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Leyes


Enviado por   •  16 de Septiembre de 2014  •  Síntesis  •  2.005 Palabras (9 Páginas)  •  200 Visitas

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En Colombia

Llevada al caso de la realidad colombiana, la teoría planteada por Lasalle nunca ha visto su satisfactoria realización. Nuestra historia se ha visto marcada por el constante legalismo, por las reiteradas constituciones partidistas e ideológicas, y por la segregación de algunos de los factores reales de nuestra nación, por parte de otro más fuerte en un momento determinado.

Desde la formación del Estado de la Gran Colombia, pasando por la Nueva Granada y terminando por la República de Colombia, nuestra historia parece estar escrita en la ley, las dificultades que enfrenta nuestra sociedad han sido “subsanadas” a través de una tendencia reiterada a la legislación y a la creación de constituciones y normatividades. Estas actitudes son producto del legado del pensamiento Santanderista, en momentos en los que apenas se formalizaba el nacimiento de un nuevo e incipiente Estado (Gran Colombia), en el cual la ley aparecía como el método más efectivo para garantizar la organización de la sociedad.

Para estas épocas era difícil pensar en un acercamiento con el pueblo raso, o tomar en cuenta los factores que definían a esta población como una verdadera nación, por lo que en un principio el objetivo primordial era alcanzar la consolidación del naciente poder, lo que más tarde se terminaría deformando en una lucha de caudillos o partidos con el afán de consolidarse uno sobre el otro, como lo señalan Safford y Palacios en su obra (2002).

A lo sumo, el control del territorio nacional ha sido más que un reto a través de la historia Colombiana, la imposibilidad de ejercer un dominio real sobre el marco en el que se gestan las relaciones sociales del Estado, hacía más complicado que se integraran todos los factores reales de poder que conviven en este contexto determinado. Territorios como Casanare, Vaupés, Guainía, Guaviare han contado con muy poca participación y dominio territorial por parte del Estado, pasando a convertirse en focos guerrilleros y lugares propicios para el establecimiento de para-estados. Son muchos los municipios nacionales que no cuentan con una participación estatal diferente de la prestada por el ejército, quedando sujetos a la dominación de poderes diferentes o contrarios a las finalidades del Estado.

Tan arraigada es esta costumbre, que fue de un lugar como éste que partió la campaña libertadora de 1819. Patiño (2010) señala en su libro que la dificultad institucional estaba parcialmente justificada en el desinterés de llevar acabo un control efectivo sobre las diferentes regiones nacionales, impidiendo por añadidura la recaudación de impuestos y la centralización de decisiones. Producto de estas tendencias al legalismo aparecen las ocho constituciones nacionales, las cerca de 16 reformas a la carta de 1886, y las múltiples asambleas fallidas convocadas para consolidar los sistemas de dominación de algún factor sobre otro.

Pareciese que nuestra historia girara alrededor de constantes guerras, la aparición de un ganador y la consolidación de su victoria a través de una norma escrita. La constitución de 1832 elimina por completo a los Bolivarianos; por su parte, en 1863 se expide una constitución netamente liberal, para concluir en 1886 con el contraste de una carta magna salida de las mentes más conservadoras del país. Nuestro sistema bipartidista se convirtió en un sistema de partido dominante, donde el partido vencedor en las elecciones se empeñaba en dejar por fuera de la participación a la otra colectividad, o bien, se encargaba de impedir la entrada de un nuevo movimiento y el paso a un sistema multipartidista. Tan reiterativa es esta tendencia que, con la aparición del Frente Nacional para el año 1958, se excluye a los movimientos de izquierda que afloraban en el país.

Pero no sólo han sido los partidos políticos las víctimas de esta constante confrontación y eliminación de los factores reales de poder, la iglesia fue totalmente excluida en 1863 tras múltiples intentos de hacerlo. Los Jesuitas fueron la mayor muestra de la opresión con sus constantes destierros por parte de los gobiernos más liberales, por no decir los pueblos indígenas, que sólo vienen a ser tenidos en cuenta para la Constitución de 1991, o las mujeres que no tuvieron ciudadanía hasta 1945 y derecho al voto hasta las reformas del gobierno de Rojas Pinilla.

Este dilema de la integración ha llevado a que los factores relegados busquen salidas diferentes a las ofrecidas dentro del sistema. Muchos han sido los ejemplos en los que se manifiesta esta intención de llegar a ser escuchados, comenzando por los partidos ad hoc[2] que se formaban en momentos culminantes de la historia para generar la salida del poder del partido de turno en el gobierno, pasando por los golpes de Estado como el de José María Melo o el del General Rojas Pinilla y terminando por los grupos guerrilleros que germinaron en la década de los sesentas bajo la influencia de la revolución cubana y la excusa de la restrictiva democracia que se practicaba en el país.

Un fenómeno más actual es la abstención electoral, que responde a una voluntad popular para despreciar su derecho al voto justificándose en la poca efectividad que tiene la democracia colombiana, rechazando la integración que supone debe predicar. Los niveles de abstencionismo electoral en el país son reflejo de un problema de legitimidad del sistema, los ciudadanos parecen no estar convencidos de las estructuras de poder en las que se desarrolla nuestra democracia y prefieren ser indiferentes a ellas. Quizás, el problema no se encuentre en el disgusto que tienen los ciudadanos, sino más bien en que el método elegido por éstos para expresarlo no debilitará nunca el orden constitucional, puesto que a éste le basta con un contado número de votantes del censo electoral para alcanzar los niveles de legalidad necesarios.

Una solución más efectiva es la contemplada dentro de los mismos rangos legales, donde se estipula que el voto en blanco aparecerá como mecanismo de protesta o de desaprobación hacia los candidatos. Al aparecer enmarcado dentro de las oportunidades legales, el voto en blanco se convierte en un mecanismo legítimo para canalizar el descontento, obligando a la repetición de las elecciones en caso que en éstas

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