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El proceso de negociación de la paz inició en 1987 y concluyó el 29 de diciembre de 1996, con la firma del Acuerdo de paz firme y duradera, el cual sintetiza los acuerdos firmados por el Gobierno y la URNG para poner fin al Conflicto Armado Interno (Condore, 2007, p. 40).

El punto de partida para la búsqueda de la paz fue la suscripción del Acuerdo de Esquipulas II, el 7 de agosto de 1987, por los presidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, para definir el procedimiento que permitiría establecer la paz firme y duradera en Centroamérica, con base en la Declaración de Esquipulas y el Acta de Contadora para la paz y la cooperación en Centroamérica (“Acuerdo de Esquipulas II”, 1997, p. 53).

El temario general y el procedimiento a partir de los cuales se llevó a cabo la negociación de los Acuerdos de Paz fueron definidos en el Acuerdo de México, suscrito el 26 de abril de 1991 (Rosales, 2006).

Los presidentes de Guatemala que participaron en la negociación de los Acuerdos de Paz, que contemplan 300 compromisos específicos, son Vinicio Cerezo Arévalo, quien gobernó de 1986 a 1990, Jorge Serrano Elías, de 1991 a 1993, Ramiro de León Carpio, de 1993 a 1996, y Álvaro Arzú Irigoyen, de 1996 a 2000 (Condore, 2007, p. 40).

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El Ejército Guatemalteco:

Lo que Revelan los Archivos

de los Estados Unidos

Por Kate Doyle

Directora del Proyecto de Documentación sobre Guatemala

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Guatemala Documentation Project

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Introducción

En julio de 1994 el gobierno de Guatemala y la URNG firmaron el Acuerdo sobre Derechos Humanos que contenía el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Ese mismo mes, el National Security Archive (NSA) comenzaba a trabajar en el Proyecto Documentación sobre Guatemala para lograr la publicación de los expedientes secretos norteamericanos sobre Guatemala.

El primer objetivo del proyecto era apoyar las investigaciones sobre derechos humanos de la Comisión de Esclarecimiento. Creíamos que el acceso a los documentos desclasificados facilitaría el trabajo de la Comisión ya que los Estados Unidos habían mantenido extrechas relaciones con cada uno de los gobiernos guatemaltecos, con excepción del régimen de Lucas García, desde el derrocamiento de Jacobo Arbenz en 1954. Este contacto hacía suponer la existencia de un tesoro escondido de información que podía arrojar luz sobre una gama de temas cruciales que incluyen, la política de los EEUU en Guatemala; las relaciones entre los dos países; los sucesos económicos, políticos y sociales; los orígenes del conflicto civil; y detalles de casos concretos de derechos humanos. También sabíamos que había un tema sobre el que la Comisisión no encontraría información fehaciente pero que estaba ampliamente documentado en las agencias de los EEUU: el aparato de inteligencia y seguridad guatemalteco. Como era de esperar, el ejército se convirtió en el tema central del estudio de la Comisión.

El NSA ya tenía experiencia trabajando con comisiones de la verdad en Centroamérica. En 1992 y 1993 el NSA proporcionó documentos y alguna asistencia técnica a la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador y pudo ver los problemas que tuvieron que afrontar sus miembros para conseguir la información más básica sobre las fuerzas armadas –una información que la Comisión necesitaba para poder entender las causas institucionales tras las violaciones de derechos humanos que tenía a su cargo investigar. El Dr. Leo Valladares, el ombudsman de derechos humanos de Honduras con el que el NSA ha colaborado extensamente desde 1993, tuvo las mismas dificultades para reunir la información imprescindible sobre las unidades de inteligencia del ejército hondureño detrás de muchas de las desapariciones ocurridas a comienzos de los ochentas. Conociendo el secretismo y la opacidad tradicionales del ejército de Guatemala, era evidente que la Comisión de Esclarecimiento no iba a tener más suerte localizando información sobre las fuerzas armada que el Dr. Valladares o la Comisión de El Salvador.

El segundo objetivo del Proyecto Documentación sobre Guatemala apuntaba directamente a una restricción establecida en el mandato de la Comisión de Esclarecimiento, “Los trabajos, recomendaciones e informe de la comisión no individualizarán responsabilidades…”, es decir, la prohibición de mencionar nombres y apellidos.

Al National Security Archive le merece respeto la decisión de los negociadores de paz de limitar al alcance de las investigaciones de la Comisión y reconoce que era legítimo dudar de la conveniencia de permitir que una Comisión de derechos humanos, sin competencia legal o judicial, acusara a individuos, con nombre y apellidos, de crímenes específicos. Lo que sí parecía inaceptable, sin embargo, era mantener el muro de silencio que siempre ha protegido al ejército como institución. Esta fue la preocupación que motivó la creación de nuestra base de datos. Nuestros objetivos no son los objetivos de los defensores de derechos humanos. Una organización de derechos humanos trata el asunto de señalar con nombre y apellidos cuando empieza a estudiar las violaciones y sus perpetradores. El NSA se aproxima al tema cuando empieza a analizar la institución.

El dilema que plantea la cultura secretista del ejército va más allá de la posible responsabilidad, por supuesto. Sin información sobre la estructura de las fuerzas armadas, la Comisión habría tenido dificultades para identificar fuentes militares potenciales para dar testimonio o informar de primera mano sobre la violencia. Y sin datos fidedignos sobre las carreras de los oficiales del ejército habría sido imposible confirmar la información proporcionada por esas fuentes. No olvidemos además, que habría sido inútil para la Comisión de la verdad y para el público guatemalteco intentar entender cuatro décadas de violencia sin conocer minuciosamente una institución que todo el mundo reconoce como la más poderosa de Guatemala. En consecuencia, el NSA decidió construir una base de datos sobre las unidades y oficiales militares más importantes. Nuestra intención era proporcionar

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