos, optó por la carrera de las armas y llegó a obtener el grado de general. En tres ocasiones participó en la contienda por la presidencia, pero fue derrotado por Juárez y por Lerdo. Dos veces desconoció el resultado de las elecciones y se levantó en armas: la primera en 1871, con el Plan de La Noria, y la segunda en 1876, con el Plan de Tuxtepec. En ambas enarboló una bandera antiautoritarista y anticentralista, pues rechazaba el excesivo poder del presidente de la república frente a los poderes legislativo y judicial y frente a los gobiernos estatales. Además de oponerse a la reelección, pugnó por reducir las facultades del ejecutivo a los límites establecidos por la constitución y, en contraparte, por fortalecer los gobiernos de los estados o de los pueblos y, en este caso, por respetar su derecho para elegir a sus autoridades municipales y decidir sobre sus asuntos internos. Como defensor y representante de intereses y grupos regionales contó con el apoyo de caciques y líderes locales; también con el de militares que habían sido desplazados por Juárez o Lerdo. Asimismo obtuvo el favor de pueblos o colectividades campesinas que defendían su autonomía política y que, a cambio, aceptaban la desamortización o la división de sus tierras entre sus miembros, siempre y cuando se efectuara según sus costumbres y necesidades; por último, se granjeó la simpatía de grupos urbanos, que lo consideraban el único hombre capaz de preservar la unidad y la soberanía y de terminar con el estado de guerra que había azotado al país por más de cincuenta años.

LA POLÍTICA PORFIRISTA

La primera etapa

El primer porfiriato comienza en 1877 y concluye en el inicio del tercer periodo presidencial de Porfirio Díaz (1888) Al asumir el poder, don Porfirio tuvo que enfrentar diversos retos. Para empezar, faltaba mucho para consolidar el Estado y la nación. La Constitución promulgada en 1857, así como en general el proyecto liberal de Estado y de sociedad, no habían sido cabalmente aplicados. Como se dijo en el capítulo anterior, la carta magna se refería a una sociedad de individuos iguales ante la ley y obligaba a los gobernantes a garantizar sus derechos. Asimismo, para evitar la concentración del poder, lo dividía en ejecutivo , legislativo y judicial, y encargaba al pueblo la elección de sus miembros (presidente y gobernadores, legisladores, magistrados de la Suprema Corte y de los tribunales superiores de justicia, así como algunos jueces). Por último establecía la separación entre el Estado y las iglesias y, para garantizar la libertad de culto.

Díaz atrajo a algunos imperialistas y, sobre todo, a la Iglesia católica. Para ese entonces la institución eclesiástica estaba muy debilitada. Se le prohibía tener bienes y se habían limitado sus ingresos, por lo que dependía económicamente del Estado. Además, había perdido parte de sus miembros, pues sólo se permitía la existencia del clero secular. Y también había perdido espacios de participación social, pues se prohibía que el culto se celebrara fuera de los templos y que los religiosos atendieran centros educativos, de beneficencia y hospitalarios. Esta situación cambió bajo el gobierno porfirista. Díaz no derogó las leyes antieclesiásticas. Díaz optó por un segundo camino: la fuerza y la represión. Para ello utilizó al ejército, a la policía y a la policía rural. Por ejemplo, en 1879 el gobernador de Veracruz ordenó fusilar a nueve rebeldes lerdistas, quizá porque exageró la orden del presidente, quien le pidió que castigara a los cabe- cillas de la sublevación que a la vez fueran oficiales de la armada, aunque hay quienes dicen que existió otro telegrama con una somera instrucción: “Mátelos en caliente”. También fueron ahogadas en sangre las rebeliones agrarias de Sonora y Yucatán, que se tratarán más adelante. Además, asaltantes de caminos y bandoleros, entre ellos Jesús Arriaga, Chucho el Roto, y Heraclio Bernal, El Rayo de Sinaloa, fueron capturados o asesinados aplicándoles la “ley fuga”. Pasemos ahora al problema de la legalidad del régimen, es decir, su distancia o cercanía respecto a las normas constitucionales. Al igual que intervenía en el nombramiento de gobernadores, don Porfirio manipulaba las elecciones de diputados, senadores y magistrados federales. Estas elecciones eran indirectas; esto significa que los varones nacidos en México (pues las mujeres no podían votar), hijos de mexicanos o extranjeros naturalizados, mayores de dieciocho años si eran casados y de veintiuno si no lo eran, y con un “modo honesto de vivir”, votaban para elegir a los electores, quienes a su vez votaban para elegir a los representantes. Sin embargo las votaciones federales solían ser una farsa: el día de la elección las urnas estaban desiertas y las papeletas no eran llenadas por los votantes. A pesar de ello nunca dejaron de practicarse; cada vez se publicaban listas de candidatos, se montaban casillas, se imprimían y se contaban los votos. Se trataba de rituales que pretendían mostrar la eficacia del sistema político y legitimaban el régimen. Y lo mismo sucedía en algunas elecciones estatales, que en ciertos casos también eran indirectas. Así, si en el plano electoral las leyes no siempre se cumplían, existía un interés por brindar una apariencia de legalidad o de respetar, al menos, las formas. Y lo mismo sucedía en otros campos. Otro caso es el de las leyes de carácter anticlerical, ya que no siempre se aplicaron. Con todo, a pesar de la insistencia de la jerarquía eclesiástica no se derogaron, y constituían para la Iglesia católica una amenaza constante. Por ejemplo, se permitió la reinstalación del clero regular, pero de cuando en cuando las autoridades clausuraban algún convento “clandestino”. En suma, el régimen osciló entre la legalidad y la apariencia de legalidad. Por otra parte, además de los cambios legislativos y del uso de la fuerza, en esta

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