Isla Calero

ISLA CALERO CONFLICTO FRONTERISO.

Nuestro país se ha visto inmerso en un conflicto no deseado a raíz de la invasión de tropas nicaragüenses al territorio costarricense de la Isla Calero. Pese a que ni buscamos el problema, ni lo provocamos, debemos destacar la estrategia seguida por la Cancillería y el Gobierno, en general, para atender esta complicada situación.

Desde el 13 de julio anterior el vicecanciller, Carlos Roverssi, recordó al Gobierno de Daniel Ortega su obligación de reportar efectos ambientales por el dragado en el Río San Juan. El mandatario de ese país se molestó, como ha sido su tónica durante todo el proceso, evadió responsabilidades, lanza falsedades y ataca a Costa Rica, pero no desiste de la invasión ni de los efectos perniciosos de los trabajos que efectúan en este río.

Este diferendo pudo haberse evitado si el régimen de Managua hubiera respetado los límites claramente establecidos desde hace muchas décadas. Ortega no sólo ha optado por la invasión de una isla perteneciente a un país sin ejército, sino que, a falta de argumentos, ha recurrido a maltratar innecesariamente a Costa Rica.

Daños detectados

El 21 de octubre anterior se detectaron los primeros daños que generaron la enérgica protesta de nuestro Gobierno. El dragado desarrollado en el Río San Juan ha provocado serios efectos ambientales que constantemente son monitoreados y reportados.

Da fe de ello, la misma Organización de Estados Americanos (OEA), cuyos representantes, incluido el propio Secretario General, José Manuel Insulza, han sido testigos no sólo de la invasión de las tropas nicaragüenses, sino también de los daños a los humedales, la tala de árboles y los efectos dañinos a los ecosistemas de la zona.

Los daños han sido debidamente documentos; incluso se han presentado vídeos sobre los trabajos en la zona, que sustentan la posición costarricense y advierten de las secuelas que estos trabajos van a tener no sólo para nuestro país, sino también para Nicaragua.

La bandera de la paz

El 22 de octubre, como era de esperar, un grupo de 60 policías costarricenses se trasladó a la zona por orden del Ministro de Seguridad, José María Tijerino. En la Isla Calero, los efectivos izaron la bandera costarricense.

Pero poco después esa bandera fue retirada por los soldados nicaragüenses que invadieron Isla Calero y que han aumentado su presencia en la zona pese a los llamados de la comunidad internacional para retirarse, como una condición para establecer el diálogo entre las partes.

Fiel a su vocación pacifista, nuestro país ha recurrido a la vía diplomática y a los organismos internacionales para detener tanto la invasión de las tropas nicaragüenses, como la destrucción ambiental en nuestro territorio.

Y es que, para un país que decidió abolir el ejército por voluntad propia, la única vía está vinculada al papel que puedan jugar la Organización de Estados Americanos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia de la Haya.

El necesario paso en la OEA

Cuando el 1º de noviembre el Gobierno costarricense decide llevar el caso de la invasión al seno de la Organización de Estados Americanos, se empiezan a dar los pasos correctos en la solución de este diferendo, provocado por el régimen de Managua.

En el seno de la OEA, nuestro embajador, Enrique Castillo, y el canciller Castro, han jugado un papel importante para evitar prácticas dilatorias y lograr pronunciamientos hemisféricos a favor de la posición de Costa Rica.

Primero fueron los embajadores y luego los cancilleres, quienes se pronunciaron a favor de la desocupación y pidieron el diálogo entre las partes, mismo al que nunca ha renunciado nuestro Gobierno, pero exigiendo respeto y el retiro de las tropas nicaragüenses.

Curiosamente, el régimen

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