El Rey

El 19 de agosto de 213 comienza un conflicto social-educativo debido a la evaluación que tomo en marca la reforma educativa al docente, Cómo fue que, de pronto, los maestros se convirtieron en el actor social más menospreciado de México. Cómo fue que pasaron a ser, “delincuentes”, “insurrectos” o “flojos”, cómo fue que en el ánimo de la gente se coló esa idea de que son un lastre para la sociedad, para los niños, para el avance del país.

Si bien es verdad que sus protestas han ocasionado malestar entre las personas que se ven afectadas por el bloqueo de avenidas, carreteras, del Aeropuerto de la Ciudad de México y entre los niños y los padres de familia que ven con impotencia como sus hijos no reciben educación también es verdad que sus motivos o razonamientos no están llegando a la molesta ciudadanía y que los medios de comunicación masiva están entregados totalmente a la postura oficial, reduciendo a espacios muy pequeños su voz y controlando las entrevistas con los líderes magisteriales. Peor aún están decididos a satanizar a los docentes. “Péguenle duro a los maestros” es la línea editorial de grandes consorcios mediáticos.

A medida que las protestas magisteriales en contra de la reforma educativa se amplían y multiplican en sus expresiones y en su intensidad como quedó de manifiesto esta semana con la realización de marchas en la capital del país y paros de labores en 25 entidades de la República, crecen también las muestras de insensibilidad y falta de voluntad política por parte del gobierno federal para atender el conflicto y buscar una solución al mismo.

El dia 27 de agosto, al poner fin a su participación en la cumbre del G-20 en San Petersburgo, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que su gobierno agotará la vía del diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pero insistió en que la reforma educativa va para adelante. Ello equivale a descartar a priori la principal demanda actual del magisterio disidente respecto a dicha norma: el veto presidencial a la cuestionada Ley General del Servicio Profesional Docente, aprobada en un santiamén el pasado domingo 25 de agosto por el Congreso.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayffet, reiteró ayer que el único interlocutor válido para el gobierno en el contexto presente es la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), lo cual resulta doblemente improcedente: por un lado, porque la legitimidad de esa dirigencia es crecientemente cuestionada por el magisterio, sobre todo a la luz de su decepcionante defensa de los derechos laborales en el contexto de la discusión y aprobación de la reforma educativa; por el otro, porque con semejante alegato el funcionario pasa por alto que la protesta magisterial actual no está articulada por la referida organización sindical sino, guste o no, en torno al magisterio disidente, y que lo deseable es que éste sea reconocido como interlocutor de las autoridades en esta coyuntura.

No obstante el 11 de septiembre un día después de la promulgación de las tres leyes secundarias en materia educativa aprobadas la primera semana de septiembre por el Congreso de la Unión –incluida la impugnada Ley del Servicio Profesional Docente, que modifica de golpe el estatuto laboral de los trabajadores de la educación–, miles de profesores disidentes integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron diversos bloqueos en el centro de esta capital y en las inmediaciones de la residencia oficial de Los Pinos, y protagonizaron enfrentamientos con elementos de la policía local. El escenario de descontento y crispación social que esas leyes han generado en las calles del país es indicativo de una institucionalidad rebasada e incapaz de resolver conflictos sociales y

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