Ensayo De La Alpro

Es indudable que la planeación en América Latina requiere un análisis desglosado y crítico para entender la necesidad que las Naciones de esta parte del Continente requiere para poder generar su desarrollo; por ello nuestro análisis comienza a partir de la década de los años 50, la mayoría de los países de América Latina muestran los síntomas de una grave crisis económica, crisis debida a su peculiar conformación dependiente y periférica.(1)

Las manifestaciones de esta crisis, se empiezan a sentir en los años 30, respondiendo al “impasse” general del sistema capitalista. La modernización de los sistemas de explotación y dominación en América Latina ocasionan la incorporación de grandes masas a los aparatos productivos nacionales, así como en el terreno superestructural el ascenso de gobiernos populistas; (2) Cárdenas en México, Perón en Argentina, Getulio Vargas en Brasil, Ibáñez en Chile.

Al interior de estos sistemas duales las condiciones y desajustes se vuelven feroces: Tasas de crecimiento económico no superiores al 1.5 por ciento anual, altas tasas de crecimiento de la población; desajustes en las balanzas comerciales y de pagos; inflación; déficits presupuestarios; estancamiento o baja producción en el sector agropecuario; altas tasas de analfabetismo y mortalidad infantil; paralizada y desigual distribución del ingreso; altas tasas de desempleo; etc. Esta situación sólo se mejora temporalmente con la Segunda Guerra Mundial que provocó en las economías latinoamericanas una breve bonanza entre 1942 y 1951 al igual que la guerra de Corea.

La reorganización del aparato político y económico empieza a madurar en los círculos intelectuales y en los organismos de poder; se recrudecen las condiciones de violencia y represión en América Latina, los antiguos regímenes populistas se vienen abajo, a finales de los 50 estalla la Revolución Cubana, para entrar en los 60 en un período de consolidación y avance.

En este ambiente de reforma y modernización “el rol de la Revolución Cubana fue sin lugar a dudas el contribuir como un factor importante para acelerar y definir dicha actitud de reorganización económica), puesto que, tarde o temprano las demandas de mejores condiciones de vida y el derecho de una participación más justa en el reparte de los frutos del desarrollo y en el poder conducirían a poner en jaque diversos gobiernos del continente, ante la actitud negligente de los grupos en el poder y ante la situación cada vez más miserable en que se debatían millones de personas. (3)

El primer paso internacional, que plantea a la planificación como estrategia general para superar el subdesarrollo es la llamada Alianza para el Progreso (Alpro), fue propuesta por el Presidente Norteamericano John F. Kennedy, quien el 13 de marzo de 1961 hace un llamado a los pueblos del Continente para constituir una Alianza para el Progreso “a fin de satisfacer las necesidades de los pueblos de América”. (4)

Asimismo, Kennedy propuso que los Estados Unidos aportarían los recursos suficientes para el programa de desarrollo. Con este espíritu, en agosto de 1961 en la Reunión Interamericana de Punta del Este se aprobaron dos documentos importantes llamados “Declaración de los Pueblos de América” y “Carta de Punta del Este”. En la Declaración se acuerda constituir la “Alianza para el Progreso”, inspirada en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Operación Panamericana y en el Acta de Bogotá, comprometiéndose los integrantes de la ALPRO a “perfeccionar y fortalecer las instituciones democráticas…., acelerar el desarrollo económico y social, impulsar la reforma agraria, asegurar a los trabajadores retribución justa, extender la educación, reformar el sistema tributario, mantener una política monetaria y fiscal que defienda a las mayorías, dar solución a la fluctuación de precios de los productos de exportación, así como acelerar la integración de la América Latina”.

Las guías teóricas y prácticas fueron aportadas por CEPAL a través de diversas publicaciones, conferencia y seminarios. Dicho organismo, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) creado en 1959, la Secretaría de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso (SIAP) reformado pocos años más tarde con el nombre de Comité Interamericano y Social (CIES) y otras instituciones financieras norteamericanas, se preocuparía por la organización y el establecimiento de sistemas de planificación en distintos países del continente, además de evaluar planes, recomendar la asistencia técnica extranjera, evaluar la situación económica de cada país y estimar el monto de préstamos necesarios para llevar a cabo determinados proyectos. (5)

En la Carta de Punta del Este se establecieron los objetivos, los principios básicos y los medios de acción de la Alianza. Se fijó como meta principal la aceleración del desarrollo económico y la elevación de los niveles de vida.

Es innegable que en la Conferencia de Punta del Este “los grupos de poder de Estados Unidos y América Latina reconocen la necesidad de racionalizar mejor los procesos de toma de decisiones y de inversión y de llevar a cabo ciertos cambios con el fin de modernizar algunas estructuras insuficientes o problemáticas; para lo cual, uno de los instrumentos fundamentales sería la planificación”; pero en todo este espíritu “admitir la significación de tales medidas es mucho más fácil que comprobar su viabilidad y que aceptar los procedimientos y en general el régimen de organización de la Alianza”. (6)

Si bien es cierto, que la ALPRO influyó para que algunos países de América planifiquen su desarrollo y elaboren programas nacionales, es necesario observar el tipo de planes y el contenido que presentan, para de esta forma revelar el alcance real y el encubrimiento ideológico (7) que supone ALPRO y los planes que fomentó sin negar al tiempo los avances y logros de la misma.

Respecto a su organización, ésta se subordinaba a la Organización de Estados Americanos (OEA) y directa o indirectamente a los Estados Unidos. Los procedimientos se orientan más a la tutela del interés norteamericano que a la ayuda y cooperación mutua.

El financiamiento externo de los países firmantes quedaba sujeto a la aprobación y vigilancia del llamado Comité de los Nueve, lo cual, sujeta las orientaciones en política económica y social a un órgano externo a la inherente soberanía de que revisten los Estados firmantes. (8)

Cierto es que este estatuto jurídico no condiciona las soberanías, pero de hecho operan como medio de presión al no otorgarse dicho financiamiento a los países solicitantes si no se ajustaban al procedimiento y requisitos impuestos.

En realidad,

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