La Banca Central

Un Banco Central moderno es la institución encargada de crear y controlar la cantidad de dinero que circula en las economías nacionales, actúa como banquero de los demás bancos y es su prestamista en última instancia, maneja las reservas internacionales de los países y usualmente es agente fiscal de los gobiernos. El principal propósito de sus políticas es preservar el poder adquisitivo del dinero y de esa manera contribuir al logro de un crecimiento económico sostenido.

ANTES DEL BANCO DE LA REPUBLICA

A fines del siglo XIX y en las primeras dos décadas del siglo XX en Colombia se hicieron diversos intentos para crear una institución de esa índole, los cuales no fructificaron pues, si bien en lo jurídico la Constitución de 1886 consagró el principio de la soberanía monetaria del Estado, condición fundamental para el surgimiento de la Banca Central, en lo económico y en lo social no fue posible superar las dificultades conceptuales, políticas y operativas que era preciso sortear para que un propósito de esa naturaleza se viese coronado por el éxito.

En 1880, con ocasión de su posesión, el presidente Rafael Núñez esbozó la necesidad de crear un organismo de crédito que sirviera de instrumento al desarrollo nacional. Acorde con esa propuesta la ley 39 de 1880 autorizó al gobierno para establecer el Banco Nacional, ente de capital mixto, que quedó investido para ejecutar operaciones de emisión, descuento, préstamo, giro y depósito, y cuyos billetes serían convertibles por moneda metálica a voluntad de sus tenedores. La poca simpatía que suscitó en el sector bancario privado la creación del Banco Nacional, la escasez de numerario, las dificultades fiscales ordinarias del gobierno y el apremio financiero que para él significó la guerra de 1885, hicieron inviables esos propósitos iniciales. Su capital nunca fue mixto por la renuencia del sector privado a suscribir acciones; con el paso de los años se convirtió solo en una entidad de crédito para el gobierno; a partir del decreto 260 de 1885 se suspendió la convertibilidad del billete en moneda metálica; y en 1886 se le concedió el monopolio de la emisión, un privilegio que hasta entonces compartía con otros bancos privados. Esta disposición cobró especial fuerza cuando la ley 87 de 1886 prescribió el carácter de moneda legal de la República al billete del Banco Nacional, su recibo forzoso en el pago de las rentas y contribuciones públicas, al igual que en las transacciones entre particulares, y prohibió estipular cualquier otra especie monetaria en los contratos.

De la manera descrita el Estado tomó para sí el monopolio de la emisión monetaria. A pesar de ese monopolio y de sus penurias fiscales, los gobiernos de la Regeneración fueron parcos en la emisión de dinero hasta finales de la década de 1890. Lo cual no significa que en el lapso transcurrido desde la fundación del Banco Nacional hasta esa fecha hubiese existido una completa estabilidad monetaria, pues en ese período se produjo una paulatina pérdida del poder adquisitivo del dinero y, como era previsible en ese contexto, cierta inestabilidad de la tasa de cambio al igual que alzas en la tasa de interés.

Debido a un largo, acre y apasionado debate que tuvo lugar en el segundo semestre de 1894, el cual se originó en la ilegalidad manifiesta de muchas de sus emisiones, la ley 70 de ese año ordenó la liquidación del Banco Nacional. Esta norma, en vista de la guerra de 1895, no se cumplió inmediatamente, pues el Banco Nacional solamente vino a desaparecer a principios de 1896. Si bien esta institución no fue en sentido estricto un Banco Central, en la medida en que no era el prestamista al cual en última instancia podían acudir los demás bancos, ni regulaba las reservas monetarias que ellos debían mantener, no cabe duda que constituye un antecedente remoto de las actuales instituciones monetarias colombianas.

Así como en lo cuantitativo la prudencia guió el monto de las emisiones del Banco Nacional, el desorden y el exceso de emisión caracterizaron la política monetaria durante la guerra de los Mil Días (ver Credencial Historia Nº 128, agosto de 2000). En ese lapso, por providencia de multitud de decretos, el gobierno acosado por las necesidades financieras que le imponía la guerra puso a trabajar sin fatiga la Litografía Nacional. En los trece años que van de 1886, cuando se decretó el curso forzoso, a 1899, cuando se inició la guerra, el monto de los billetes en circulación se multiplicó por 10 (al pasar de 4 a 40 millones de pesos). En los tres años y medio transcurridos entre octubre de 1899 y mediados de 1903 los medios de pago se incrementaron casi 21 veces. El resultado, como era de esperar, fue un alza vertiginosa en el nivel de precios que elevó la tasa de inflación a más del 100 % anual, en promedio, entre 1900 y 1903, con una cifra récord del 389 % en 1901.

Terminada la guerra de los Mil Días las autoridades se dieron a la tarea de impulsar un plan de estabilización macroeconómica como parte del cual se estableció, mediante la ley 33 de 1903, una reforma al sistema monetario. En virtud de esta norma se dispuso que el patrón monetario sería el peso oro y se creó la Junta de Amortización que tendría entre sus funciones cambiar billetes por oro, incinerar el papel moneda recibido y fijar el cambio entre la moneda metálica y los billetes. Desde entonces hasta 1923 se expidieron cuatro normas que sucesivamente cambiaron las características de la unidad monetaria buscando, de una u otra manera, establecer un sistema monetario basado en el oro. Dentro de este último propósito el presidente Rafael Reyes decidió en 1905 establecer el Banco Central con funciones de emisión, giro y depósito, de similares características al primigenio Banco Nacional. El Banco Central de Reyes tuvo poco significado y fue de efímera vida pues en 1909 se le suspendió el privilegio de la emisión y, a partir de entonces y hasta su liquidación, cumplió las funciones típicas de un banco privado. Al intento de Reyes para establecer el Banco Central le seguiría el propósito del gobierno de Carlos E. Restrepo, que le otorgó una concesión a la Casa Dreyfus et Cie. para fundar como organismo autónomo, libre de la intervención del Estado, un banco de emisión, giro y descuento con el nombre de Banco de la República, para hacer honor a la coalición republicana, entonces en el poder. El contrato de concesión se sometió al Congreso para su aprobación, en donde la iniciativa fracasó en noviembre de 1913.

Pese a esos tropiezos, la expansión de la economía, merced en buena parte al crecimiento del café, reclamaba la existencia de una institución que proveyese el medio circulante que las circunstancias demandaban. Expresión de esa necesidad fue el hecho de que entre 1905 y 1922, período

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